La Unión de Campesinos de Segovia-UCCL ha denunciado públicamente la campaña de inspecciones iniciada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones, por considerarla una actuación injustificada, opaca y profundamente lesiva para los agricultores titulares de pozos de riego. La organización agraria califica la iniciativa de “campaña de acoso”, por la forma en que se están gestionando las comunicaciones y las exigencias impuestas a los regantes.
Cartas sin información técnica ni soporte legal suficiente
En los últimos días, numerosos agricultores de la provincia de Segovia han recibido cartas de la Consejería en las que se les notifica que sus pozos no cumplen con las condiciones de seguridad necesarias para evitar el ahogamiento de fauna silvestre, instándoles a realizar mejoras en un plazo de cuatro meses. El gran problema, según denuncia la Unión de Campesinos, es que estas notificaciones no especifican en ningún momento qué medidas concretas deben adoptarse, generando incertidumbre, malestar y una sensación de indefensión jurídica entre los afectados.
La única referencia legal que se incluye en los requerimientos es una mención genérica al artículo 54.2 de la Ley 26/2007, relativo a la responsabilidad medioambiental, que no especifica qué condiciones técnicas deben cumplir las infraestructuras hidráulicas para garantizar la seguridad de la fauna. Para los regantes, se trata de una ambigüedad inaceptable, especialmente cuando las consecuencias pueden implicar expedientes sancionadores o incluso la calificación de delito ambiental.
Inspecciones sin aviso ni consulta previa al sector
Otro de los elementos más criticados es el hecho de que la campaña de inspecciones se ha iniciado “motu proprio”, sin ningún tipo de información previa ni diálogo con los afectados. Desde UCCL Segovia se subraya que esta forma de proceder rompe cualquier lógica de cooperación entre la administración y el sector agrario. La organización considera que, tratándose de un asunto que afecta directamente a las condiciones de explotación de cientos de regantes, lo lógico hubiera sido consensuar previamente unos criterios técnicos comunes, claros y razonables, para garantizar que todos los titulares de pozos sepan cómo actuar y en qué plazos.
Casos de agricultores con pozos correctamente protegidos también reciben sanciones
La falta de criterios objetivos está generando situaciones tan paradójicas como que algunos agricultores que ya disponen de vallados perimetrales sólidos, con alturas superiores al metro o incluso al metro y medio, estén recibiendo los mismos requerimientos que otros cuyos pozos no tienen ningún tipo de protección. “No se nos dice si el problema es el tipo de material, la altura exacta o la forma del vallado. No hay una referencia normativa clara”, señalan desde la UCCL, lo que hace pensar que las inspecciones están basadas en valoraciones subjetivas del personal técnico, sin ninguna homogeneidad ni transparencia.
UCCL Segovia exige diálogo, criterios técnicos consensuados y plazos razonables
Ante esta situación, la Unión de Campesinos de Segovia-UCCL ha enviado un escrito formal al consejero de Medio Ambiente, solicitando que se definan con claridad cuáles son las medidas mínimas exigibles en cada caso, y que se establezca un plazo razonable para su implantación, sin necesidad de que los funcionarios tengan que visitar finca por finca para emitir valoraciones que “en muchos casos equivalen a palos de ciego”.
Desde la organización se defiende que la protección de la fauna silvestre es compatible con el desarrollo de la actividad agrícola, pero para ello es imprescindible que la administración proporcione información clara, concreta y adaptada a las realidades del campo. No se puede legislar por sorpresa ni aplicar el criterio del funcionario de turno como si fuese ley.
Preocupación creciente entre los regantes segovianos
El malestar en el campo segoviano es palpable. Muchos agricultores se sienten señalados y criminalizados sin justificación técnica, lo que añade una nueva carga administrativa y emocional a un colectivo ya tensionado por las dificultades económicas, los requisitos de la PAC, los precios en origen o la presión sobre el uso del agua.
UCCL Segovia advierte que, si no se produce un cambio en la actitud de la Consejería, la organización no descarta movilizaciones o acciones legales. En palabras de su presidente, César Acebes Soto, “no se puede gestionar el territorio rural desde los despachos, ni tratar a los agricultores como si fueran una amenaza para el medio ambiente. El verdadero reto es trabajar juntos para preservar la biodiversidad sin arruinar a quienes la cuidan a diario”.
Un conflicto que puede extenderse a otras provincias
Aunque el foco actual está en la provincia de Segovia, desde la UCCL no se descarta que este tipo de actuaciones pueda extenderse a otras provincias de Castilla y León, generando una escalada de tensión innecesaria entre los regantes y la administración. Por ello, hacen un llamamiento al conjunto del sector agrario y a otras organizaciones profesionales para que se sumen a la exigencia de transparencia, participación y proporcionalidad en la aplicación de las normativas medioambientales.
La defensa del campo y del medio ambiente no son opuestas
UCCL concluye su comunicado recordando que los agricultores son los primeros interesados en preservar los recursos naturales, pero necesitan un marco normativo justo, viable y coherente. La solución no pasa por inspecciones arbitrarias ni por amenazas veladas, sino por el trabajo conjunto, la formación, la claridad en las exigencias técnicas y la adecuación de los plazos y medios a la realidad de cada explotación.
