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El campo ha dicho basta. Con una contundencia visual y simbólica pocas veces vista, alrededor de 700 de tractores —según la Subdelegación del Gobierno, cerca de un millar según los organizadores— han tomado este jueves las calles de Valladolid para escenificar el hartazgo del sector agrario y ganadero. La protesta se enmarca en el denominado “súper jueves”, una jornada de movilización promovida por las organizaciones profesionales agrarias en unidad de acción contra los recortes previstos en la próxima Política Agrícola Común (PAC) y contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, firmado el pasado 17 de enero.
La imagen de los tractores avanzando lentamente por el centro urbano, bajo una lluvia persistente y entre retenciones inevitables, ha vuelto a poner en primer plano una reivindicación que el sector considera existencial: la defensa del mundo rural, de la producción agraria europea y de unas reglas del juego justas frente a la competencia exterior.
Una marcha unificada desde el estadio José Zorrilla hasta el corazón de la ciudad
La caravana de tractores ha partido desde el aparcamiento del Estadio José Zorrilla, con cerca de una hora de retraso sobre el horario previsto, en torno a las 11.00 horas. Hasta ese punto se habían desplazado vehículos agrícolas procedentes de numerosos municipios de la provincia, reflejando el carácter transversal de la protesta y la implicación de agricultores y ganaderos de distintos subsectores.
Desde el inicio, la movilización ha estado marcada por una fuerte carga simbólica y política. Las pancartas, visibles a lo largo de todo el recorrido, lanzaban mensajes directos y sin ambages:
- “Tu salud está en peligro. No a Mercosur”,
- “Matáis al campo”,
- “Hoy pan y circo, mañana lamentos y hambre. Levántate y lucha”.
Junto a ellas, ‘peleles’ vestidos con monos de trabajo mostraban los rostros de dirigentes políticos de primer nivel, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Agricultura, Luis Planas; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; o el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sin olvidar a la anterior responsable del Ministerio de Medio Ambiente, hoy Comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera. Un gesto que evidencia el desencanto generalizado del sector con todas las administraciones, sin distinción de siglas.
Primera parada: la Consejería de Agricultura, epicentro del malestar
La primera gran parada de la marcha tuvo lugar frente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, donde los portavoces de las organizaciones agrarias hicieron públicas sus denuncias ante los medios de comunicación.
El presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, resumió el espíritu de la jornada con una frase que fue coreada por muchos de los asistentes: “Unidos somos más fuertes, juntos somos más y si luchamos podemos perder, pero si no lo hacemos estamos perdidos”.
Aguilera insistió en que el sector primario está siendo sistemáticamente ignorado en la toma de decisiones estratégicas y alertó del impacto que acuerdos como el de Mercosur pueden tener sobre una comunidad especialmente dependiente de la agricultura y la ganadería como Castilla y León.
Mercosur, el epicentro del conflicto político y económico
Uno de los discursos más duros fue el del presidente provincial de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Valentín García, quien subrayó la gravedad del momento:
“El problema es serio”.
García recordó que el Parlamento Europeo llegó a frenar el acuerdo con Mercosur y a remitirlo al Tribunal de Justicia, pero denunció que, “para vergüenza nuestra”, los eurodiputados del PP y del PSOE votaron en contra de esa paralización. “Tengo envidia sana de los compañeros franceses, que han conseguido que parlamentarios de todo el arco político, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, votaran unidos para impedir que saliera adelante”, afirmó.
Estas palabras reflejan uno de los ejes centrales de la protesta: la sensación de abandono del campo español frente a otros países europeos que sí protegen de forma activa a sus productores.
Asaja, COAG y la llamada a mantener la presión
Desde Asaja, su responsable provincial, Juan Ramón Alonso, puso el acento en la unidad de acción demostrada por el sector:
“Es el campo de Valladolid, de Castilla y León y de toda España el que está hoy aquí”.
Alonso llamó a mantener la presión y anunció su presencia en la gran movilización prevista para el 11 de febrero en Madrid, una fecha que se perfila como clave en el calendario de protestas agrarias. También lamentó el apoyo de 39 eurodiputados del PP al acuerdo, “un partido que se dice del campo”, según sus palabras.
Por su parte, el presidente de COAG Valladolid, David Garrido, quiso matizar la posición del sector: “No estamos en contra del libre comercio, pero sí exigimos igualdad de normativa”.
Garrido enumeró las profundas diferencias que, a su juicio, hacen inviable una competencia justa con los países de Mercosur:
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Normativa de bienestar animal mucho menos exigente.
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Reglas fitosanitarias diferentes.
