UCCL mantuvo hoy que la Junta tiene que replantearse su posición, negociar con el sector ganadero y reconocer su derecho a realizar contraanálisis en las campaña de saneamiento o de lo contrario se verán obligados a salir a la calle para que se haga justicia, tal y como les reconoce una sentencia dada a conocer ayer mismo. «Si tenemos que salir a la calle, no lo dudaremos», aseveró el secretario regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín.
«Nos podemos cargar la cabaña ganadera por la cerrazón de los políticos. Ya está bien», reiteró González Palacín. Así de satisfechos se mostraron los responsables de la organización tras conocer la sentencia que les reconoce el derecho a llevar a cabo las pruebas de contraanálisis en los casos de ganado que dan positivo en las campañas de saneamiento que lleva a cabo la Junta de Castilla y León y que supone que «entre el 70 y el 80%» de las vacas sacrificadas fueran falsos positivos, tal y como lo han demostrado los cultivos realizados 'post mortem', en palabras del responsable de Ganadería de UCCL, Rafael de Frutos.
Sin embargo, no pudieron traducir este porcentaje en la cifra de animales sacrificados porque, según indicaron, son unos datos que la Junta no facilita, ya que solo contabiliza el número de explotaciones en las que se registran positivos. «Es lamentable porque es el mayor problema de la ganadería extensiva», apreció González Palacín.
Para UCCL, hay «un antes y un después» de esta sentencia, que tiene que obligar a los responsables políticos a sentarse a negociar para que los ganaderos puedan ejercitar su legítimo derecho. Además, argumentaron que se lleva 25 años matando vacas y hay sitios donde se mantienen unos índices de prevalencia. En concreto, la tuberculosis no se puede erradicar en las zonas en las que conviven con corzos y gamos porque «ahí hay siempre».
En este sentido, denunciaron el «abuso» de la Junta de Castilla y León, a la que acusaron de aprovecharse de una «posición dominante» y de «no ser nunca receptiva» ante las peticiones de los ganaderos de la región. «Tenemos que hacer presión con la ley de nuestra parte para que esto cambie», añadió Rafael de Frutos. «Las vacas no son nuestras. Son de la Junta. Nosotros solo las damos de comer», resumió.
Plan de Desarrollo Rural
Por otra parte, el secretario regional de la organización agraria exigió a la Junta de Castilla y León que desembolse las cantidades que debe del Plan de Desarrollo Rural , que supone entre todas las administraciones una deuda con los agricultores de Castilla y León de 150 millones de euros. De ellos, 30 del ejercicio 2012 y 120, de 2013. «Todavía no sabemos cuándo vamos a cobrar», recordó Jesús Manuel González Palacín.
Y explicó el perjuicio económico que se ha causado a muchos agricultores jóvenes que han pedido financiación para llevar a cabo inversiones importantes y todavía no han recibido el dinero. «La voluntad política cuando hay que pagar no llega», matizó.
También recordó que el organismo pagador es la Junta de Castilla y León y es el que tiene que resolver el problema de los pagos pendientes con el Ministerio y no tiene que meter a los agricultores en esa «guerra», porque hay mucho dinero en juego ya que cada euros de la Junta son tres de inversión pública. Al tiempo, que alertó de que 2014 «va a pasar en blanco» como la situación de inacción se mantenga. «Esta es la estrategia de la Consejería para hacer caja», lamentó.
