La organización agraria Asaja Córdoba ha solicitado a la Junta de Andalucía que mantenga e insista en las gestiones con el Ministerio de Agricultura para ampliar el plazo de la PAC hasta el 30 de junio, ya que, de lo contrario, “muchos agricultores y ganaderos pueden quedarse sin presentar su solicitud o hacerlo con numerosas incidencias, siendo muchos los motivos que hacen necesaria esta ampliación de plazo”.
En primer lugar, Asaja destaca la complejidad de las normas de esta nueva PAC, “impuestas sin diálogo ni consenso por el ministro Planas, que está siendo reconocida por los técnicos del propio ministerio en diferentes reuniones técnicas que se han celebrado estos meses”, donde todas las comunidades autónomas se han quejado, sin excepción, de la dificultad de llevar a cabo las exigencias de los eco regímenes por igual en todas las zonas de España debido a su diversidad, “algo que no se ha tenido en cuenta a la hora de legislar a pesar de las advertencias del sector”.
En segundo lugar, por el retraso en la puesta en funcionamiento por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, de las herramientas para gestionar las solicitudes, como es el Sistema de Gestión de Ayudas (SGA), que tenía que estar en funcionamiento el pasado 1 de marzo. Sin embargo, añade Asaja, no estuvo disponible para poder solicitar los eco regímenes hasta los primeros días de abril, habiendo liberado el ministerio la versión definitiva el 27 de abril, es decir, dos meses después del comienzo del plazo y con “sólo un mes por delante hasta el fin de plazo del 31 de mayo”.
En tercer lugar, “por la grave situación de sequía que estamos padeciendo y que está provocando que en muchos casos sea materialmente imposible cumplir con muchas de las exigencias de la nueva PAC, las cuales ya eran kafkianas de por sí, especialmente en los que se refiere a los eco regímenes, y de las que hoy en día se desconocen las flexibilidades que el ministerio va a adoptar como consecuencia de la sequía”.
Teniendo en cuenta lo anterior y que, a falta de unos 20 días para terminar el plazo de la PAC, en Andalucía, la región que gestiona mayor número de solicitudes PAC, quedan por presentar el 50% del total de solicitudes, “se hace imprescindible la ampliación del plazo hasta el 30 de junio”.
Petición que, como afirma Asaja, se ha solicitado “de forma insistente en las últimas semanas por la mayoría de las comunidades autónomas de todo signo político y por las organizaciones agrarias, sin que el Ministerio de Agricultura haya dado una respuesta hasta la fecha, poniendo como excusa que no tendría tiempo de abonar los anticipos de la PAC a finales de octubre, a pesar de contar con cuatro meses para ello”.
Sin embargo, sí que exige al sector que asesore y tramite todas las solicitudes en mes y medio, “algo inaceptable y que demuestra una absoluta falta de sensibilidad y de respeto hacia el conjunto de los agricultores y ganaderos españoles, andaluces y cordobeses”, subraya la organización agraria, que recuerda que esta nueva PAC “conlleva menos dinero, más burocracia, más obligaciones y menos producciones”.
En este sentido, Asaja ha hecho un análisis con datos reales que confirman lo que desde la organización se venía denunciando desde hace casi tres años: que la PAC de Planas hace perder más del 34% de las ayudas a los titulares de las explotaciones cordobesas, comparando la suma del Pago Básico y Pago Verde (greening) de la PAC anterior con la suma de la nueva Ayuda Básica a la Renta y el nuevo Pago Redistributivo de la Reforma de la PAC. Y esto ocurre en todos los tramos de ayudas, penalizando especialmente a los profesionales del sector, a todos aquellos a los que se exigen cumplir los requisitos de agricultor activo. Es decir, quien es agricultor activo, está penalizado.
