La Unió Llauradora i Ramadera ha calificado como una “burla” la ayuda ofrecida por el Gobierno de España para la adquisición de vehículos nuevos o de ocasión, destinada a los afectados por la reciente DANA. La organización denuncia que, en su forma actual, el programa de ayudas no tiene un impacto real en la recuperación de los damnificados y exige al Ejecutivo que adopte medidas más efectivas y solidarias para quienes han perdido bienes esenciales.
El plan gubernamental, dotado con 465 millones de euros, contempla ayudas de 5.000 euros para vehículos de combustión y 10.000 euros para eléctricos o híbridos. Según el Gobierno, esta medida busca apoyar a las más de 128.000 personas que han perdido sus vehículos, muchos de ellos declarados en siniestro total. Sin embargo, LA UNIÓ considera que esta iniciativa es insuficiente y no refleja el nivel de compromiso necesario para aliviar la carga económica de los afectados.
La organización agraria ha analizado los costos reales de adquirir un vehículo nuevo con las ayudas ofrecidas por el Gobierno. Según sus cálculos, un automóvil con un precio base de 18.173,55 euros genera un IVA de 3.816,45 euros y un impuesto de matriculación de 595,00 euros. Esto significa que el Estado recupera rápidamente los 5.000 euros en forma de impuestos, dejando a las familias afectadas en prácticamente la misma situación económica.
Ante este panorama, LA UNIÓ solicita al Gobierno que condone el pago de los impuestos relacionados con la compra de vehículos nuevos para las personas damnificadas por la DANA. Esta exoneración incluiría tanto el IVA como el Impuesto de Matriculación, que representan una carga significativa para las familias afectadas. En su defecto, la organización propone que las ayudas sean incrementadas en un importe equivalente a estos impuestos, permitiendo que el apoyo tenga un impacto tangible en la recuperación económica de los afectados.
Además de los costos directos asociados a la compra de vehículos, los damnificados por la DANA se enfrentan a otros pagos, como el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), gestionado por los ayuntamientos. Este tributo, que deben pagar todas las personas que figuren en el permiso de circulación a 1 de enero del año en curso, supone un gasto adicional que podría aliviarse mediante la exoneración temporal para las familias afectadas.
“Es inaceptable que quienes han perdido todo en esta catástrofe tengan que asumir estas cargas impositivas”, apuntan desde LA UNIÓ. “El Gobierno y los ayuntamientos deben mostrar un compromiso real con las familias damnificadas, no solo a través de ayudas directas, sino también eliminando barreras económicas innecesarias en un momento crítico”.
La DANA ha dejado a miles de familias en situación de vulnerabilidad extrema, con pérdidas materiales y emocionales incalculables. Los 5.000 o 10.000 euros ofrecidos por el Gobierno no reflejan el esfuerzo necesario para apoyar a quienes han perdido bienes esenciales como sus vehículos.
Cristóbal Aguado, presidente de LA UNIÓ, expresó su indignación por la falta de medidas más contundentes. “Exigimos que el Gobierno reconsidere sus prioridades y destine más recursos para todos los afectados, con un mayor esfuerzo y compromiso para apoyar a quienes realmente lo necesitan en estos momentos críticos. Es una burla que el Estado recupere casi toda la ayuda en forma de impuestos mientras las familias intentan rehacer sus vidas”.
Propuestas de LA UNIÓ: más compromiso y medidas efectivas
- Condonación de impuestos: Eliminar el IVA y el Impuesto de Matriculación para las compras de vehículos realizadas por los damnificados de la DANA.
- Incremento de ayudas: Aumentar las cantidades de apoyo en un importe equivalente a los impuestos, garantizando un beneficio neto real para los afectados.
- Exoneración del IVTM: Solicitar a los ayuntamientos que suspendan temporalmente este tributo para los damnificados que hayan perdido sus vehículos.
- Subcontratación de reparaciones: Permitir que los propios agricultores y entidades afectadas realicen las reparaciones de infraestructuras necesarias, con la garantía de reembolso de los costos incurridos.
La UNIÓ considera que la situación actual requiere un enfoque más solidario y comprometido por parte del Gobierno. “Las ayudas actuales son un gesto, pero no una solución real”, afirmó un portavoz de la organización. “El Ejecutivo debe priorizar a los damnificados, no solo con medidas inmediatas, sino también con políticas a largo plazo que aseguren una recuperación económica justa y sostenible”.
Con estas propuestas, LA UNIÓ insta al Gobierno a actuar con responsabilidad y a mostrar un compromiso real con quienes más lo necesitan. En palabras de Aguado: “Las familias afectadas no necesitan gestos simbólicos; necesitan soluciones concretas que les permitan recuperar sus vidas. Es hora de que el Gobierno esté a la altura de las circunstancias”.
