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El sector del vino se posiciona en contra del modelo de ganadería industrial y sus efectos en el entorno. El caso más reciente es el de la Cooperativa San Isidro, ubicada en la localidad conquense de Quintanar del Rey y que el pasado día 6 de febrero convocó una Asamblea General Extraordinaria para decidir su posicionamiento respecto a la macrogranja de madres reproductoras cerca de su municipio, cuya construcción se encuentra suspendida cautelarmente. Las tres cuartas partes de los asistentes votaron favorablemente a oponerse a dicho proyecto.

Este caso no es aislado y tiene el precedente más reciente en septiembre de 2021. Seis bodegas de la Denominación de Origen Ribera del Duero mostraron su preocupación con las afecciones que provoca el modelo industrial de las macrogranjas. En particular, Ferratus, Dominio del Águila y Prado del Rey, puntales del sector vitivinícola en la provincia de Burgos, acusaron a la ganadería industrial porcina de saltarse la normativa a su antojo, y de provocar la contaminación de acuíferos y generar despoblación. El Consejo Regulador, fuertemente dependiente del ecosistema natural y ligado estrechamente al enoturismo, reprochó al mismo tiempo la falta de actuación y compromiso por parte del gobierno autonómico, que actúa, según estos posicionamientos, bajo una normativa demasiado laxa. 

Además, hay que sumar la postura de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), que reúne todas las denominaciones de origen del país y que ya había manifestado previamente el desacuerdo y la preocupación sobre la proliferación de la ganadería industrial y su impacto en el sector del vino.

En varios lugares del país han alertado del impacto de las macrogranjas sobre los sectores que giran en torno al vino y especialmente el enoturismo. Por ejemplo, en 2020 la Plataforma Salvemos Nuestra Tierra de Jumilla (Murcia) avisó de que la ganadería industrial pone en peligro las visitas turísticas a bodegas y viñedos y las rutas del vino, que generan riqueza en el territorio sin deteriorarlo.

 

El macroproyecto en Quintanar del Rey

Desde 2020 este proyecto industrial de porcino tiene en vilo y en lucha a todo el pueblo. El plan, suspendido cautelarmente, contempla la construcción de cuatro naves que albergarán a 2.200 madres. El negocio criará 61.000 lechones cada año, que se estima que consuman 12 millones de litros de agua al año y que produzcan una cantidad ingente de purín, una mezcla de excrementos y productos de limpieza, difícilmente asimilable por los suelos.

La nueva instalación se ubica en el término colindante de Villanueva de la Jara, y a sólo 300 metros del pozo de abastecimiento de agua de boca de Quintanar del Rey, un pueblo de 7.800 habitantes y de alta tradición agrícola. Los vecinos, unidos bajo el liderazgo de la Asociación Quintaverde Pueblo Vivo, ya han protagonizado numerosas manifestaciones y entregado 6.400 firmas que piden detener este macroproyecto al gobierno autonómico.

A pesar de la firme oposición de vecinos y del pleno del Ayuntamiento, no hay contemplada a corto plazo una suspensión definitiva, que en todo caso está en las manos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El gobierno autonómico presidido por el socialista Emiliano García-Page aprobó a mediados de enero una moratoria a la ganadería industrial del porcino que se va a prolongar hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, esta norma no afecta a los proyectos que contemplan albergar menos de 2.000 cabezas ni tampoco a aquellos que ya estaban en tramitación. Tampoco afectará a macrogranjas avícolas o vacunas ni a aquellos proyectos de porcino que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considere que emplea tecnología apropiada en el tratamiento de los residuos, lo que de facto supone una moratoria coladero.

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