Las organizaciones con intereses ambientales que forman parte de los diferentes Consejos del Agua de las demarcaciones hidrográficas, y del propio Consejo Nacional del Agua, alertan de que las autoridades españolas han vuelto a recurrir a las excepciones y las medidas de urgencia para afrontar el periodo de sequía en el que se encuentran algunas regiones desde 2015. El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha aprobado recientemente el Real Decreto Ley 10/2017 por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, así como los distintos Reales Decretos de sequía y sus sucesivas prórrogas, con el objetivo de seguir gestionando estas circunstancias como si fueran “excepcionales”.
Sin embargo, las sequías son fenómenos naturales y recurrentes en ambientes mediterráneos como el propio de la mayor parte de España. El cambio climático va a hacer que estos fenómenos sean cada vez más frecuentes e intensos, incluso en territorios como la España húmeda, lo que agravará las situaciones de escasez de recursos hídricos que hoy en día ya padecemos. Ante este escenario, las organizaciones con intereses ambientales consideran que el Mapama debe dar un giro en la forma de abordar estos fenómenos extremos, a través de la integración de su gestión y prevención como parte de la planificación hidrológica ordinaria.
Las organizaciones ambientales consideran que los Planes hidrológicos de demarcación tienen que ser los instrumentos en los que se integren todas las medidas necesarias para la gestión del agua, incluidas aquellas para la gestión de las recurrentes sequías, basadas en la protección de los ecosistemas acuáticos y acuíferos para las generaciones futuras, tal y como requiere la Directiva Marco del Agua. De acuerdo con el principio de precaución, los planes hidrológicos deberían estimar los recursos disponibles y dar seguimiento a su evolución en el tiempo. En base a estos cálculos, habría que adaptar las demandas, previendo que el uso de los recursos en periodos de pluviometría media o alta deje margen para asegurar reservas suficientes en periodos de sequía. Estos criterios no se están siguiendo, más bien se está realizando todo lo contrario. Se da continuidad a un sistema que mantiene las demandas por encima de su propia capacidad, poniendo en riesgo el futuro de nuestros ríos, humedales y acuíferos, pero también la disponibilidad de recursos para los distintos usuarios del agua. Una situación que se intensifica en periodos de sequía.
También es necesario mejorar el sistema de indicadores que se utilizan en los Planes Especiales de Sequía (PES) para declarar un periodo de sequía. Actualmente estos indicadores no permiten distinguir entre las “sequías meteorológicas” (causadas por una disminución de las precipitaciones por debajo de la media registrada) de las de las «sequías construidas”, es decir, situaciones de escasez de agua vinculadas a los niveles de los embalses y acuíferos, por lo que dependen en gran medida de qué tipo de gestión (buen o mal uso/ahorro) del recurso se haya hecho antes y después de que las lluvias disminuyan.
Las organizaciones ambientales exigen al Mapama que asuma las responsabilidades de mejorar nuestra capacidad de adaptación ante las sequías, planteando una gestión hidrológica que verdaderamente incorpore este fenómeno natural, para prevenir y minimizar sus consecuencias a través de una adecuada gestión de la demanda del agua. Estos fenómenos extremos tienen que estar contemplados dentro de la planificación hidrológica ordinaria y no asumir que se trata de situaciones excepcionales que tienen que ser gestionadas a golpe de decretos de sequía urgentes, sin transparencia y participación de la sociedad al no ser sometidas a la consulta de los miembros del Consejo Nacional del Agua. No podemos permitirnos que los Planes Especiales de Sequía se conviertan en un problema, por las excepciones que plantean, en lugar de ser la solución contemplada dentro de la Planificación Hidrológica.
1 Entidades firmantes, por orden alfabético, representantes de los intereses ambientales en los consejos de planificación hidrológica a nivel estatal y de demarcación, y colectivos y plataformas ciudadanas que trabajan por una nueva política de aguas:
1. AEMS – Ríos con Vida
2. Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)
3. Coordinadora Ecoloxistad'Asturies
4. Ecologistas en Acción
5. Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)
6. SEO/Birdlife
7. WWF España