UCCL solicita a la Junta de Castilla y León que proceda a realizar de oficio las correcciones oportunas para adaptarse a la nueva definición de pastos que contempla el Reglamento Omnibus, para que tenga efecto práctico entre los ganaderos de la comunidad autónoma y aumente la superficie considerada como admisibles en los pastos.
El perjuicio a los profesionales agrarios ya fue realizado el primer año de aplicación de la PAC en 2015, cuando los ganaderos recibieron la asignación de los derechos de pago básico en función de los criterios del CAP, que supuso una reducción considerable tanto de la superficie admisible como de los derechos admisibles.
Además, en el caso de las dehesas, aseguran en un comunicado de prensa, a estas zonas en 2015 se redujeron su superficie porque consideraban que las copas de los árboles, una parte fundamental del bosque mediterráneo, no era pastable y por tanto el número de derechos de pastos asignados fue menor.
