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  • El anuncio del Presidente del Gobierno en funciones de que reducirá las peonadas necesarias para acceder al subsidio o renta agraria en caso de que EEUU aplique los aranceles debe complementarse con medidas dirigidas a erradicar el fraude agrario y a dignificar el sector

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT considera insuficiente el anuncio realizado por el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para el caso de que EEUU cumpla su amenaza y aplique aranceles a productos españoles, fundamentalmente del sector agrario y agroalimentario. Para UGT FICA, la reducción de las jornadas necesarias para acceder tanto al subsidio como a la renta agraria, aun siendo positiva, es claramente insuficiente para atajar las consecuencias del atropello arancelario anunciado por el presidente Trump, que además, van a afectar a los trabajadores y trabajadoras agrarios de todo el país, no sólo de Andalucía y Extremadura.

Por ello, el secretario sectorial Agrario y de Manipulado Hortofrutícola de UGT FICA, Emilio Terrón, reclama al Gobierno en funciones que acometa las medidas necesarias para acabar con las bolsas de fraude que afectan a los trabajadores y trabajadoras del sector y para dignificar el empleo agrario. "Ya es hora de que se actualice la normativa agraria y se ponga orden en el sector erradicando abusos como el de no respetar los convenios pactados y firmados con la patronal, negarse a firmar contratos de trabajo, establecer jornadas laborales interminables, obligar a realizar horas extra que ni se pagan ni se declaran, o no declarar todas las jornadas que realmente se trabajan". Estas actuaciones, además de fraudulentas, suponen mermas importantes en las arcas de la Tesorería General de la Seguridad Social, y repercuten en las prestaciones a las que tendrían derecho los trabajadoras y trabajadores afectados, como desempleo, IT, maternidad, paternidad, etc.

Paralelamente, UGT FICA aboga por la modificación urgente de la ley que regula las altas y bajas de la Seguridad Social y por el desarrollo definitivo de la Ley de Integración de los Trabajadores del Campo en el Régimen General, que fue aprobada en 2012 y que hasta la fecha no está plenamente desarrollada.

"Ya va siendo hora de que los trabajadores del campo dejen de ser considerados trabajadores de segunda fila y puedan trabajar con condiciones similares a los del resto de sectores económicos", señala Terrón, para quien es necesaria la colaboración de todos los actores implicados en el sector (patronales, sindicatos, empresarios y administraciones públicas) para "acabar de una vez por todas con las enormes bolsas de precariedad que impiden el avance sociolaboral en el campo español".