SOS Rural, un movimiento ciudadano que defiende a los agricultores españoles, ha anunciado una batería de acciones legales en la Unión Europea para combatir la competencia desleal derivada de las importaciones masivas de productos agroalimentarios de terceros países. En el centro de sus denuncias, apuntan a la Comisión Europea como responsable de liderar una apertura comercial sin precedentes, que está perjudicando gravemente a las explotaciones agrícolas españolas.
“Nos encontramos en un momento en el que nuestros supermercados están siendo inundados de productos que no han sido producidos con las mismas garantías y estándares de producción”, asegura SOS Rural. Según ellos, productos clave de la huerta española como el tomate están siendo desplazados por importaciones de países como Marruecos, donde los costes de producción son mucho más bajos debido a las condiciones laborales precarias y al uso de fitosanitarios que están prohibidos en la Unión Europea.
Según datos de Aduanas, la importación de tomate marroquí ha aumentado un 221% en la última década, pasando de 18.045 toneladas en 2014 a 57.926 toneladas en 2023. Marruecos ha superado a España como primer exportador de tomates a la UE, lo que genera una situación de competencia desigual para los agricultores españoles. Este incremento de las importaciones se debe, entre otros factores, a la posibilidad de producir a un coste mucho menor, gracias a unas condiciones laborales y medioambientales que distan mucho de las exigidas por la normativa europea.
En Marruecos, los costes de producción se abaratan gracias a la precariedad de la mano de obra, la casi inexistencia de estándares de bienestar animal, y el uso de fitosanitarios que están prohibidos en Europa, lo cual aumenta el riesgo para la salud de los consumidores europeos. SOS Rural advierte que la entrada de estos productos a la UE está directamente relacionada con la falta de controles fitosanitarios estrictos. Actualmente, solo entre el 1% y el 5% de los productos agroalimentarios importados son analizados, debido al volumen de mercancía, lo que deja abierta la puerta a productos potencialmente peligrosos para la salud.
El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la UE (RASFF) en su informe de 2023 reporta que los residuos de plaguicidas fueron la categoría de peligro alimentario más notificada, con un total de 936 alertas. De estas, 560 correspondieron a frutas y hortalizas, y más de la mitad se detectaron en controles fronterizos, mientras que 188 se encontraron ya en el mercado. La presencia de fitosanitarios nocivos para la salud en productos importados es una de las mayores preocupaciones para el sector agrícola español, que ve cómo estos productos compiten deslealmente con los cultivados en el país, donde los estándares son mucho más estrictos.
Algunos casos recientes, como la detección de fresas contaminadas con Hepatitis A en marzo y con Norovirus en febrero de este año, demuestran los riesgos que conllevan estas importaciones. Aunque las partidas fueron interceptadas antes de llegar al mercado español, SOS Rural señala que este tipo de incidentes subraya la necesidad de reforzar los controles y las normativas para evitar que los consumidores europeos sean expuestos a productos peligrosos.
Derechos humanos y condiciones laborales precarias denuncia SOS Rural
SOS Rural también denuncia que la reducción de costos de producción en países como Marruecos se basa en condiciones laborales que violan los derechos humanos. Diversas ONGs, como Oxfam, han documentado las condiciones de semi-esclavitud en las que trabajan muchos de los jornaleros del campo marroquí, procedentes de países como Mauritania, Malí y Senegal. Estas condiciones son aprovechadas por grandes empresas que deslocalizan sus cadenas de producción para abaratar costes, permitiendo que productos como la fresa se vendan en los supermercados europeos a precios muy bajos.
“El campo es duro y sabemos lo que es trabajar de sol a sol, pero no es aceptable que, para que una fresa pueda venderse en Europa a poco más de un euro el kilo, trabajadores en Marruecos tengan que soportar condiciones infrahumanas”, denuncia SOS Rural. Desde el movimiento ciudadano, insisten en que no es legítimo que un pequeño agricultor español tenga que competir con grandes multinacionales que trasladan su producción a países donde la protección social y medioambiental es prácticamente inexistente.
Ante esta situación, SOS Rural ha lanzado una Iniciativa Ciudadana Europea para defender la agricultura y el medio rural. Esta iniciativa busca una regulación que proteja a las actividades desarrolladas en el ámbito rural como la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, turismo y logística, asegurando que se respeten los estándares europeos. Para ello, están recabando firmas a través de su página web oficial, con el objetivo de que la Comisión Europea tome medidas para proteger a los agricultores y productores rurales.
El movimiento recuerda que gran parte de la normativa que afecta al medio rural se redacta en Bruselas, lo que implica que la Comisión Europea tiene la responsabilidad de garantizar la competencia leal dentro del mercado único. Sin embargo, según SOS Rural, la apertura comercial impulsada por la Comisión está desprotegiendo a los productores europeos y favoreciendo la entrada de productos de baja calidad.
“Es el momento de decir basta”, clama SOS Rural, exigiendo que la Comisión Europea cumpla con su mandato de velar por la igualdad de condiciones para todos los productores dentro de la Unión. En su denuncia, señalan que la actual política de apertura comercial está “desangrando al campo español” y pone en peligro la viabilidad de miles de explotaciones agrícolas.
Las acciones legales de SOS Rural buscan que la Comisión Europea sea responsable de garantizar el cumplimiento efectivo de las normativas de competencia comunitarias, asegurando que las importaciones de terceros países cumplan con los mismos requisitos que se exigen a los productores europeos. Según el movimiento, no es justo que los agricultores españoles tengan que competir con productos que se benefician de condiciones laborales y medioambientales más laxas, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sector agrícola europeo.
SOS Rural está dispuesto a llevar su lucha hasta los tribunales de la UE, con el objetivo de defender a los pequeños agricultores y productores rurales, y asegurar que la agricultura europea siga siendo competitiva y sostenible frente a las importaciones masivas que no cumplen con las normativas de la Unión