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Condiciones laborales muy alejadas de los estándares europeos.
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Menores exigencias en materia de emisiones.
A todo ello añadió dos problemas estructurales que amenazan el futuro del campo: la crisis del cereal y la falta de relevo generacional. “Nos están echando del campo”, concluyó.
“Es catastrófico para Castilla y León”
El tono se endureció aún más con la intervención de Miguel Ángel Aguilera, quien calificó las consecuencias del acuerdo de Mercosur como “lamentables y catastróficas”, especialmente para una región con fuerte peso del sector primario.
“Tenemos que seguir presionando, seguir en la calle. No vamos a parar, porque hay que salvar el mundo rural, la agricultura, la ganadería y la pesca”, afirmó, apelando a la movilización sostenida como única vía para provocar cambios reales.
En la misma línea se expresó Carlos Duque, portavoz de Unión por el Campo, quien definió la jornada como “un día grande” y anticipó que el 11 de febrero en Madrid se dará “la puntilla”. Duque acusó directamente a dirigentes del PP y del PSOE de “vender al campo” y lanzó una de las frases más contundentes de la protesta: “Son unos falsos todos. Nos venden en España, en Castilla y León y en Europa”.
Además, introdujo un argumento que conecta la protesta agraria con la salud pública, denunciando la entrada de productos de fuera de la UE que, según afirmó, no cumplen los mismos estándares y pueden resultar perjudiciales para los consumidores.
Documentos, reivindicaciones y un recorrido bajo la lluvia
Tras la parada en la Consejería, la marcha continuó hacia la Subdelegación del Gobierno, donde, al igual que en el primer punto, se registró un documento con las reivindicaciones que las organizaciones agrarias trasladan a las distintas administraciones.
El recorrido prosiguió por las principales vías del centro de Valladolid, con la cabecera alcanzando la Plaza de Zorrilla y generando las retenciones previstas. La lluvia no frenó a los participantes, que mantuvieron la protesta durante toda la jornada.
Según el horario facilitado por la organización, la movilización se dará por concluida en torno a las 18.00 horas, momento en el que los tractores se retiraron en siete columnas, las mismas con las que accedieron a la capital vallisoletana
Un mensaje claro: el campo no se rinde
La tractorada de Valladolid no ha sido un episodio aislado, sino un nuevo capítulo de una movilización agraria que amenaza con intensificarse en las próximas semanas. El mensaje lanzado por agricultores y ganaderos es claro: sin cambios en la PAC y sin garantías frente a Mercosur, el futuro del campo español está en juego.
Lejos de tratarse solo de una protesta sectorial, los convocantes insisten en que lo que está en juego es la soberanía alimentaria, la calidad de los alimentos y la supervivencia del mundo rural. Una advertencia que, tras el rugido de cientos de tractores en Valladolid, resulta difícil de ignorar.
Tabla reivindicativa de la protesta
La reivindicación central es clara: producir alimentos en Europa, y en concreto en España, se ha convertido en una actividad de alto riesgo económico. Los precios percibidos por los productores no cubren los costes, mientras que las exigencias normativas, ambientales y sanitarias no dejan de aumentar. El resultado es un sector tensionado, con márgenes mínimos o negativos, sin capacidad de inversión y con un relevo generacional seriamente comprometido.
La tabla reivindicativa presentada con motivo de la tractorada recoge un conjunto de demandas que van más allá del cultivo de la patata. Aunque este producto simboliza la crisis de precios que vive el sector, las reclamaciones afectan al conjunto de la agricultura y la ganadería.
El mensaje que se lanza es doble. Por un lado, económico: sin precios rentables no hay explotaciones viables. Por otro, político: las decisiones comunitarias, los acuerdos comerciales y la orientación de la Política Agraria Común condicionan directamente el futuro del campo.
Rentabilidad de las explotaciones: precios justos y costes asumibles
La primera reclamación apunta al núcleo del problema: la falta de rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Los productores exigen un incremento de los precios percibidos en origen y, al mismo tiempo, una bajada efectiva de los costes de producción.
Entre estos costes, el de los fertilizantes ocupa un lugar central. En los últimos años, el encarecimiento de los insumos ha reducido drásticamente los márgenes, especialmente en cultivos como la patata o el cereal, donde el peso del abonado es determinante. La combinación de precios de venta estancados y costes disparados ha llevado a muchas explotaciones a trabajar por debajo del umbral de rentabilidad.
El sector reclama medidas concretas que permitan corregir este desequilibrio, evitando que el agricultor sea el eslabón más débil de la cadena alimentaria.
