La Junta de Extremadura ha implementado una nueva tasa de 29,06 euros por recinto para los agricultores y ganaderos que necesiten modificar la información registrada en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). Esta medida ha generado un fuerte rechazo en el sector, ya que representa una nueva carga económica en un contexto de creciente burocracia y dificultades para el campo extremeño.
Todos los años, el SIGPAC se actualiza y, debido a estas modificaciones, en ocasiones cambia el uso asignado a ciertos recintos agrarios. Como consecuencia, los agricultores y ganaderos deben solicitar la corrección de estos errores, un trámite que hasta ahora ya implicaba la presentación de diversos estudios agronómicos y documentación técnica. Sin embargo, a partir de este año, además de estos requisitos, los afectados tendrán que abonar una tasa de 29,06 euros por cada recinto cuya modificación soliciten.
Críticas de La Unión Extremadura a la nueva tasa agraria
La organización agraria La Unión Extremadura ha criticado duramente esta medida, argumentando que se contradice con la política fiscal del Gobierno regional, que ha promovido una reducción de impuestos a las grandes empresas. «No se puede bajar la tributación a Iberdrola o Endesa y al mismo tiempo aumentar las tasas a los pequeños y medianos agricultores», han manifestado desde la organización.
Hasta hace unos años, la administración era la encargada de revisar y comprobar el verdadero uso de la superficie solicitada sin coste alguno para los agricultores. Posteriormente, se impuso la obligación de presentar un estudio agronómico, lo que ya suponía un gasto adicional. Ahora, la situación se agrava con la introducción de esta nueva tasa, lo que podría suponer un elevado desembolso económico para muchos agricultores que posean varias parcelas afectadas por los cambios del SIGPAC.
El impacto económico de la medida en el sector agrario
Según datos de La Unión Extremadura, cada año se ven afectados miles de recintos por modificaciones automáticas del SIGPAC, lo que obliga a los agricultores a presentar solicitudes de corrección. Con la nueva tasa de 29,06 euros por recinto, un agricultor con 10 parcelas afectadas tendrá que desembolsar 290,60 euros solo en tasas, sin contar con los costos de estudios agronómicos y documentación adicional.
En Extremadura, según los últimos datos oficiales, hay más de 40.000 explotaciones agrarias. Si cada explotación tuviera que modificar una media de 5 recintos, el impacto económico total de esta medida podría superar los 5,8 millones de euros anuales solo en tasas.
Una política fiscal contradictoria
Desde La Unión Extremadura también se ha criticado que la Junta de Extremadura haya promovido una reducción de impuestos para grandes empresas mientras impone nuevas tasas a los agricultores y ganaderos. La organización agraria ha enviado una carta a la presidenta de la Junta de Extremadura, exigiendo la eliminación de esta tasa y una política más justa para el sector primario.
El argumento principal es que los agricultores y ganaderos ya enfrentan numerosos costes derivados de la burocracia, como la presentación de estudios técnicos, certificaciones y documentación específica. «No es justo que los que trabajan la tierra tengan que pagar por un error de la administración», han manifestado.
Llamado a la eliminación de la tasa
La Unión Extremadura exige que se flexibilicen los trámites administrativos y que se elimine esta nueva tasa, que consideran injusta y perjudicial para el sector. Además, han instado a la administración regional a que cumpla con sus compromisos de reducir la carga burocrática para los agricultores y ganaderos, en lugar de imponerles nuevos costes.
La organización ha recordado que la agricultura y la ganadería son sectores clave para la economía extremeña, generando empleo y garantizando la seguridad alimentaria. En este sentido, han advertido que seguir sobrecargando a los productores con tasas y burocracia podría poner en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones agrarias.
Conclusión: una medida que perjudica al campo extremeño
La introducción de la tasa de 29,06 euros por recinto para la modificación del SIGPAC representa un nuevo obstáculo para los agricultores y ganaderos extremeños, quienes ya enfrentan un escenario complicado por la subida de costes de producción, la sequía y la volatilidad de los mercados agrarios.
Desde el sector se considera que esta medida supone un agravio comparativo en una región donde se han reducido impuestos a grandes empresas mientras se carga a los agricultores con más tasas. La petición de La Unión Extremadura de eliminar esta tasa busca evitar que los productores agrarios sigan siendo los más afectados por decisiones políticas que no tienen en cuenta su realidad económica.
La administración regional deberá responder a estas críticas y valorar si mantener esta tasa es la mejor decisión para un sector que es fundamental para el desarrollo y la economía de Extremadura.
