Silvia Clemente sitúa el equilibrio de la cadena alimentaria como una de la prioridades de la Ley Agraria de Castilla y León

José Ignacio Falces

7 de octubre de 2014

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Durante la celebración de un «desayuno de trabajo» organizado por Diario de Valladolid – El Mundo sobre la cadena de valor de los productos agrarios, Silvia Clemente, Consejera de Agricultura y Ganadería, ha señalado que el equilibrio de la misma es uno de los objetivos que se ha marcado la recientemente aprobada Ley Agraria de Castilla y León.

En este sentido, Clemente destacó los avances que se habían producido desde la aprobación, a nivel nacional, de una norma con rango de Ley que regula y controla este proceso donde, por ejemplo, se obliga a que exista un contrato por escrito entre las partes. Se trata, sobre todo, de dar una «protección especial» a la parte más débil, la parte productora, aseguró la máxima responsable de la agricultura castellanoleonesa.

Además, «en nuestra Ley Agraria», afirmó Clemente, «hemos ido un poco más allá creando la figura del defensor de la cadena alimentaria» con el objetivo de dar más seguridad a todo el proceso.

Por su parte, Ignacio Garcia Magarzo, Director General de la Asociación Española de Distribución, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) aseveró que esta Ley de la Cadena Alimentaria no la entienden como una normativa contra ellos sino una oportunidad de desarrollar la competitividad de todos los eslabones que la integran.

Miguel Blanco, Secretario General de COAG, consideró muy positiva la puesta en marcha de la citada Ley al ofrecer más seguridad, más transparencia… especialmente de cara a la parte más débil de la cadena alimentaria que es el productor, «los agricultores y ganaderos» concluyó… Sin embargo, afirmó el dirigente agrario zamorano, «no ha logrado todavía y quizás no la logre nunca esa garantía como consecuencia de la situación de dominio que mantiene la gran distribución» y ha puesto como ejemplo la situación que se está viviendo en la leche donde, por ejemplo, la obligación de suscribir contratos está regulada desde hace dos años y apenas ha dado seguridad a los ganaderos de su situación ante la preponderancia de la industria.

Para finalizar, José Miguel Herrero, Director General de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha calificado de «ambiciosa» la citada Ley que ha permitido la creación de este mecanismo de control que ya está investigación la situación que se vive en la leche, el aceite o las frutas y hortalizas, sector en el que ya hay abiertas 150 inspecciones.

Otro sector en el que están trabajando con intensidad es el del vino, sobre todo ante esa obligación de que existan contratos por escrito entre las partes, con el precio fijado antes de la entrega y que deben ser pagados en 30 días al tener la consideración la uva de alimento fresco.

El responsable de la AICA señaló que las multas, si se comprueban y constatan, los incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria pueden llegar hasta el millón de euros.



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