En medio del auge de las energías renovables, SOS Rural ha lanzado una voz de alarma: la falta de regulación en la instalación de plantas solares en tierras agrícolas pone en peligro no solo la subsistencia del medio rural, sino también el equilibrio ecológico de diversas regiones del país.
El movimiento, que defiende el mundo rural, insiste en que si bien no está en contra de las energías alternativas, la proliferación descontrolada de placas solares está llevando a una transformación del paisaje agrícola en áreas industriales, generando efectos negativos tanto para el medio ambiente como para la actividad agrícola.
Impacto en las tierras agrícolas
El crecimiento desmesurado de las instalaciones fotovoltaicas está transformando tierras de cultivo en suelo industrial, advierte SOS Rural. Este cambio conlleva no solo la pérdida de tierras fértiles, sino también la destrucción del entorno natural a través del uso de pesticidas agresivos que se aplican para evitar el crecimiento de plantas bajo los paneles solares.
SOS Rural destaca que, por cada hectárea de tierra agrícola que se transforma en planta fotovoltaica, se genera un tremendo impacto ambiental. Este impacto no solo deriva del uso de productos químicos, sino también del recalentamiento del suelo provocado por los paneles, lo que esteriliza el terreno y lo convierte en un espacio inhabitable para la flora y fauna autóctonas. «Estamos convirtiendo nuestras tierras en un mar de hierro y cristal«, lamenta el movimiento.
El peligro del recalentamiento del suelo
El recalentamiento del suelo producido por la radiación solar captada y reflejada por las placas solares es uno de los principales problemas que destaca SOS Rural. Este fenómeno, además de esterilizar el suelo, incrementa el riesgo de incendios, especialmente en zonas propensas a altas temperaturas, como muchas áreas rurales de España.
El caso de Extremadura es particularmente ilustrativo. La planta fotovoltaica de Talaván, en Cáceres, sufrió un incendio este verano que arrasó 870 hectáreas de superficie de pasto. Los expertos en prevención de incendios subrayan que estos eventos podrían volverse más frecuentes si no se implementan protocolos de seguridad más estrictos en torno a las plantas fotovoltaicas. De hecho, en 2022 y 2023 se registraron más de 1.000 incendios en instalaciones fotovoltaicas en España, una cifra alarmante que expone la gravedad del problema.
El aumento del riesgo de incendios en macroplantas solares
Además de las preocupaciones ambientales y agrícolas, los incendios se han convertido en una amenaza creciente en las macroplantas solares. Los expertos en prevención alertan sobre las dificultades para controlar estos incendios, que a menudo se ven agravadas por la falta de accesibilidad para los equipos de bomberos en estas grandes instalaciones.
Las autoridades locales en Extremadura, una de las regiones más afectadas por este problema, han expresado su preocupación por la falta de regulación y la proliferación desmedida de estas plantas. Según el cuerpo de bomberos de la región, el incendio de la planta de Talaván fue especialmente difícil de combatir debido a la distribución de los paneles solares y las dificultades de acceso de los vehículos de emergencia.
Un llamamiento a la regulación
SOS Rural hace un llamado urgente a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para que se implementen medidas regulatorias integrales que aborden los problemas asociados a la instalación de plantas fotovoltaicas en tierras agrícolas. El movimiento insiste en que, sin una regulación adecuada, la subsistencia de los agricultores y la protección del medio ambiente se verán gravemente afectadas.
Italia como modelo a seguir
Recientemente, Italia tomó una medida decisiva al prohibir la instalación de placas solares en tierras agrícolas. Esta decisión ha sido celebrada por sectores que defienden la preservación del campo y la protección de los agricultores. SOS Rural considera que España debería seguir este ejemplo, estableciendo normativas que limiten el uso de tierras de cultivo para mega plantas solares, preservando así la biodiversidad y asegurando la viabilidad de la agricultura.
En este contexto, el partido Sumar, perteneciente a la coalición de Gobierno, presentó en la primavera de 2024 una Proposición No de Ley (PNL) para regular la instalación de placas solares en terrenos cultivables y áreas protegidas. Este proyecto busca armonizar la producción de energía con la actividad agrícola, reconociendo la necesidad de un equilibrio entre ambas actividades para garantizar la sostenibilidad del medio rural.
Un equilibrio necesario
En su declaración, SOS Rural no se opone a la transición hacia energías limpias como la fotovoltaica, pero insiste en que esta debe hacerse de manera sostenible y regulada, tomando en cuenta los intereses del medio rural. Las consecuencias del descontrol en la instalación de plantas solares son claras: la pérdida de tierras de cultivo, el recalentamiento del suelo, el uso de pesticidas agresivos, el aumento del riesgo de incendios y la destrucción del ecosistema rural.
El movimiento hace un llamado a las autoridades para que implementen un marco regulatorio sólido que proteja tanto el medio ambiente como la subsistencia de los agricultores, evitando la desertificación de las tierras agrícolas y garantizando que las energías renovables no se conviertan en una amenaza para el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible del país.
