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La Unión Europea se enfrenta a una inesperada crisis de credibilidad en el control de sus fronteras agroalimentarias. Las importaciones de tomate procedentes de Marruecos y del Sáhara Occidental han desaparecido literalmente de las estadísticas oficiales comunitarias, pese a que los envíos siguen llegando con normalidad a los mercados europeos. Así lo ha denunciado la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que habla abiertamente de un “agujero negro informativo” y exige explicaciones inmediatas a Bruselas.
La situación ha alcanzado tal gravedad que el propio comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, ha reconocido ante representantes de la organización agraria la existencia de problemas serios de transparencia en los datos aduaneros, atribuyendo parte de la responsabilidad a las autoridades de algunos Estados miembros encargadas del registro de las mercancías.
El reconocimiento oficial, lejos de tranquilizar al sector, ha encendido todas las alarmas. Para los productores europeos, especialmente los españoles, el hecho de que no se publiquen cifras fiables sobre las importaciones supone una amenaza directa para la estabilidad de los mercados y para la supervivencia de miles de explotaciones.
Según explica COAG, durante la actual campaña las cifras de entrada de tomate marroquí han dejado de actualizarse en la página web de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. En lugar de datos detallados, el portal ofrece informaciones incompletas que sugieren volúmenes “muy por debajo de los niveles habituales”.
Sin embargo, la realidad comercial contradice por completo esa supuesta caída. En centrales de distribución, cadenas de supermercados y mercados mayoristas, el tomate de origen marroquí mantiene una presencia constante, similar a la de campañas anteriores.
Los agricultores consideran que, si realmente se hubiera producido un desplome de las importaciones como sugieren las estadísticas oficiales, los precios en origen habrían experimentado un repunte notable por la reducción de oferta. “Eso no ha ocurrido. Los precios siguen presionados a la baja, lo que indica que el producto está entrando con normalidad”, apuntan desde la organización.
La incoherencia entre datos oficiales y realidad de mercado es lo que ha llevado a COAG a denunciar una falta de control sin precedentes.
El problema fue abordado recientemente en una reunión celebrada el pasado 23 de enero entre la Coordinadora Europea Vía Campesina y el comisario Hansen. Durante el encuentro, en el que participaron representantes españoles, el responsable europeo admitió que existen deficiencias en la transmisión de información por parte de algunas aduanas nacionales, lo que estaría provocando retrasos o vacíos en los registros estadísticos.
Para el sector, esta explicación resulta insuficiente. “No hablamos de un simple retraso administrativo. Estamos ante meses sin datos fiables de un producto estratégico”, subrayan.
COAG ha solicitado por escrito tanto a las aduanas españolas como a la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea (DG TAXUD) que aclaren de inmediato la situación y publiquen cifras transparentes y actualizadas.
Importación de tomate
“Queremos explicaciones claras y precisas sobre este hecho inaudito”, ha señalado Andrés Góngora, responsable estatal de Frutas y Hortalizas de la organización. “No se puede gestionar un mercado agrario sin saber qué volumen de producto está entrando”.
Pero la controversia no se limita a los datos estadísticos. El malestar del sector se ha visto agravado por una reciente modificación normativa aprobada por el Parlamento Europeo que introduce cambios en el etiquetado y la trazabilidad de frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental.
Hasta ahora, la normativa comunitaria obligaba a indicar de forma expresa el país de origen de los productos. Sin embargo, la nueva regulación, negociada con Marruecos, permite que determinadas mercancías se identifiquen únicamente por su región de procedencia, como El Aaiún-Sakia El Hamra o Dajla-Ued Eddahab, sin mencionar claramente el país.
Además, los certificados de conformidad podrán ser emitidos por autoridades marroquíes, una decisión que, a juicio de COAG, supone una cesión de competencias preocupante y debilita los controles europeos.
“Estamos ante una excepción sin precedentes que favorece la opacidad”, advierte Góngora. “Si ya no tenemos datos fiables de importación y además se flexibiliza el etiquetado, el consumidor pierde información y los productores europeos quedan en clara desventaja”.
El tomate es uno de los cultivos más sensibles para regiones como Almería, Murcia o Canarias, donde miles de familias dependen de la horticultura intensiva. La competencia marroquí, con menores costes laborales y normativas más laxas, lleva años generando tensiones en el sector.
Los agricultores denuncian que la liberalización comercial progresiva con Marruecos ha provocado una presión constante sobre los precios y una reducción de márgenes que pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones medianas y pequeñas.
En este contexto, la falta de transparencia en los datos se interpreta como un golpe añadido. “No solo competimos en condiciones desiguales, sino que además no sabemos cuánta mercancía entra. Es imposible planificar”, lamentan.
Mientras tanto, Bruselas ha celebrado recientemente el Consejo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, un foro destinado a profundizar la cooperación económica y comercial entre ambas partes. Entre los objetivos figura seguir avanzando en la liberalización del comercio agrario.
Para COAG, esta estrategia resulta incomprensible. “Es una tomadura de pelo hablar de más apertura cuando ni siquiera se controla lo que ya está entrando”, critican.
La organización advierte de que una mayor liberalización podría acelerar la desaparición del modelo productivo social europeo, basado en explotaciones familiares, en favor de grandes operadores agroindustriales con producciones a gran escala.
Además, alertan de que la opacidad no solo perjudica a los agricultores, sino también a los consumidores, que tienen derecho a conocer con claridad el origen de los alimentos que compran.
El caso del tomate marroquí se ha convertido así en un símbolo de las tensiones existentes entre política comercial, control aduanero y defensa del sector primario europeo.
Desde COAG insisten en que la solución pasa por reforzar los sistemas de registro, exigir controles estrictos y garantizar la publicación inmediata de datos reales, así como revisar los acuerdos comerciales para evitar distorsiones.
“Si la Unión Europea quiere mantener su soberanía alimentaria y proteger a sus agricultores, necesita transparencia total. Sin información fiable, todo el sistema pierde credibilidad”, concluyen.
Mientras no se aclaren las cifras, el “agujero negro” estadístico seguirá planeando sobre el mercado hortofrutícola europeo, alimentando la desconfianza de un sector que reclama reglas claras y el mismo nivel de exigencia para todos los productos, vengan de donde vengan.
