La actual campaña citrícola en la Comunitat Valenciana atraviesa uno de sus momentos más delicados, marcada por prácticas contractuales que, según denuncia LA UNIÓ Llauradora, están provocando pérdidas totales para miles de citricultores. La organización agraria alerta de incumplimientos sistemáticos en los contratos de compraventa de cítricos derivados de una trampa legal: la no fijación obligatoria de una fecha de recolección por parte del comercio privado. Un vacío normativo que, lejos de ser anecdótico, se ha convertido en una práctica generalizada que deja al agricultor completamente desprotegido.
El comunicado de prensa dice que este problema se ha intensificado de forma notable en la presente campaña, especialmente en las variedades de clementinas y mandarinas tempranas, que deberían haberse recolectado antes del 15 de diciembre. Sin embargo, a fecha avanzada de la campaña, una parte significativa de esta fruta sigue en el árbol sin que los compradores ejecuten la recolección pactada en los contratos firmados.
Una práctica reiterada cuando el mercado no acompaña
Según asegura la organización, no se trata de un hecho puntual ni de una anomalía excepcional. Es una práctica reiterada año tras año que se acentúa cuando los operadores comerciales no encuentran salida a su mercancía. En estas situaciones, el comprador opta por no recolectar la fruta contratada, dejando pasar deliberadamente el tiempo hasta que el producto pierde calidad comercial.
Una vez la fruta se deteriora en el árbol, el operador justifica su decisión alegando que “no está en condiciones”, lo que le permite reducir las cantidades inicialmente compradas o incluso anular completamente la operación. Todo ello pese a existir un contrato firmado, que en teoría debería garantizar la recolección y el pago del producto en condiciones pactadas.
El resultado es devastador: el agricultor asume en solitario todas las pérdidas mientras el comprador elude su responsabilidad contractual sin consecuencias reales.
Llamamiento directo a los citricultores
Ante esta situación, LA UNIÓ hace un llamamiento expreso a los citricultores para que no normalicen estas prácticas abusivas. La organización pide que se denuncien los incumplimientos, se aporten los contratos firmados y se recopilen pruebas que permitan evidenciar la falta de recolección deliberada.
El comunicado de prensa asegura que aceptar estas situaciones como algo “normal” supone poner en riesgo la viabilidad futura del sector citrícola valenciano, ya de por sí presionado por los bajos precios, el aumento de los costes de producción y la competencia exterior.
Un vacío legal en la Ley de la Cadena Alimentaria
El núcleo del problema, según denuncia la organización agraria, reside en un grave vacío legal de la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. En la actualidad, esta normativa no obliga a que los contratos agroalimentarios incluyan una fecha final de recolección de forma expresa y obligatoria.
En la práctica, los modelos de contrato utilizados por la parte compradora omiten este elemento clave. Cuando aparece, lo hace de forma residual en un apartado de observaciones, sin carácter vinculante ni exigible. Esta situación deja al agricultor en una clara posición de indefensión jurídica.
De este modo, el comprador no comunica formalmente su renuncia a recolectar la fruta. Simplemente deja pasar el tiempo, incumpliendo el espíritu del contrato, cuya finalidad no es otra que la recolección del producto en condiciones óptimas de calidad y aptitud comercial.
Pérdidas del 100 % y costes asumidos por el agricultor
Las consecuencias económicas para el citricultor son extremas. En los casos de no recolección, las pérdidas alcanzan el 100 % de la producción contratada, sin ningún tipo de compensación. Además, el agricultor debe asumir todos los costes asociados: tratamientos fitosanitarios, mantenimiento del cultivo, gestión de la fruta deteriorada y daños indirectos sobre el arbolado.
Todo ello se produce sin que exista una penalización efectiva para el comprador que incumple el contrato mediante retrasos deliberados, lo que genera una clara asimetría de poder dentro de la cadena alimentaria.
Exigencias claras al Ministerio y a la AICA
Ante este escenario, LA UNIÓ exige una modificación urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria para que sea obligatoria la inclusión de una fecha límite de recolección en los contratos agroalimentarios. Además, reclama la prohibición expresa de las comisiones de intermediación ficticias, aquellas que no responden a una mediación real, independiente y efectiva.
La organización también solicita sanciones más severas para los compradores que utilicen el retraso deliberado como mecanismo para eludir sus compromisos contractuales.
En paralelo, el comunicado de prensa pide una actuación de oficio por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que investigue estas prácticas y abra los expedientes sancionadores correspondientes. Asimismo, insta al Ministerio de Agricultura a asumir su responsabilidad y cerrar de una vez los vacíos legales que permiten estos abusos.
Una propuesta concreta de modificación legal
En este sentido, LA UNIÓ solicita que se añada una nueva letra al artículo 9.1 de la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. La propuesta concreta establece que los contratos deben incluir obligatoriamente “la fecha o, en su caso, el plazo máximo e improrrogable de recolección del producto objeto del contrato, cuando se trate de productos agrícolas cuya calidad o aptitud comercial dependa del momento de recolección”.
Este artículo es considerado el núcleo duro de la ley en materia contractual. Si la fecha de recolección no forma parte del contenido mínimo obligatorio, no puede exigirse su inclusión, no puede sancionarse su ausencia y el agricultor queda completamente desprotegido, tal y como ocurre en la actualidad.
Una advertencia clara desde la organización agraria
“La firma de un contrato no puede convertirse en papel mojado cuando el mercado no acompaña”, advierte Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ. Según señala, el comprador no puede decidir de forma unilateral si cumple o no, dejando que la fruta se pierda en el árbol y trasladando todas las pérdidas al agricultor, que es el eslabón más débil de la cadena.
La denuncia de LA UNIÓ Llauradora vuelve a poner el foco sobre las debilidades estructurales del sistema de contratación agroalimentaria y sobre la necesidad urgente de reforzar la protección legal de los productores. Sin una reforma efectiva, la campaña citrícola valenciana seguirá marcada por la incertidumbre, el desequilibrio contractual y la pérdida progresiva de rentabilidad para quienes sostienen el campo.
