Agronews Castilla y León

En un documento respaldado por colectivos como Anprogapor, Aseprhu, Aasoprovac, Propollo, Aecec, Unistock españa, por las Cooperativas Agro-alimentarias de España y por las organizaciones agrarias UPA y ASAJA, se subraya que el TTIP “coloca en una situación profundamente desequilibrada e injusta a los productores comunitarios, que aplican el exigente Modelo de Producción Europeo, con importantes sobrecostes en relación con el modelo de Estados Unidos”.

Los principales costes regulatorios para los ganaderos comunitarios son:

  • La UE limita la utilización de las nuevas tecnologías de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) para la producción de materias primas destinadas a la alimentación animal. En EE.UU. estas nuevas tecnologías se emplean de forma generalizada, incrementan la productividad al menos un 15% y reducen los costes en fitosanitarios, herbicidas, labores de cultivo, etc.
  • La UE limita el abastecimiento de materias primas estableciendo unos niveles de presencia de residuos (LMR) de fitosanitarios y aflatoxinas en materias primas inferiores a los aceptados en EE.UU. Esto impide el aprovisionamiento del mercado comunitario desde orígenes tradicionales como Argentina.
  • La UE no permite utilizar promotores de crecimiento (hormonas, antibióticos y otros) en producción animal, mientras que los EE.UU. sí. Así el índice de conversión mejora en EE.UU. hasta un 15-20% en vacuno, en producción de carne de cerdo el coste se reduce 2 €/100 kg de carne producida y en carne de pollo, unos 0,8 céntimos de euro/kg. de peso vivo.
  • La UE no permite la utilización de la hormona somatotropina bovina (BST), que potencia la producción láctea incrementando de media un 16% la producción en EE.UU.
  • La UE prohíbe el empleo de subproductos de origen animal (proteínas animales transformadas, sebo y grasas y estiércol de ave), en la alimentación de animales de consumo, mientras que en EE.UU. están autorizados, lo que reduce un 2% el coste del pienso compuesto.
  • La UE obliga al ganadero comunitario a contratar la gestión de los subproductos de origen animal con un coste que, en el caso de la carne de cerdo y vacuno, alcanza los 1,8 €/100 kg de carne y por vaca nodriza 23 € en concepto de retirada de cadáveres.
  • La UE es muy restrictiva en la regulación de uso de aditivos y medicamentos veterinarios respecto de EE.UU. Esta asimetría, en función de la especie, impone un coste por el mayor uso de tratamientos preventivos y los controles.
  • La UE impone normas sobre seguridad alimentaria y sanidad animal en la producción que añaden costes por los controles sanitarios, eliminación de animales positivos, análisis obligatorios, gestión de incidencias, gastos administrativos por registros y trazabilidad, entre otros. Por ejemplo, en la producción de carne de pollo el coste de controlar la salmonela asciende a 1,1 €/100 kg de peso vivo.
  • La UE prohíbe el tratamiento de la carne de ave por cloración, que en EE.UU.se emplea de forma generalizada. Incrementa los costes de manejo de las canales en los mataderos comunitarios.
  • La UE tiene regulaciones sobre medio ambiente que afectan a la autorización de las granjas, al uso del estiércol, a la reducción de emisiones de gases y a la gestión de residuos. Afectan principalmente a las producciones avícola y porcina (el sobrecoste de la producción de huevos es un 2,2%, en la de carne de ave, 0,8 céntimos de euro por kg de peso vivo y en el sector porcino 6,10 €/100 kg.)
  • La UE impone la trazabilidad a lo largo de la cadena: identificación de los animales y productos, mantenimiento de registros, emisión de guías y certificados y marcado individual de canales y huevos. El coste asciende a 130 €/1000 gallinas al año, y 17,8 €/vaca nodriza y 3 €/100 kg de carne en el sector porcino.
  • La UE aplica una amplia legislación sobre bienestar animal en granja, durante el transporte y el sacrificio, entre otras. Supone un incremento del 6,7% del coste de producción de huevos y en el sector porcino 0,70 €/100 kg. de carne.

La diferencia de costes hace imposible para los ganaderos comunitarios competir en un futuro mercado abierto que mantenga dos modelos regulatorios tan diferentes, ya que beneficia a las producciones más baratas, que son las de EE.UU. Firmar un acuerdo manteniendo las diferencias existentes entre los dos modelos regulatorios coloca a los ganaderos y a los consumidores europeos en una situación profundamente injusta e inaceptable porque permitirá la entrada en el mercado de alimentos producidos sin las exigencias comunitarias y a precios inferiores, lo que abocaría a los sectores ganaderos a la ruina.

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