Agronews Castilla y León

 

  • Javier Izquierdo planteó el encuentro como el primero de una serie de ellos, periódicos y monográficos, sobre los temas específicos que preocupan a las organizaciones y destacó que el sector es una “prioridad absoluta para el Gobierno de España”

  • El delegado resumió los acuerdos aprobados ayer por el Consejo de Ministros, entendiendo que es un primer paso para “equilibrar” la posición de agricultores y distribuidoras a la hora de negociar los precios

  • La PAC y la postura del Gobierno de Pedro Sánchez en Europa, contraria al marco financiero propuesto, aúna el respaldo de todas las organizaciones

El primer encuentro entre el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, y los responsables de las organizaciones profesionales agrarias en la Comunidad Autónoma un día después de que el Consejo de Ministros aprobara una batería de medidas para afrontar las preocupaciones del sector se caracterizó por la sintonía entre ambas partes, así como el compromiso a futuro de continuar afrontando de forma monográfica en próximas reuniones los problemas del campo en la región.

El máximo representante del Gobierno en la Comunidad Autónoma reiteró que el sector primario es una preocupación de primer nivel y una “prioridad absoluta” para el Gobierno de España, y desde luego para la Delegación del Ejecutivo en Castilla y León, Comunidad en la que “el papel de agricultores y ganaderos es determinante social, económica y demográficamente, así como en el reto de la transición ecológica”.

Izquierdo afirmó que “este Gobierno no sólo dialoga, sino que actúa”, y muestra de ello es que ese diálogo ha precedido a la adopción de decisiones, -en referencia al Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación aprobado ayer, martes, por el Consejo de Ministros-, pero continuará en el futuro.

 

Un Real Decreto-ley “valiente”

El delegado del Gobierno resumió durante el encuentro con los responsables de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, UCCL, José Manuel González Palacín, y la alianza UPA-COAG, Aurelio González del Río, y Lorenzo Rivera, las líneas fundamentales del Real Decreto-ley que las organizaciones calificaron como “valiente”, y un “positivo” primer paso en el camino emprendido para equilibrar la posición de agricultores y distribuidoras a la hora de negociar los precios de los productos, algo que denominaron “una reivindicación histórica”.

En este sentido, recalcó la importancia de la exigencia de formalizar los contratos por escrito, la prohibición de venta a pérdidas y la obligatoriedad de incorporar en esos contratos el valor de los costes de producción, cuya determinación seguirá baremos públicos, entre ellos los del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, de forma que “cada operador deberá pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción”.

Izquierdo señaló que “esta norma introduce elementos que ningún Gobierno se había atrevido a introducir”, y consideró que “es un avance significativo que inicia un camino”, no sólo en una mayor justicia de la cadena alimentaria, sino ante los retos de la transición ecológica y la garantía de condiciones dignas para los trabajadores del campo y la ganadería.

 

La PAC, irrenunciable

El marco financiero europeo para la PAC concitó el respaldo de las OPAS a la postura defendida en Bruselas por el Gobierno de Pedro Sánchez, contraria a renunciar al menos al mantenimiento de los mismos fondos que España recibe en la actualidad.

“El Gobierno no considera suficiente la financiación propuesta”, señaló el delegado, “porque el Ejecutivo de Sánchez no está dispuesto a renunciar ni a la PAC ni a los Fondos de Cohesión, de forma que la posición de Castilla y León va a ser sólida”.

Izquierdo escuchó las preocupaciones de los representantes de las organizaciones agrarias de Castilla y León sobre asuntos como el agua, los regadíos, la apuesta por revisar los criterios de reparto de las ayudas primando a los “agricultores genuinos”, los controles de calidad de los productos que importa nuestro país desde otros continentes, los costes de producción, o la incidencia de la fauna salvaje en las cosechas.

El delegado emplazó a los representantes de agricultores y ganaderos a futuras reuniones monográficas y periódicas para acometer estas preocupaciones, implicando en su solución a los organismos del Estado que puedan ayudar a buscar soluciones.