La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura (UPA-UCE) ha lanzado una dura denuncia contra la industria transformadora del tomate, acusándola de imponer precios injustos y ruinosos a los agricultores extremeños. Según la organización agraria, las industrias han fijado un precio de 107 euros por tonelada, una cifra que está muy por debajo de los costes de producción y que amenaza la rentabilidad de los productores.
Mañana viernes finaliza el plazo para la presentación de los contratos de tomate a la administración regional, y UPA-UCE ha alertado de que los agricultores se ven obligados a firmar contratos abusivos con cláusulas en las que se establece que dichos precios cubren los costes de producción, algo que la organización considera una “mentira flagrante”.
“Esto es un verdadero atraco que amenaza la continuidad del sector en Extremadura”, ha denunciado Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, quien ha cifrado en más de 32 millones de euros el dinero que las industrias privadas se embolsarán a costa de los agricultores, al bajar un 20% el precio respecto a campañas anteriores. Esta situación afecta directamente a unos 1.800 productores extremeños de tomate, que se enfrentan a pérdidas millonarias y a un futuro incierto.
Desde UPA-UCE denuncian que no hay motivos reales para justificar la brutal reducción del precio que está imponiendo la industria. La organización recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe la venta de productos agrícolas por debajo del coste de producción, una normativa que, según Huertas, las industrias están incumpliendo de manera descarada.
“Pedimos que la consejera actúe ahora con la misma decisión con la que penalizó a los agricultores el año pasado cuando no pudieron presentar los contratos a tiempo. Ahora vemos claramente de qué lado está, y desde luego no es el de los productores de tomate extremeños”, ha subrayado Huertas, en referencia a la pasividad de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura ante este conflicto.
Uno de los puntos más preocupantes de esta crisis es la cláusula abusiva que la industria está imponiendo en los contratos. Según denuncia UPA-UCE, las industrias obligan a los agricultores a firmar un documento en el que se afirma que los precios fijados cubren los costes de producción, algo que la organización considera completamente falso.
“Esto no les va a servir de nada porque no es verdad y no vamos a consentirlo. Volveremos a denunciar a las industrias tomateras ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), y tendrán que presentar los costes reales”, ha advertido Huertas.
Además, desde UPA-UCE aseguran que esta estrategia de la industria busca dar una apariencia de legalidad a una práctica que en realidad es abusiva y contraria a la legislación vigente. Sin embargo, la organización agraria se ha comprometido a seguir luchando por los derechos de los agricultores y a utilizar todos los mecanismos legales a su disposición para frenar este abuso.
El impacto económico en el sector del tomate en Extremadura
El cultivo del tomate es uno de los pilares fundamentales del sector agrícola extremeño. La región es una de las mayores productoras de tomate para industria en España, y la bajada de precios impuesta por las industrias transformadoras pone en riesgo miles de empleos directos e indirectos.
Según datos de UPA-UCE, el coste medio de producción del tomate en Extremadura ronda los 130-140 euros por tonelada, dependiendo de los insumos, el riego y otros factores. Sin embargo, la industria ha fijado unilateralmente el precio en 107 euros por tonelada, dejando a los agricultores en una situación de pérdidas insostenible.
“Es inaceptable que la industria se lucre a costa del trabajo de los agricultores, que son quienes sostienen este sector. No podemos permitir que se impongan estos precios abusivos sin ningún tipo de justificación”, ha señalado Ignacio Huertas.
UPA-UCE también ha alertado de que esta bajada de precios podría provocar el abandono del cultivo por parte de muchos productores, con el consiguiente impacto en el empleo y en la economía de la región.
Ante esta grave situación, UPA-UCE ha exigido una intervención inmediata de la administración autonómica y del Gobierno central para garantizar que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria y que los agricultores reciban un precio justo por su producción.
Las principales reivindicaciones de la organización agraria son:
- Que la Consejería de Agricultura actúe de inmediato y tome medidas para evitar que los agricultores reciban precios por debajo de sus costes de producción.
- Que la AICA investigue a la industria tomatera por la imposición de precios abusivos y la inclusión de cláusulas ilegales en los contratos.
- Que se garantice la transparencia en la formación de precios y se eviten prácticas especulativas que perjudiquen a los productores.
- Que se revisen los contratos firmados y se establezcan mecanismos de control para evitar fraudes en la declaración de costes de producción.
Si la situación no se revierte en los próximos días, UPA-UCE ha anunciado que llevará a cabo movilizaciones y acciones legales para defender los intereses de los agricultores extremeños.
“No vamos a consentir que la avaricia de la industria arruine a los productores de tomate. Vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para revertir esta situación y garantizar que nuestros agricultores reciban precios justos”, ha afirmado Ignacio Huertas.
UPA-UCE ha hecho un llamamiento a todos los agricultores extremeños afectados para que no firmen contratos abusivos y se sumen a las acciones de protesta que se convoquen en los próximos días.
La denuncia de UPA-UCE pone de manifiesto una situación insostenible para el sector del tomate en Extremadura. La bajada unilateral de precios por parte de la industria pone en peligro la viabilidad de cientos de explotaciones agrícolas y amenaza la continuidad del cultivo en la región.
Ante esta crisis, los agricultores exigen una respuesta firme por parte de la administración y un mayor control sobre las prácticas abusivas de la industria. Mientras tanto, UPA-UCE ha dejado claro que no se quedará de brazos cruzados y que utilizará todos los medios legales y de protesta para defender los derechos de los productores extremeños.
