UGAMA reclama a la Comunidad de Madrid medidas urgentes de protección a la ganadería extensiva para evitar la extinción de la misma.
Por un lado, desde la organización agraria se señala como la presencia del lobo es cada día más evidente. Los ataques a la cabaña ganadera de las sierras norte y noroeste se repiten prácticamente de manera semanal llegándose incluso a producirse un atropello de un ejemplar de gran tamaño en la localidad de Guadarrama.
A estas incursiones se suman los ataques de los buitres que se dan tras los partos de vacas con el resultado de chotos muertos y daños prácticamente incurables en las madres.
[[{«fid»:»18255″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:720,»width»:1280,»style»:»width: 400px; height: 225px; border-width: 5px; border-style: solid; margin: 7px; float: left;»,»class»:»media-element file-media-original»}}]]La eliminación de ayudas de compensación de zonas desfavorecidas de alta montaña, hace prácticamente inviable una ganadería que es altamente respetuosa con el medio ambiente y mantiene los montes limpios evitando los posibles incendios estivales. A su vez, la supresión de las ayudas a la cofinanciación de la infraestructura rural (valorada en 2.416 millones de euros) que contempla el PDR evita que los ganaderos puedan hacer frente al gasto derivado del vallado u otras medidas protectoras en sus fincas con el fin de protegerlas o delimitarlas.
Así mismo, la decisión política de suprimir las ayudas a los seguros agrarios en la Comunidad de Madrid, ha resultado, señalan desde UGAMA, muy perjudicial para el sector agrario provocando una bajada del contrato de pólizas, con la consiguiente incertidumbre que provoca en los ganaderos la menor cobertura de sus explotaciones.
En el ámbito rural de la Comunidad de Madrid, se producen una media de 4,5 robos diarios de los que se llegan a esclarecer el 10%. El aumento de la delincuencia en el ámbito rural y la impunidad de los mismos tiene al sector ganadero muy preocupados, los robos producen grandes perjuicios económicos en explotaciones que precariamente pueden hacer frente los gastos que conllevan las reparaciones de desperfectos, reposiciones de material y sobre todo al impacto emocional que implica el maltrato al que se ven sometidos los animales, que en los casos más extremos, han llegado a ser sacrificados y despiezados por manos expertas en las mismas explotaciones, sin que las administraciones muestren ningún tipo de interés.
Otro punto a tener en cuenta es que la Comunidad de Madrid ha evolucionado mucho en los últimos 70 años produciéndose una paulatina edificación y pérdida de la actividad agraria que pone en claro riesgo su continuidad; la presencia cada vez más acusada de excursionistas que por dejadez o desidia no respetan ni la propiedad privada ni la pública y provocan desperfectos a los que tienen que hacer frente los propietarios de las fincas.
