
El sector primario español atraviesa una crisis sin precedentes debido al aumento de las importaciones de frutas y verduras, según denuncia la plataforma ciudadana SOS Rural. Este fenómeno, que se ha intensificado en los últimos dos años, amenaza la sostenibilidad de la agricultura y ganadería nacional, así como la soberanía alimentaria del país.
De acuerdo con datos de la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), el valor económico de las importaciones hortofrutícolas ha aumentado un 20% desde octubre de 2022, alcanzando las 3.587.311 toneladas en 2024, un 14,6% más que las 3.121.595 toneladas registradas en 2022. Este incremento, lejos de ser un fenómeno aislado, refleja una tendencia preocupante que está dejando al sector primario en una situación de extrema vulnerabilidad.
Competencia desleal: el gran desafío del campo español

SOS Rural señala que el principal problema detrás de esta crisis es la competencia desleal que enfrentan los agricultores y ganaderos españoles frente a productos importados de terceros países, muchos de ellos fuera de la Unión Europea (UE). Estos productos, según la plataforma, se comercializan a precios con los que los productores locales no pueden competir debido a los elevados costes de producción en España, que incluyen normativas laborales, medioambientales y fiscales más estrictas.
«Estamos asistiendo a una muerte lenta de la agricultura y la ganadería en España. Si no se toman medidas inmediatas, la producción de alimentos se deslocalizará y dependeremos de países terceros para alimentarnos», advierte un portavoz de SOS Rural.
El movimiento ciudadano también denuncia que acuerdos como el reciente pacto entre la UE y Mercosur agravan la situación. Según SOS Rural, este tipo de tratados no solo perjudican a los agricultores europeos, sino que también tienen un impacto negativo en el medio ambiente, al trasladar la producción de alimentos a países con estándares medioambientales más bajos.
«Bruselas está mintiendo sobre los efectos del acuerdo UE-Mercosur. Este tratado incrementará las emisiones de CO2 al trasladar la producción a países con regulaciones más laxas, y quienes pierden son los 450 millones de ciudadanos europeos y el medio ambiente», afirma la organización.
Para hacer frente a esta situación, SOS Rural ha puesto en marcha una campaña contra la competencia desleal, que incluye un apartado en su página web para que agricultores y ganaderos puedan denunciar casos concretos en España y la UE. Además, el movimiento ha anunciado la creación de un frente legal liderado por expertos de primer nivel, como Manuel Lamela, abogado del Estado y socio director del despacho Acountax.
En diciembre de 2023, durante la jornada de debate La competencia desleal: la gran amenaza para la supervivencia del sector agroalimentario, organizada en Murcia, SOS Rural dejó claro que está dispuesto a explorar todas las vías legales necesarias para proteger el campo español.

«El objetivo es garantizar que los agricultores y ganaderos tengan herramientas legales para defenderse de prácticas comerciales desleales que ponen en riesgo no solo su sustento, sino también la seguridad alimentaria de toda la población», subrayó Lamela durante el evento.
SOS Rural
Como parte de su estrategia para visibilizar la gravedad de la situación, SOS Rural ha anunciado la creación de un Observatorio Rural. Este organismo tendrá como misión monitorizar las amenazas que enfrenta el sector primario español y ofrecer un análisis riguroso basado en datos estadísticos.
El Observatorio contará con la participación de expertos legales, representantes de cooperativas agrícolas, agricultores y ganaderos individuales, y miembros de la Administración del Estado. Entre sus objetivos principales está el de identificar las principales barreras que afectan al sector y proponer soluciones concretas para garantizar su sostenibilidad.
«La actual situación es la más complicada que ha enfrentado el campo español en los últimos 60 años. Los costes de producción se han disparado, mientras que la entrada masiva de productos de terceros países a precios de derribo está erosionando nuestra competitividad de manera dramática», explica un portavoz de SOS Rural.
SOS Rural advierte que la dependencia de productos importados no solo afecta a los agricultores y ganaderos, sino que también pone en riesgo la soberanía alimentaria de España. La plataforma señala que, si no se toman medidas para proteger la producción local, el país podría enfrentarse a una situación en la que dependa completamente de terceros países para abastecerse de alimentos básicos.
Este escenario no solo tendría implicaciones económicas, sino también estratégicas, ya que la capacidad de un país para garantizar su propia alimentación es un pilar fundamental de su seguridad nacional.
Ante este panorama, SOS Rural insta a las autoridades españolas y europeas a tomar medidas inmediatas para proteger el sector primario. Entre las propuestas destacan:
- Revisar los acuerdos comerciales internacionales para garantizar que no perjudiquen a los agricultores y ganaderos europeos.
- Establecer mecanismos de control más estrictos sobre las importaciones de productos agrícolas, asegurando que cumplan con los mismos estándares que se exigen a los productos nacionales.
- Fomentar la compra de productos locales mediante campañas de sensibilización dirigidas a consumidores y empresas.
- Apoyar a los agricultores y ganaderos con ayudas directas y programas de formación que les permitan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.
«Es imprescindible que todos, desde los consumidores hasta las instituciones, entendamos que el futuro del campo español está en juego. Proteger a nuestros agricultores y ganaderos no es solo una cuestión económica, sino también de justicia, sostenibilidad y seguridad alimentaria», concluye SOS Rural.
La plataforma anima a todos los ciudadanos a sumarse a su campaña y a apoyar las iniciativas del Observatorio Rural, cuyo trabajo será clave para garantizar un futuro viable para el sector primario en España.











