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  • La Federación recuerda a las asociaciones agrarias que el problema de la falta de trabajadores es consecuencia de las pésimas condiciones laborales

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT vuelve a reclamar al Gobierno que aborde una legislación clara para acabar con las irregularidades que siguen produciéndose en el sector agrario y que están en el origen, junto a las pésimas condiciones laborales, de la cada vez mayor desafección de los trabajadores hacia un sector básico para  nuestra economía.

Aunque desde la asociaciones agrarias insisten en que faltan trabajadores y trabajadoras para hacer frente a las campañas actuales, UGT FICA considera un insulto a la inteligencia que intenten vincular la escasez de mano de obra con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, como si los temporeros prefirieran percibir un salario de 462 euros a trabajar por un salario digno, o que señalen a esta falta de trabajadores como la culpable de la subida en los precios de los alimentos.

Es lamentable que desde las asociaciones agrarias se siga cuantificando en 25.000 los puestos de trabajo que necesita el sector y nadie sepa para qué explotaciones se necesitan ni para qué campañas específicas.

Hay que recordar que para que los temporeros y temporeras puedan trabajar y cobrar las prestaciones las empresas están obligadas a reclamarlos a través de las oficinas públicas de empleo para que estas, a su vez, les proporcionen a aquellos trabajadores y trabajadoras que necesitan y reúnen los requisitos. Sin embargo, estas reclamaciones de temporeros no se están produciendo en la mayoría de los casos, lo que significa que, o ya tiene cubiertos los puestos de trabajo, o no los necesitan realmente. Esta escasez en reclamar trabajadores está repercutiendo negativamente en los temporeros, que podrían beneficiarse del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, de medidas urgentes en materia de empleo agrario, que permite compatibilizar el cobro de las prestaciones con un salario hasta finales de julio (derecho ampliable posiblemente hasta el mes de septiembre).

El problema de la falta de interés de los trabajadores y trabajadoras por sector agrario tiene que ver, a juicio del secretario sectorial Agrario y de Manipulado Hortofrutícola de UGT FICA, Emilio Terrón, “con los bajos salarios, unas condiciones laborales precarias, el carácter estacional del empleo, y una climatología que no siempre acompaña, como bien saben las asociaciones agrarias”. Además, la legislación laboral de nuestro país “tampoco favorece el desarrollo de esta actividad ya que el sector no cuenta con un convenio colectivo de carácter estatal que homogeneice y asegure unas condiciones laborales mínimas para todos los trabajadores agrarios”. Los empresarios “tampoco ayudan mucho en esta labor porque los incumplimientos de los convenios provinciales firmados por parte de las patronales agrarias son reiterados, y algunas todavía se niegan a aplicar el Salario Mínimo Interprofesional a sus trabajadores a pesar de ser de obligado cumplimiento”. De hecho, la patronal ASAJA presentó un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto-ley que fijó el Salario Mínimo Interprofesional en 900 euros en el año 2019, y al parecer ha presentado otro recurso contra la subida del SMI de 2020, todo ello con la idea de no pagar en el año 2020 salarios de 950 euros mensuales.

200612 jornalerosIgualmente, para Emilio Terrón “es necesario acabar con el fraude en la declaración de las jornadas realmente trabajadas, ya que se trabajan 20 días y sólo se declaran 3, o con la contratación de temporeros a través de empresas de servicios sobre las que no existe un control riguroso”. Todo ello hace que los trabajadores y trabajadoras agrarios no quieren seguir en el campo y es por ello que algunas asociaciones empresariales reclaman trabajadores extranjeros, incluso fletando aviones, ya que los migrantes, son más vulnerables a los fraudes.

Para Emilio Terrón, el Gobierno está obligado a legislar y hacer cambios normativos que regulen la cotización de las peonadas, a aumentar la dotación de la Inspección de Trabajo para perseguir las prácticas abusivas, y hacer efectiva de una vez por todas la integración de los trabajadores agrarios en el régimen general. “No podemos seguir aceptando leyes de más de 40 años y permitiendo irregularidades diarias, y más cuando se tiene perfecto conocimiento de ello”.

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