La campaña del tomate en Extremadura vuelve a situarse en el centro del conflicto agrario. La oferta de 107 euros por tonelada planteada por la industria privada ha desatado una nueva denuncia por parte de UPA-UCE Extremadura, que alerta de que estos precios no cubren los costes reales de producción y condenan a los agricultores a trabajar a pérdidas por segundo año consecutivo.
Según asegura el comunicado de prensa, la situación es especialmente grave porque los costes han aumentado, mientras que el precio ofrecido se mantiene en niveles considerados ruinosos, muy por debajo de los 137 euros por tonelada que marcan los estudios oficiales como umbral mínimo de rentabilidad.
107 euros por tonelada: un precio por debajo de costes
La nota de prensa señala que la industria privada está intentando imponer a los productores extremeños un precio de 107 euros por tonelada, una cifra que no permite cubrir ni siquiera los costes de producción actuales. Desde UPA-UCE Extremadura se recuerda que los costes de semillas y fertilizantes han subido, lo que agrava todavía más la situación respecto a campañas anteriores.
El secretario general de la organización, Óscar Llanos, advierte de las consecuencias directas de aceptar estos precios: producir tomate durante dos campañas consecutivas a pérdidas, algo que considera insostenible para la viabilidad de las explotaciones.
Esta realidad no es nueva. Tal y como recuerda el comunicado, en 2025 ya se pagó el tomate a 107 euros por tonelada, provocando que numerosos agricultores no lograran cubrir sus costes, con pérdidas generalizadas en el sector.
Los costes reales: 137 euros por tonelada según estudios oficiales
Uno de los puntos clave del conflicto es que los costes de producción no son una estimación privada, sino que están avalados por estudios técnicos. La nota de prensa subraya que la Universidad de Extremadura, a través de trabajos publicados por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Extremadura, sitúa los costes de producción del tomate en 137 euros por tonelada.
Este dato es fundamental porque marca el límite legal a partir del cual no se pueden firmar contratos, de acuerdo con la Ley de la Cadena Alimentaria. Por tanto, cualquier industria que pague por debajo de ese umbral estaría incumpliendo la normativa vigente.
Desde UPA-UCE Extremadura insisten en que la propia administración regional ha publicado estos costes, lo que refuerza la legitimidad de la reclamación del sector productor.
Advertencia clara a los agricultores: no firmar contratos a pérdidas
El comunicado recuerda que el pasado 21 de enero la organización agraria ya advirtió a los productores extremeños para que no firmaran contratos por debajo de los costes de producción fijados en 137 euros por tonelada para esta campaña.
Esta advertencia no es simbólica. Firmar contratos por debajo de costes no solo compromete la rentabilidad inmediata, sino que arrastra al agricultor a una espiral de pérdidas, endeudamiento y abandono progresivo de la actividad.
UPA-UCE insiste en que aceptar precios ruinosos hoy hipoteca el futuro del cultivo del tomate en la región.
Riesgo de abandono del tomate y cambio a otros cultivos
Más allá del impacto económico inmediato, la organización agraria alerta de consecuencias estructurales. Según la nota de prensa, si la industria mantiene estos precios, muchos agricultores optarán por cambiar de cultivo, señalando especialmente el olivar como alternativa.
Este desplazamiento tendría un efecto directo:
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Reducción progresiva del número de agricultores que siembran tomate.
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Pérdida de superficie dedicada al tomate industrial en Extremadura.
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Abandono definitivo del sector por parte de explotaciones que no pueden asumir más campañas a pérdidas.
Desde UPA-UCE Extremadura se advierte de que esta dinámica no es reversible a corto plazo y pone en peligro uno de los cultivos estratégicos de la región.
La Ley de la Cadena Alimentaria en el centro del conflicto
El eje jurídico del conflicto es la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe explícitamente la compra de productos agrarios por debajo de los costes efectivos de producción.
La organización agraria subraya que:
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Los costes están oficialmente publicados por la Junta de Extremadura.
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El umbral mínimo se sitúa en 137 euros por tonelada.
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Cualquier contrato por debajo de esa cifra incumple la ley.
Por ello, el problema ya no es solo económico, sino también legal e institucional.
UPA-UCE reclama la mediación de la Junta de Extremadura
Ante este escenario, UPA-UCE Extremadura reclama de forma reiterada la mediación de la Junta de Extremadura, exigiendo que sea la administración regional quien garantice el cumplimiento de la ley.
Según recoge la nota de prensa, la organización considera que la Junta:
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Tiene los datos oficiales de costes.
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Ha publicado los estudios técnicos.
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Debe actuar como árbitro y garante del marco legal.
La intervención de la administración se presenta como la única vía para evitar que el conflicto derive en el abandono masivo del cultivo del tomate.
Resumen de precios y costes del tomate en Extremadura
| Concepto | Precio / Coste (€/t) | Situación respecto a la ley |
|---|---|---|
| Precio ofrecido por la industria | 107 | Por debajo de costes |
| Coste de producción oficial | 137 | Umbral legal mínimo |
| Diferencia | -30 | Incumplimiento de la ley |
Una campaña decisiva para el futuro del sector
La nota de prensa deja claro que la campaña de 2026 no es una más. Tras un año previo con pérdidas, aceptar de nuevo precios por debajo de costes puede suponer el golpe definitivo para muchas explotaciones.
UPA-UCE Extremadura insiste en que sin precios justos no hay futuro para el tomate, y que la falta de intervención institucional favorece un modelo insostenible que expulsa al agricultor del sistema productivo.
Conclusión
El conflicto del tomate en Extremadura se resume en una cifra clara: 107 euros frente a 137 euros por tonelada. Entre ambas cantidades se sitúan la rentabilidad de los agricultores, el cumplimiento de la ley y la supervivencia del sector. La organización agraria exige respuestas inmediatas y una actuación decidida de la Junta de Extremadura para evitar que el tomate siga el camino del abandono.
