La campaña del tomate en Extremadura de 2025 se cierra con un balance muy negativo para los agricultores. Según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-UCE), las pérdidas ascienden a 76 millones de euros, una cifra que refleja la gravedad de la situación en un sector estratégico para la región. Las causas principales han sido la climatología adversa y los precios impuestos por la industria, que no han llegado a cubrir los costes de producción.
El secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha subrayado que el resultado es “una ruina para los productores”, ya que los problemas meteorológicos y las condiciones impuestas por las industrias han lastrado una campaña que ya se encuentra en su fase final, con más del 90 % del tomate entregado a transformación.
Climatología adversa: lluvias tardías y olas de calor
Uno de los factores clave que ha reducido la producción han sido las condiciones climáticas extremas. Las lluvias tardías de primavera provocaron un retraso en la plantación, lo que debilitó el desarrollo de las plantas. A esto se sumaron las intensas olas de calor en agosto, que impactaron directamente en el rendimiento final de los cultivos.
Como resultado, la producción media de tomate se ha situado en 82 toneladas por hectárea, frente a las 93 toneladas por hectárea que se habían contratado inicialmente. Esta diferencia de 11 toneladas por hectárea implica una reducción de producción cercana al 20 %, lo que supone un golpe económico muy difícil de soportar para miles de agricultores.
Los precios industriales, en el centro de la polémica
El otro gran problema señalado por UPA-UCE ha sido el precio pagado por la industria transformadora, calificado de “ruinoso” por no cubrir siquiera los costes de producción. Esta situación, combinada con la menor producción, ha derivado en pérdidas millonarias para los agricultores extremeños.
“Es inaceptable que en un sector estratégico como este, los productores acumulen pérdidas millonarias mientras las industrias vuelven a ganar dinero campaña tras campaña”, denunció Huertas. La organización advierte que esta dinámica amenaza la viabilidad futura del sector y puede hacer que muchos agricultores se planteen abandonar el cultivo el próximo año.
Un sector estratégico en riesgo
El sector del tomate en Extremadura no solo es clave para el campo, sino que también representa una parte esencial de la industria agroalimentaria regional y nacional. UPA-UCE alerta de que, de mantenerse esta tendencia, la sostenibilidad económica de los agricultores estará seriamente comprometida, lo que podría repercutir en el empleo, en la producción transformadora y en la economía rural.
“Esta tendencia hará que muchos productores se lo piensen al año que viene”, insistió Huertas, dejando claro que el futuro del tomate extremeño podría estar en entredicho si no se corrigen los desequilibrios entre agricultores e industria.
Expectativas y reclamaciones
UPA-UCE ha recordado que está a la espera de las resoluciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que debe evaluar los incumplimientos reiterados de las industrias en materia de precios. La organización insiste en que es necesario establecer mecanismos que garanticen que los agricultores reciban un precio justo, que cubra al menos los costes de producción, tal como establece la legislación vigente en materia de cadena alimentaria.
Impacto social y económico
Las pérdidas de 76 millones de euros no solo afectan al bolsillo de los agricultores, sino que también generan un impacto en la viabilidad de las explotaciones familiares, en el mantenimiento del empleo rural y en el equilibrio económico de Extremadura. La organización subraya que, mientras los productores ven reducirse sus márgenes hasta el límite, las industrias transformadoras continúan obteniendo beneficios, lo que aumenta la sensación de injusticia en el sector.
Conclusiones
La campaña del tomate en Extremadura en 2025 se recordará como una de las más complicadas de los últimos años. Los problemas meteorológicos y los precios injustos impuestos por la industria han provocado una reducción de la producción del 20 % y unas pérdidas totales que rondan los 76 millones de euros.
UPA-UCE hace un llamamiento a la responsabilidad de las industrias y a la actuación de las autoridades competentes para garantizar el futuro de un cultivo que sigue siendo motor económico y social en la región.
