La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha expresado su descontento ante las recientes medidas adoptadas por la Comisión Europea en apoyo al sector del vino, considerando que, aunque positivas en algunos aspectos, resultan claramente insuficientes para abordar los problemas estructurales que arrastra el viñedo europeo.
Las decisiones anunciadas por la Comisión pretenden dar respuesta a la prolongada caída de la demanda de vino, las tensiones geopolíticas que afectan al comercio internacional, el impacto de los aranceles y los efectos del cambio climático. Sin embargo, desde la Unión de Uniones se critica la falta de medidas fundamentales, especialmente la ausencia de un plan de arranque subvencionado con criterios sociales que permita una salida digna para quienes desean abandonar la actividad vitivinícola.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación en la organización agraria es la carencia de financiación adicional desde el presupuesto comunitario. «La propuesta se queda corta en recursos. Sin una inyección económica real, muchas de las medidas anunciadas quedan en papel mojado», afirman desde Unión de Uniones. En este sentido, se insiste en que los fondos de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) deberían reorientarse para apoyar a los viticultores que se mantienen en el sector y facilitar la salida voluntaria y ordenada de quienes desean cesar la actividad.
Entre los cambios introducidos por la Comisión destaca la posibilidad de que los Estados miembros puedan limitar, e incluso reducir a cero, la concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones en regiones donde se detecte un exceso de oferta. Esta medida está condicionada a que se hayan implementado previamente acciones nacionales o comunitarias como la destilación de crisis, la vendimia en verde o el arranque voluntario.
Asimismo, se amplía el periodo de validez de las autorizaciones de replantación de tres a ocho años, lo que proporciona mayor flexibilidad a los viticultores a la hora de adaptar sus explotaciones a las nuevas demandas del mercado o a los retos climáticos.
Ayudas al sector del vino
Otro aspecto positivo es que los viticultores que dispongan de autorizaciones para nuevas plantaciones concedidas antes del 1 de enero de 2025 podrán renunciar a ellas sin incurrir en penalizaciones administrativas. Además, se eleva el límite de ayuda nacional para medidas de crisis como la destilación o la cosecha en verde, pudiendo alcanzar hasta el 20% de la asignación comunitaria.
Sin embargo, Unión de Uniones se muestra especialmente crítica con la forma en que se ha tratado el denominado «arranque social». La organización considera que la ausencia de una financiación clara y suficiente para este instrumento lo convierte en una herramienta poco eficaz. «El arranque social no puede depender de la buena voluntad o la interpretación de cada Estado miembro. Debe contar con respaldo económico firme y estar orientado por criterios sociales claros», subrayan.
En su análisis, Unión de Uniones denuncia la exclusión de varias propuestas clave:
- La posibilidad de ampliar las campañas de promoción dentro del mercado comunitario, y no solo en terceros países.
- La apertura de la medida de inversiones a los productores, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los eco-regímenes de la actual PAC.
- La extensión de la medida de destilación de subproductos a las bodegas, permitiendo así prácticas de economía circular que, aunque se mencionan en el texto legal, no se desarrollan con la fuerza necesaria.
Entre los puntos positivos, se valora el aumento del apoyo financiero hasta el 80% de los costes subvencionables para inversiones orientadas a la mitigación del cambio climático y la adaptación del viñedo. También se amplía de tres a cinco años la duración de las campañas de promoción en terceros países, lo que podría contribuir a reforzar la imagen del vino europeo en mercados emergentes.
El nuevo paquete también contempla cambios normativos en materia de comercialización y etiquetado de vinos desalcoholizados, con el objetivo de adaptar la oferta a nuevas tendencias de consumo y reforzar la transparencia para los consumidores. Igualmente, se reconoce la importancia de que cooperativas y organizaciones de productores puedan acceder a las ayudas para inversiones, promoviendo la modernización del sector.
Para Unión de Uniones, las medidas adoptadas por la Comisión Europea son un paso en la buena dirección, pero claramente insuficiente. La organización insiste en la necesidad de un enfoque estratégico que combine sostenibilidad económica, social y ambiental, con herramientas bien financiadas y diseñadas en colaboración con los actores del sector.
«No podemos seguir afrontando crisis cíclicas del vino con soluciones temporales y parches legislativos. El viñedo necesita una política agraria que garantice su viabilidad a largo plazo, con especial atención a las explotaciones familiares y las zonas rurales más dependientes del cultivo de la vid», concluyen desde la organización.
La Unión de Uniones espera que estas reivindicaciones sean tenidas en cuenta durante el proceso de tramitación del nuevo reglamento y en futuras revisiones de la política vitivinícola comunitaria
