La creciente presión sobre el campo español por la proliferación de plagas y la falta de herramientas eficaces para combatirlas ha encendido las alarmas en el sector agrario. La Fundación Ingenio (FI) y SOS Rural han trasladado esta preocupación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), al que advierten de que la situación actual podría tener consecuencias directas sobre el precio de los alimentos frescos, especialmente frutas y hortalizas, en los próximos meses.
Durante una reunión mantenida en la sede ministerial con responsables de la Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias, ambas organizaciones pusieron sobre la mesa un diagnóstico preocupante: la combinación de plagas cada vez más extendidas, restricciones en el uso de productos fitosanitarios y rechazo de productos por criterios comerciales está reduciendo la oferta efectiva de alimentos en el mercado. Esta disminución de la disponibilidad, sostienen, terminará trasladándose al consumidor en forma de una cesta de la compra más cara.
“Hemos transmitido al ministerio que el impacto de las plagas, unido al rechazo de productos por motivos comerciales, limita la cantidad de productos frescos que acceden de forma efectiva al mercado y dispara el coste de la cesta de la compra”, explicó Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, tras el encuentro. Según su valoración, el momento es especialmente delicado, ya que confluyen factores estructurales y coyunturales que ponen en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas.
Uno de los elementos que más preocupa al sector es la previsión de entrada de nuevas especies invasoras en el territorio europeo. De acuerdo con estimaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, hasta 108 especies exóticas con alto riesgo de impacto ambiental podrían establecerse en España en la próxima década. Este escenario, unido a la debilidad de los sistemas actuales de control, incrementa la vulnerabilidad del sistema productivo agrícola.
En este contexto, FI y SOS Rural han reclamado al Gobierno español que lidere una estrategia integral que combine distintos enfoques: control físico, cultural, biológico y biotecnológico. Entre las propuestas planteadas figura el desarrollo de modelos predictivos avanzados que permitan anticipar la evolución de plagas y enfermedades, así como el refuerzo de los controles en las fronteras europeas, un punto que consideran especialmente débil en la actualidad.
Las organizaciones señalan como ejemplo la entrada de productos procedentes de países del Mercosur, donde se utilizan materias activas no autorizadas en la Unión Europea. Aunque estos productos deben cumplir con los límites máximos de residuos (LMR) al llegar a territorio comunitario, desde el sector denuncian una situación de competencia desigual. “El agricultor español afronta una doble presión, con restricciones internas más severas y una competencia exterior sometida a exigencias productivas mucho más laxas”, subrayó Corbalán.
La problemática no es meramente teórica. En estos momentos, una plaga de pulgones está afectando ya a unas 20.000 hectáreas en regiones como Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, poniendo en jaque a numerosos cultivos hortícolas. A esta amenaza se suman otras enfermedades emergentes, como el virus de la clorosis nervial amarilla, o riesgos potenciales como el HLB (huanglongbing), una enfermedad que ha devastado la producción de cítricos en países como Brasil, México y Estados Unidos.
Ante esta situación, FI y SOS Rural han insistido en la necesidad de flexibilizar los mecanismos de respuesta disponibles para los agricultores. En concreto, han solicitado la activación del artículo 53 del Reglamento (CE) nº 1107/2009, que permite autorizar de manera excepcional y temporal —por un máximo de 120 días— el uso de productos fitosanitarios no autorizados en situaciones de emergencia.
SOS Rural
Para respaldar esta petición, ambas entidades han registrado en el MAPA cerca de 6.000 firmas de apoyo. Sin embargo, el ministerio se ha mostrado reticente a aplicar esta medida en el caso actual, al considerar que no se cumplen las condiciones necesarias para su activación. Esta postura contrasta, según denuncian las organizaciones, con la adoptada por otros países europeos como Francia e Italia, que sí han recurrido a este mecanismo en circunstancias similares.
El uso reiterado de autorizaciones excepcionales es, de hecho, otro de los puntos críticos señalados por el sector. Según explican, lo que debería ser una herramienta puntual se ha convertido en una práctica habitual, generando incertidumbre y dificultando la planificación a medio y largo plazo. La necesidad de renovar constantemente estas autorizaciones crea un marco inestable que complica la gestión de las explotaciones agrícolas.
A esta situación se suma un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas que afectan al coste de los insumos agrícolas. En particular, la inestabilidad en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de materias primas, está generando preocupación por un posible encarecimiento de los fertilizantes. Este factor, combinado con las restricciones en el uso de fitosanitarios, podría agravar aún más la situación del sector.
“Si reduces los fertilizantes y el control de las plagas y las enfermedades, se pone fin a la soberanía alimentaria y se abre un escenario dantesco”, advirtió Corbalán. Desde su punto de vista, la acumulación de restricciones sin alternativas eficaces pone en riesgo no solo la rentabilidad de las explotaciones, sino también la capacidad del país para garantizar el abastecimiento de alimentos.
En paralelo a sus gestiones con el Gobierno español, FI y SOS Rural han decidido trasladar sus demandas al ámbito europeo. Ambas organizaciones han enviado cartas a Christophe Hansen, responsable de Agricultura y Alimentación, y a Olivér Várhelyi, comisario de Salud y Bienestar Animal, solicitando una reunión para abordar la política fitosanitaria de la Unión Europea.
El objetivo de este movimiento es abrir un debate más amplio sobre el equilibrio entre la protección del medio ambiente, la salud pública y la viabilidad económica del sector agrario. Desde las organizaciones firmantes insisten en que no se trata de cuestionar los objetivos de sostenibilidad, sino de garantizar que las medidas adoptadas no dejen a los agricultores sin herramientas para hacer frente a amenazas reales e inmediatas.
En definitiva, la advertencia lanzada por FI y SOS Rural pone de relieve la complejidad de los retos que enfrenta el sector agrícola en la actualidad. La necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles convive con la urgencia de mantener la productividad y la competitividad en un entorno globalizado. En este delicado equilibrio, la gestión de plagas y enfermedades se perfila como un elemento clave, no solo para el futuro del campo, sino también para el bolsillo de los consumidores.
