
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha lanzado una contundente petición de reforma urgente del sistema de seguros agrarios para frutales, especialmente en el ámbito del seguro de fruta dulce, tras su participación en la última reunión del Grupo de Trabajo del Seguro de Frutales, celebrada en el seno de la Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA). Durante este encuentro, la organización puso de manifiesto las graves deficiencias que arrastra el modelo actual y criticó con dureza a Agroseguro por incumplir compromisos previamente adquiridos con los agricultores, lo que agrava aún más la situación del sector en un contexto de creciente riesgo climático.
Uno de los principales motivos de preocupación para Unión de Uniones es el progresivo recorte del capital garantizado que se permite asegurar a los productores, una reducción que se ha ido intensificando en los últimos años. A este problema se suma el encarecimiento «exagerado» del coste del seguro, una situación que persiste incluso con las ayudas destinadas a subvencionar parte de la contratación, lo que para la organización representa “un doble castigo” para los agricultores. “Por un lado, se limitan las coberturas, y por otro, se encarecen las pólizas. Es un sinsentido que desincentiva la contratación y debilita una herramienta que debería ser esencial para el campo”, denuncian desde la organización.
Unión de Uniones ha reprochado a Agroseguro el incumplimiento del compromiso adquirido de no tener en cuenta las heladas extremas de 2022 a la hora de establecer límites en las prestaciones aseguradas. A juicio de la organización, las consecuencias de este incumplimiento ya se están haciendo notar entre los agricultores, que se ven privados de coberturas necesarias en muchas zonas productoras y especialmente en aquellas más expuestas a condiciones climáticas adversas.
Durante la reunión, la organización planteó una batería de propuestas dirigidas a mejorar el funcionamiento del seguro agrario en el ámbito de la fruta dulce. Una de las más importantes es la exigencia de transparencia y claridad en los criterios que se utilizan para considerar a un agricultor como asegurado de “reiterada y alta siniestralidad”. Unión de Uniones defiende que, hasta que dichos criterios estén bien definidos, no se apliquen penalizaciones arbitrarias a ningún productor. “Hoy por hoy, muchos agricultores están siendo penalizados sin saber exactamente por qué, con recargos que afectan directamente a su capacidad de asegurar la producción y mantener la viabilidad de sus explotaciones”, denuncian.
Además, la organización considera fundamental revisar el funcionamiento de las tablas de bonificaciones y recargos que aplica Agroseguro. Solicitan que los recargos que actualmente soportan muchos agricultores sean también objeto de subvención pública, ya que “resulta injusto que los productores que más necesitan del seguro agrario, por estar más expuestos al riesgo, sean precisamente los que tienen que pagar más”. Asimismo, se propone que el seguro complementario goce del mismo nivel de subvención que el seguro principal, evitando así situaciones de desprotección como las vividas recientemente por los efectos de tormentas y granizadas.
En este contexto, Unión de Uniones denuncia que, tras la granizada del pasado 19 de abril, muchos productores quedaron indefensos por no haber contratado aún el seguro complementario, una cobertura cuya contratación es posterior al principal. “La reintroducción de la extensión de garantías por daños de pedrisco podría haber evitado esta situación. Es una cobertura que no debería haberse eliminado nunca”, aseguran.
Seguros agrarios
La organización también ha solicitado que se adapten las tarifas y coberturas de las explotaciones que diversifican riesgos mediante el cultivo de distintas especies de fruta dulce o la implementación de mecanismos de protección activa, como redes antigranizo o sistemas antiheladas. “Quien invierte en proteger su producción debería ver reconocida esa inversión a través de primas más justas y coberturas adaptadas”, argumentan.
Uno de los aspectos más destacados de la intervención de Unión de Uniones fue la necesidad de adaptar el seguro agrario a los efectos del cambio climático. La organización aboga por incluir nuevas coberturas que respondan a fenómenos cada vez más frecuentes, como los golpes de calor o la falta de floración provocada por daños arrastrados del año anterior. También reclaman que se consideren como riesgo excepcional los daños por calor extremo y que su valoración se realice a nivel de parcela, y no de explotación, para evitar penalizaciones injustas.
En el ámbito fitosanitario, Unión de Uniones también propone que las plagas y enfermedades nuevas, cuyo control no esté aún plenamente desarrollado, sean asegurables. Esta medida permitiría a los productores contar con una red de seguridad frente a amenazas emergentes que podrían tener graves consecuencias para la producción.
Asimismo, la organización ha pedido actualizar los precios de indemnización establecidos en las pólizas, de forma que cubran, al menos, los costes reales de producción. “No tiene sentido que el seguro indemnice por debajo de lo que cuesta producir una fruta. Eso desincentiva la contratación y deja al agricultor desprotegido”, aseguran desde Unión de Uniones.
Por último, la organización ha instado tanto a ENESA como a las comunidades autónomas a llegar al máximo nivel de subvención permitido por la normativa de la Unión Europea. Consideran que, en un contexto de incremento de riesgos climáticos, el seguro agrario debe mantenerse como una herramienta eficaz y accesible para todos los agricultores. “Es necesario que el Estado y las autonomías apuesten decididamente por esta política pública, no solo manteniendo las ayudas actuales, sino incrementándolas hasta el máximo permitido por Bruselas”, sentencian.
Con estas medidas, Unión de Uniones espera abrir un proceso de diálogo real y eficaz con las administraciones y con Agroseguro, orientado a garantizar que el seguro agrario siga siendo una herramienta útil para el campo español. “No estamos pidiendo privilegios, estamos reclamando justicia y sentido común. El seguro tiene que estar al servicio del agricultor, no convertirse en un obstáculo más”, concluyen desde la organización.








