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La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) pide, tras la luz verde a la aprobación de los Reglamentos que regularán la futura PAC a partir de 2023, transparencia y advierte que es el momento para definir un Plan Estratégico de España para la PAC a partir de 2023 que se centre en los verdaderos agricultores y ganaderos a título principal.

Los Reglamentos que regulan la futura PAC, dan una mayor libertad y flexibilidad a los estados miembros, fundamental para hacer una PAC que se ajuste a las necesidades de España.

La Unión de Campesinos de Castilla y León considera que es una gran oportunidad para que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ajustándose a los objetivos marcados en los Reglamentos, defina una Política Agraria Comunitaria que proteja a los productores de alimentos de calidad que viven exclusivamente de esta actividad, generadores de riqueza en el medio rural, y que, además, contribuyen realmente a la formación del tejido empresarial.

Se debe hacer una priorización a quienes tienen como únicos ingresos los de la actividad agraria, así como a quienes realizan está actividad como actividad principal, ya que son los que más lo necesitan. Según los últimos datos del FEGA, en el 2020 en España recibieron las ayudas directas de la PAC 656.515 beneficiarios, de los cuales 445.506 recibieron 5.000 euros o menos. Según la actual definición de agricultor activo, el 67,68% de los perceptores actuales recibirían ayudas PAC sin necesidad de cotizar a la Seguridad Social Agraria, es decir, sin ser agricultores y ganaderos, algo que desde esta organización agraria no comparte.

Para UCCL esto no tendría sentido, ya que las ayudas directas de la PAC deben destinarse realmente a quien más las necesita, que son los agricultores y ganaderos a título principal que cotizan a la Seguridad Social agraria y que viven de ello.

Igualmente la mayor ambición ambiental, donde el 25% de los fondos del primer pilar se destine a medidas medioambientales y climáticas, como los ecoesquemas, van a suponer mayores costes a los agricultores, suponiendo una pérdida de competitividad para los profesionales agrarios de España. UCCL exige que se respeten los principios de reciprocidad y no se permita la entrada de producciones que no cumplan las mismas normas y exigencias que nos piden desde la Unión Europea.

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