Acuerdos comerciales desleales y control de importaciones
Otra de las grandes reivindicaciones es el freno a los acuerdos comerciales considerados desleales con terceros países que no cumplen los mismos estándares que se exigen en la Unión Europea. En este punto se citan de manera explícita países como Marruecos o los incluidos en el acuerdo con Mercosur.
Los agricultores denuncian que se permite la entrada de productos agrícolas procedentes de países donde se utilizan sustancias fitosanitarias prohibidas en la UE, sin garantías suficientes de trazabilidad ni controles efectivos. Esta situación genera una competencia desigual que presiona a la baja los precios en el mercado europeo.
Por ello, se reclaman medidas de salvaguarda y controles en frontera estrictos que impidan la comercialización de productos que no cumplan las normas comunitarias en materia sanitaria, ambiental y laboral.
Una PAC fuerte y sin recortes presupuestarios
La Política Agraria Común vuelve a situarse en el centro del debate. El sector exige una PAC fuerte, con una dotación presupuestaria suficiente y sin recortes respecto a los fondos actuales.
La PAC es percibida como una herramienta esencial para garantizar la estabilidad de las rentas agrarias, especialmente en un contexto de volatilidad de los mercados y aumento de los costes. Cualquier reducción presupuestaria se interpreta como una amenaza directa a la continuidad de muchas explotaciones.
Además, se subraya la necesidad de que la PAC siga cumpliendo su función económica y social, evitando una deriva excesivamente burocrática o alejada de la realidad productiva.
Defensa de los dos pilares de la PAC
Relacionado con lo anterior, la tabla reivindicativa insiste en el mantenimiento de los dos pilares de la PAC: los pagos directos y las políticas de desarrollo rural, con presupuestos diferenciados.
Los pagos directos se consideran imprescindibles para sostener la renta de los agricultores, mientras que el desarrollo rural es clave para mantener la actividad económica, los servicios y la población en el medio rural. La desaparición o debilitamiento de cualquiera de estos pilares tendría efectos estructurales difíciles de revertir.
Simplificación normativa: menos burocracia, más viabilidad
Una de las demandas más repetidas por el sector es la simplificación normativa. Los agricultores denuncian una acumulación de normas, controles y requisitos administrativos que califican de asfixiantes.
La burocracia no solo consume tiempo y recursos, sino que en muchos casos genera inseguridad jurídica y penaliza errores formales sin impacto real en la producción o el medio ambiente. El sector exige una verdadera simplificación que permita centrarse en producir, sin renunciar a los objetivos de control y sostenibilidad.
Equilibrio entre exigencias ambientales y financiación
La sostenibilidad ambiental es un objetivo compartido, pero los agricultores reclaman coherencia entre las exigencias que se imponen y los recursos disponibles para cumplirlas.
Las nuevas obligaciones ambientales implican inversiones, cambios en los sistemas productivos y, en muchos casos, una reducción de la producción. Sin una financiación adecuada, estas medidas ponen en riesgo la viabilidad económica de las explotaciones.
El sector pide un equilibrio real entre ambición ambiental y apoyo económico, evitando que la transición ecológica recaiga exclusivamente sobre los productores.
Relevo generacional: una urgencia estructural
La falta de jóvenes en el campo es uno de los problemas más graves a medio y largo plazo. La tabla reivindicativa reclama garantías reales para el relevo generacional, con ayudas específicas destinadas a jóvenes agricultores.
La incorporación de jóvenes no puede basarse únicamente en subvenciones iniciales. Es imprescindible asegurar un entorno económico estable, con precios rentables y perspectivas de futuro. Sin ello, el abandono del campo continuará y se agravará el problema demográfico en las zonas rurales.
Crisis de precios del cereal: tres campañas perdidas
Aunque la movilización se centra en la patata, se reclama también la adopción de medidas frente a la crisis de precios del cereal sufrida durante las últimas tres campañas.
Los bajos precios reiterados han debilitado la capacidad financiera de muchas explotaciones mixtas, agravando la dependencia de ayudas y reduciendo la capacidad de inversión. El sector exige respuestas específicas que permitan recuperar la rentabilidad de estos cultivos básicos.
Sanidad animal: una línea roja
La sanidad animal se define como no negociable. Los ganaderos recuerdan que las exigencias sanitarias en Europa son máximas y suponen un coste añadido para las explotaciones.
La entrada de productos o animales procedentes de terceros países sin las mismas garantías sanitarias pone en riesgo el esfuerzo realizado y la seguridad de las explotaciones. Por ello, se reclama coherencia en los controles y una defensa firme del modelo sanitario europeo.
