Una nueva controversia sacude al sector agroalimentario español: tomates procedentes del Sáhara Occidental estarían siendo comercializados en los supermercados del país como si fueran productos originarios de Marruecos, una práctica que ha sido denunciada por asociaciones agrícolas, organizaciones de consumidores y políticos, quienes acusan al Ministerio de Consumo de mirar hacia otro lado ante lo que consideran un “fraude de etiquetado” con implicaciones políticas, económicas y legales.
La polémica ha cobrado fuerza en las últimas semanas tras la publicación de varios informes que apuntan a que importantes cadenas de distribución estarían vendiendo tomates con etiquetas que indican “Origen Marruecos”, cuando en realidad los productos provienen de Dajla, una ciudad situada en el territorio del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos desde 1975 pero reconocido internacionalmente como un territorio no autónomo pendiente de descolonización.
Las denuncias sostienen que este tipo de etiquetado vulnera no solo los derechos del consumidor a una información veraz, sino también el marco jurídico internacional. La Corte de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado en varias ocasiones que el Sáhara Occidental no puede considerarse parte del territorio de Marruecos, lo que implica que los productos originarios de dicho territorio no pueden beneficiarse de los acuerdos comerciales preferenciales entre la UE y Marruecos.
Según datos recabados por organizaciones como COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y Western Sahara Resource Watch, más de 60.000 toneladas de tomates son exportadas cada año desde el Sáhara Occidental hacia Europa, especialmente a España y Francia, a través de empresas marroquíes o con participación europea. Estos productos entran al mercado como “producto marroquí”, a menudo sin especificar su verdadero origen.
“Lo que está ocurriendo con el tomate saharaui es un fraude en toda regla”, denuncia Javier Sánchez, portavoz de COAG. “No solo se está engañando al consumidor español, sino que se está favoreciendo económicamente a una potencia ocupante que explota recursos de un territorio sin consentimiento de su pueblo. Además, supone una competencia desleal para nuestros agricultores”.
En una reciente intervención parlamentaria, varios diputados de formaciones como Sumar, Podemos y ERC han exigido explicaciones al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, por la falta de medidas contra esta práctica. “¿Va el Gobierno a permitir que se comercialicen productos del Sáhara como marroquíes, contraviniendo el derecho internacional?”, preguntó la diputada Mar García Puig (ERC), quien acusó al Ejecutivo de “hipocresía y cobardía política”.
La polémica también ha salpicado a varias cadenas de supermercados que han sido señaladas por distribuir estos productos con etiquetado engañoso. En redes sociales, se han viralizado imágenes de tomates etiquetados como marroquíes, pero con códigos de trazabilidad que remiten a zonas agrícolas situadas en Dajla.
Algunas plataformas ciudadanas han comenzado a promover campañas de boicot contra los supermercados implicados, mientras que asociaciones de consumidores como FACUA y la OCU han reclamado una investigación a fondo y sanciones para las empresas responsables.
“Este tipo de prácticas no solo atenta contra la transparencia que exige la normativa europea, sino que impide al consumidor ejercer su derecho a elegir productos en base a criterios éticos, medioambientales o políticos”, señala Rubén Sánchez, portavoz de FACUA. “Exigimos al Ministerio de Consumo que actúe con contundencia”.
Hasta el momento, el Ministerio de Consumo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias recibidas, aunque fuentes del departamento dirigido por Bustinduy han confirmado a este medio que se han iniciado “diligencias internas” para verificar la trazabilidad de estos productos y determinar si existe una infracción administrativa.
“Si se demuestra que se está falseando el origen de estos tomates, se actuará con arreglo a la ley”, indican desde el ministerio. No obstante, organizaciones como COAG advierten que esta respuesta es insuficiente y tardía.
“El problema es estructural”, afirma Javier Sánchez. “Mientras Marruecos siga ocupando el Sáhara Occidental y se le permita exportar productos de ese territorio como si fueran propios, sin ningún control efectivo por parte de la UE ni del Gobierno español, seguiremos asistiendo a este tipo de fraudes”.
Un conflicto histórico con impacto en los lineales
El conflicto del Sáhara Occidental, que data de mediados del siglo XX, sigue sin resolverse y ha cobrado nueva visibilidad en el terreno económico. Para Marruecos, los territorios ocupados son una fuente creciente de ingresos agrícolas y pesqueros, gracias en parte a las inversiones europeas en infraestructuras y tecnología.
Según Western Sahara Resource Watch, algunas de las mayores explotaciones de tomate en Dajla están gestionadas por empresas marroquíes con capital francés y español, lo que complica aún más el trazado de la cadena de suministro.
En este contexto, las etiquetas se convierten en un campo de batalla geopolítico. “Llamar marroquí a un tomate del Sáhara es como llamar español a un producto fabricado en Gibraltar. Es simplemente falso”, sostiene la jurista Celia Carrillo, experta en derecho internacional. “Y cuando ese etiquetado induce al consumidor a error, además es ilegal”.
A la espera de que el Ministerio de Consumo se pronuncie oficialmente y tome medidas concretas, las organizaciones que han impulsado la denuncia aseguran que seguirán vigilando de cerca los lineales de los supermercados.
“No se trata solo de tomates”, afirma Rubén Sánchez. “Se trata del derecho de los consumidores a no ser engañados, del respeto al derecho internacional y de la necesidad de que nuestras instituciones actúen con coherencia y valentía”.
La presión política y social va en aumento, y la pregunta que muchos se hacen ahora es si el Gobierno español, en medio de una delicada relación diplomática con Marruecos, se atreverá a enfrentarse a un problema que une el comercio con la justicia y los derechos humanos.
