
El Pleno del Senado debatirá una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Gobierno de España a adoptar medidas urgentes y coordinadas para frenar los daños provocados por la fauna salvaje en la agricultura y la ganadería, así como para reforzar la sanidad animal y proteger un sector considerado estratégico para el medio rural y la economía nacional
La iniciativa, presentada por senador palentino, Jorge Martínez Antolín, surge como consecuencia de una interpelación parlamentaria sobre las actuaciones necesarias para evitar el impacto creciente de determinadas especies silvestres, especialmente el lobo ibérico y el jabalí, cuya gestión deficiente, según el texto, está generando graves perjuicios económicos, sanitarios y territoriales.
La ganadería, pilar del medio rural y del equilibrio territorial
El documento subraya que la ganadería y la producción agroalimentaria constituyen un pilar esencial del medio rural, del equilibrio territorial y de la economía española. Su sostenibilidad no depende únicamente de la rentabilidad económica de las explotaciones, sino también de la existencia de políticas públicas eficaces que garanticen un equilibrio razonable entre la protección medioambiental, la sanidad animal y la defensa de los profesionales del sector primario
En este sentido, el Grupo Popular alerta de que la falta de una gestión adecuada de determinadas especies de fauna silvestre está poniendo en riesgo este equilibrio, afectando de forma directa a la ganadería extensiva y al tejido productivo rural.
Incremento del lobo y del jabalí: impacto directo en el sector primario
La moción señala que, en los últimos años, se ha producido un incremento significativo de la población de lobo, con miles de reses muertas anualmente, lo que ha generado un impacto negativo creciente sobre la ganadería extensiva. Paralelamente, la población de jabalí se ha triplicado en la última década, alcanzando densidades que superan ampliamente los niveles compatibles con la seguridad sanitaria y el equilibrio ecológico
Esta expansión descontrolada no solo provoca daños directos en explotaciones agrícolas y ganaderas, sino que incrementa los riesgos sanitarios y dificulta la convivencia entre la actividad productiva y la conservación de la biodiversidad.
Incumplimientos legales y retrasos en la información a la Comisión Europea
El texto denuncia el incumplimiento de obligaciones legales por parte del Gobierno, entre ellas la no remisión a la Comisión Europea del informe sexenal del lobo correspondiente al periodo 2019-2024, aprobado el 14 de julio por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad
Según dicho informe, el estado de conservación del lobo es favorable tanto en la región atlántica como en la mediterránea, una conclusión que, según la moción, debería permitir avanzar hacia una gestión basada en criterios técnicos y científicos, conforme a la Directiva Hábitats y a la legislación nacional vigente.
Compensaciones pendientes: 20 millones de euros al año sin abonar
Otro de los ejes centrales de la iniciativa, presentada por el senador, Jorge Martínez Antolín es el retraso en el pago de las compensaciones comprometidas a las Comunidades Autónomas por los daños provocados por el lobo, que ascienden a 20 millones de euros anuales. Este retraso supone, según el Grupo Popular, un perjuicio directo para los ganaderos afectados y una clara falta de lealtad institucional
La moción reclama el abono inmediato de las cantidades pendientes y la regularización de las anualidades no satisfechas, como condición imprescindible para garantizar la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas.
Alarma sanitaria: riesgo de peste porcina africana
El documento también pone el foco en la aparición de un brote de peste porcina africana en España, tras décadas sin presencia de esta enfermedad. La sobrepoblación de jabalí, reconocida como uno de los principales vectores de transmisión, junto con la falta de medidas preventivas eficaces, ha incrementado notablemente el riesgo sanitario para un sector estratégico, líder en producción a nivel europeo y con un peso decisivo en el empleo y las exportaciones
Además, la gestión de este brote ha generado dudas en materia de transparencia, coordinación institucional y capacidad de anticipación, tanto en lo relativo al origen del foco como a los protocolos de detección, comunicación y control.
Reforzar la cooperación institucional y la coordinación autonómica
Ante este escenario, la moción considera imprescindible reforzar la cooperación institucional con las Comunidades Autónomas, garantizar su participación efectiva en los órganos técnicos y promover un enfoque conjunto entre las políticas agrarias, medioambientales y sanitarias
El objetivo es situar la defensa del sector ganadero y de la sanidad animal en el centro de la acción política, desde la colaboración, la transparencia y el respeto al trabajo de los profesionales del sector primario.
Las principales medidas que reclama el Senado
La iniciativa parlamentaria plantea un amplio paquete de actuaciones, entre las que destacan:
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Remitir de forma inmediata a la Comisión Europea el informe sexenal del lobo 2019-2024.
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Convocar con urgencia la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para coordinar la gestión del lobo con las Comunidades Autónomas.
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Adoptar medidas de gestión del lobo basadas en criterios técnicos y científicos.
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Abonar de inmediato los 20 millones de euros anuales comprometidos para compensar los daños del lobo.
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Poner todos los medios necesarios para evitar que la peste porcina africana afecte al sector productivo.
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Activar mecanismos de ayuda del PEPAC y reclamar fondos extraordinarios europeos en caso de crisis.
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Reforzar la bioseguridad, la vigilancia veterinaria y los controles en frontera.
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Impulsar acuerdos internacionales para evitar bloqueos injustificados a las exportaciones españolas.
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Contar con el sector cinegético para el control epidemiológico y la reducción de la población de fauna salvaje, especialmente de jabalíes
Una llamada política en defensa del sector primario
Con esta moción, el Grupo Parlamentario Popular busca que el Senado envíe un mensaje claro al Gobierno: la protección del medio ambiente debe ser compatible con la viabilidad del sector ganadero, la seguridad sanitaria y la defensa del medio rural.
El texto concluye reclamando una actuación urgente, coordinada y basada en criterios técnicos, que permita afrontar los desafíos derivados de la fauna salvaje sin abandonar a los profesionales del campo ni poner en riesgo uno de los sectores estratégicos de la economía española












