el sector agrario, a través de las principales organizaciones agrarias de Cataluña, entre ellas Unió de Pagesos, Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Catalunya (JARC), ASAJA y el Gremio de la Pagesia, han denunciado de forma conjunta la creciente presión administrativa que sufren las explotaciones agrarias, especialmente en épocas clave como las campañas de recolección. En una declaración común, han exigido a la Administración una reforma urgente del sistema de inspecciones que lo aleje del modelo sancionador actual y lo acerque a uno basado en el acompañamiento y el apoyo a las explotaciones.
Un compromiso firme con la legalidad, pero exigiendo proporcionalidad
Desde el sector insisten en que existe un firme compromiso con el cumplimiento de la legalidad laboral y la seguridad de las personas trabajadoras, pero denuncian que la situación actual genera una percepción de persecución que en nada ayuda a mejorar las condiciones del trabajo en el campo. En este sentido, consideran imprescindible que se reformule el marco de inspecciones, adoptando una visión más realista de las dificultades del trabajo agrario.
Uno de los ejes centrales de la crítica es el impacto que tienen las sanciones recurrentes sobre las explotaciones, especialmente cuando estas conllevan la pérdida de ayudas de la PAC. El sector recuerda que, en muchos casos, los errores que se penalizan son fruto de problemas estructurales como la falta de mano de obra o los cambios legislativos poco claros, y no de mala fe o incumplimiento deliberado.
Regularización de trabajadores y seguridad jurídica
Las organizaciones han reiterado la importancia de contar con una regulación clara y segura que permita incorporar trabajadores sin papeles, una demanda histórica del sector, especialmente en la fruticultura, donde cada campaña se enfrenta a una falta estructural de personal. La seguridad jurídica en estos procesos es clave para evitar que el empresario agrario acabe siendo sancionado por situaciones que escapan a su control, agravando aún más la fragilidad económica de muchas explotaciones.
Acompañamiento policial: una dinámica contraproducente
Uno de los aspectos más criticados por las entidades agrarias es la presencia policial durante las inspecciones laborales, algo que genera una tensión innecesaria y transmite una imagen de sospecha generalizada hacia un sector que —según aseguran— muestra en la mayoría de los casos voluntad de colaborar y actuar dentro del marco legal.
Casos reales: cuando el agricultor paga por un engaño
Entre los ejemplos concretos que denuncian, destaca el caso de sanciones impuestas a explotaciones cuando un trabajador utiliza documentación falsa o de otra persona. Aunque en varios casos la justicia ha reconocido que los agricultores fueron engañados, las multas recaen sobre ellos, lo que el sector considera injusto. Las entidades reclaman una revisión de los protocolos de actuación, para que la responsabilidad no recaiga en quien ha actuado correctamente, dando de alta a un trabajador y sin recibir advertencia alguna sobre irregularidades.
Flexibilidad en el registro horario y adaptación tecnológica
Otra de las peticiones es la flexibilización de las normas sobre el registro horario durante las campañas agrícolas. Estas campañas presentan características propias: las jornadas empiezan en distintos puntos de la finca, muchas veces sin que la persona titular esté presente, y la posibilidad de usar sistemas digitales está limitada por la brecha tecnológica y la falta de cobertura en zonas rurales.
Por ello, el sector propone un margen razonable de varios días para completar los registros sin que ello suponga una infracción. Esta medida permitiría evitar sanciones que, a menudo, responden a realidades logísticas y no a incumplimientos reales.
Formación en prevención: certificados válidos a largo plazo
Las entidades también proponen medidas que reduzcan la carga burocrática, como la posibilidad de expedir certificados de formación en prevención de riesgos laborales válidos por periodos prolongados. En la actualidad, los trabajadores deben repetir las formaciones cada vez que cambian de empresa o se reincorporan, aunque tengan experiencia. Esta repetición innecesaria implica un desgaste de recursos y una duplicidad administrativa que podría evitarse fácilmente con cambios normativos.
Inspecciones sin concreción y sanciones sin sentido
Otro foco de conflicto es la falta de concreción de muchas inspecciones, que derivan, una vez superados los controles laborales, hacia aspectos secundarios como el estado de la maquinaria o herramientas. En algunos casos, se sanciona por el uso de equipos no homologados cuando ni siquiera existe un procedimiento oficial para su homologación, lo que resulta en sanciones desproporcionadas para agricultores que simplemente están trabajando con los medios a su alcance.
Un llamamiento al diálogo y la reforma estructural
El mensaje de las organizaciones es claro: no se niega la necesidad de inspecciones ni la importancia de la legalidad, pero sí se exige que estas actuaciones sean proporcionadas, claras y adaptadas al día a día del trabajo agrario. En definitiva, el campo pide que se deje de tratar al agricultor como sospechoso y se le empiece a tratar como aliado estratégico para garantizar la seguridad alimentaria, el empleo rural y el cuidado del territorio.
Conclusión
Las entidades firmantes insisten en que el actual modelo de inspección no tiene en cuenta las realidades sociales, tecnológicas ni productivas del campo. Reclaman una profunda revisión del marco sancionador, una simplificación administrativa y una alianza real entre Administración y sector primario. Solo así, aseguran, será posible avanzar hacia un modelo agrario más justo, eficiente y sostenible, que permita a los agricultores centrarse en lo esencial: producir alimentos y mantener vivo el medio rural.
