La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), a través de su organización estatal, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha manifestado públicamente su malestar y preocupación por la falta de información y transparencia que rodea el proceso de revisión del seguro agrario para cultivos herbáceos. La organización denuncia que ni ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios) ni AGROSEGURO han facilitado los datos necesarios para analizar en profundidad las modificaciones previstas para la campaña 2025-2026, lo que impide que agricultores y organizaciones profesionales agrarias puedan ejercer su derecho a opinar, alegar o proponer mejoras.
La situación se agrava, según señala UCCL, porque se trata de una línea de seguro con altísima implantación en Castilla y León, donde la contratación de seguros agrarios para herbáceos es una práctica habitual entre los productores. Por ello, desde la organización consideran “inadmisible” que se avance en una reforma de esta magnitud sin contar con la participación activa del sector afectado.
Los hechos se remontan al pasado 29 de mayo de 2025, fecha en la que se celebró una reunión del Grupo de Trabajo de ENESA sobre el seguro de herbáceos. A dicha reunión asistieron representantes de UCCL a través de Unión de Uniones. Durante la sesión se comunicó que tanto ENESA como AGROSEGURO habían llevado a cabo una revisión de las bases de datos de rendimientos y de los niveles de riesgo, respectivamente, con vistas a aplicar importantes cambios en la línea de seguro de cultivos herbáceos.
Sin embargo, tal y como denuncia la organización, no se entregaron los resultados detallados de dichas revisiones, impidiendo su análisis técnico y su evaluación por parte de las organizaciones agrarias. UCCL solicitó formalmente el acceso a esta información clave, pero solo recibió una media provincial de los rendimientos, sin ningún desglose por cultivo ni municipio.
“La falta de transparencia y el oscurantismo al que nos tienen acostumbrados en materia de seguros agrarios no puede continuar. No entendemos cómo, si se van a modificar rendimientos por cultivos y municipios y estos datos se publicarán en el BOE con efectos el 1 de septiembre, no se nos facilita esa información para poder ejercer nuestro derecho a alegar”, ha afirmado un portavoz de UCCL.
La urgencia de convocar la Comisión Territorial de Seguros Agrarios
Ante la gravedad de los cambios previstos y la falta de información detallada, UCCL ha solicitado a la Junta de Castilla y León la convocatoria urgente de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios, un órgano que, según recuerdan, debe actuar como foro de análisis, debate y formulación de propuestas en torno a la evolución del sistema de seguros agrarios en la comunidad.
“Esta comisión es el lugar adecuado para que se valore de forma conjunta y rigurosa el impacto de las modificaciones propuestas por ENESA y AGROSEGURO en Castilla y León, y se adopte una postura común de la comunidad autónoma en el Grupo de Trabajo de Normativa de ENESA, donde tanto la Junta como nuestra organización tienen representación”, ha remarcado UCCL.
Según fuentes de la organización, la inacción de la administración autonómica en este asunto compromete la capacidad del sector para defender sus intereses ante las instancias estatales y pone en peligro la equidad y efectividad del sistema de seguros, especialmente en una región donde el peso del sector agrícola y, en particular, de los cultivos herbáceos es muy relevante.
Aunque la información oficial aún es incompleta, UCCL advierte de que los cambios en los rendimientos asegurables y en la clasificación de los niveles de riesgo pueden afectar de manera directa a las primas y a las indemnizaciones, con un claro impacto económico sobre los productores.
“El sistema de seguros agrarios debe ser un instrumento eficaz y justo para compensar los riesgos inherentes a la actividad agraria, cada vez más marcados por el cambio climático y la volatilidad del mercado. Si no hay claridad en los datos, si no se involucra a quienes trabajan la tierra, este sistema pierde legitimidad y eficacia”, alertan desde UCCL.
Uno de los temores principales es que los ajustes puedan conllevar reducciones encubiertas en los rendimientos asegurables o incrementos en los costes de contratación, lo que haría menos atractivo o directamente inaccesible este seguro para muchos agricultores. Esto podría traducirse en una menor cobertura frente a siniestros, como sequías o granizadas, que en Castilla y León son cada vez más frecuentes.
Desde UCCL insisten en que el sistema de seguros agrarios español, pionero y referencia a nivel europeo, debe regirse por los principios de transparencia, participación y corresponsabilidad. Para ello, reclaman un acceso real y actualizado a los datos técnicos, así como mecanismos eficaces de diálogo y consulta con las organizaciones profesionales agrarias.
“Las decisiones que se tomen ahora van a condicionar la próxima campaña y pueden tener un impacto importante en la rentabilidad de muchas explotaciones. No es admisible que se publiquen en el BOE sin haber sido analizadas y discutidas previamente con el sector”, subraya la organización.
Además, UCCL ha anunciado que seguirá insistiendo ante ENESA, AGROSEGURO y la administración regional para que se facilite la información solicitada con carácter inmediato. También ha advertido que, de mantenerse esta actitud de opacidad, se plantearán nuevas acciones para defender los intereses de los agricultores y ganaderos de la comunidad.
Finalmente, la organización ha hecho un llamamiento a la unidad del sector agrícola de Castilla y León para exigir mayor transparencia en la gestión de los seguros agrarios y una implicación real de la administración autonómica.
“La defensa de nuestros intereses pasa por tener voz y voto en todas las decisiones que nos afectan. No podemos permitir que se siga gobernando el sistema de seguros agrarios desde despachos cerrados y sin contar con quienes día a día hacen frente a los riesgos del campo”, concluyen desde UCCL.
La organización espera que en los próximos días se produzca una rectificación por parte de ENESA y AGROSEGURO, y que se convoque sin más demora la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Castilla y León. De lo contrario, advierten, el malestar en el sector irá en aumento y podrían iniciarse movilizaciones o medidas de presión para exigir un cambio de rumbo.
