Las grandes bodegas de la DOC Rioja están nuevamente en el punto de mira de los agricultores y asociaciones del sector debido a su estrategia de ofrecer precios por debajo de los costes de producción para la actual campaña de uva. Una situación que, según UAGR-COAG, amenaza la sostenibilidad del sector y pone en riesgo a miles de productores locales.
Los precios: una oferta por debajo del umbral de rentabilidad
Las últimas cifras revelan que las grandes bodegas planean pagar menos de 0,80 €/kilo de uva, un precio que no cubre los costes mínimos de producción. Estos costes fueron establecidos por la Consejería de Agricultura el año pasado, y representan el umbral por debajo del cual los viticultores incurren en pérdidas. Esta situación genera una presión insostenible para los pequeños y medianos productores, quienes, además de enfrentar los crecientes costos operativos, deben lidiar con precios que no reflejan el valor real de su trabajo.
Según Roberto Salinas, responsable vitivinícola de la UAGR-COAG, la situación ha llegado a un punto crítico: «Esto es ya inaguantable, tenemos que empezar a cortar las uvas para saber cuánto se van a dignar a pagar por ellas, y cuando lo sabemos constatamos que volveremos a trabajar otro año a pérdidas». Sus palabras reflejan el malestar generalizado entre los agricultores, quienes se sienten atrapados en un sistema que favorece a las grandes bodegas.
Incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria
El principal problema radica en que estas grandes bodegas están actuando en claro incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, la cual prohíbe que se paguen precios por debajo de los costes de producción. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta ley, las bodegas parecen estar dispuestas a incumplirla nuevamente este año, como lo han hecho en campañas anteriores.
Las asociaciones de agricultores, encabezadas por la UAGR-COAG, exigen una intervención inmediata tanto de la Consejería de Agricultura como de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA). El objetivo es denunciar y sancionar a las bodegas que, de manera flagrante, violan la normativa. Para Salinas, la actuación debería ser tan contundente como la que ejerce la Fiscalía ante un presunto delito: «Igual que la Fiscalía actúa de oficio, como es su obligación, cuando conoce la existencia de un presunto delito, lo mismo debería hacerse en el sector agrario, en este caso, en el vitivinícola».
El dominio de las grandes bodegas: un abuso que pone en riesgo al viticultor
El hecho de que las grandes bodegas puedan imponer precios tan bajos se debe, en gran medida, a su posición dominante en el mercado. Al controlar la mayor parte de la demanda de uva en la DOC Rioja, tienen la capacidad de fijar precios que, en muchos casos, resultan ruinosos para los agricultores. Este desequilibrio en el poder de negociación se traduce en un claro abuso de su dominio en la cadena de valor, dejando a los viticultores en una situación de vulnerabilidad extrema.
La administración regional, por su parte, ha sido criticada por su inacción. Las organizaciones agrarias denuncian que las autoridades se escudan en la falta de denuncias para evitar tomar medidas. Sin embargo, la ley establece claramente que la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura tiene la autoridad para actuar de oficio cuando se detectan incumplimientos flagrantes de la normativa, como en este caso.
La reacción de los agricultores: demandas de acción inmediata
La indignación entre los viticultores es palpable. No solo por los bajos precios, sino por la falta de apoyo por parte de las instituciones. La sensación generalizada es que, una vez más, son los más pequeños los que cargan con el peso de un sistema injusto, mientras que las grandes bodegas continúan acumulando beneficios.
Roberto Salinas lo expresa con claridad: «Es impresentable que se ponga la responsabilidad en la parte más débil de la cadena, el viticultor, mientras que quienes tienen la sartén por el mango, las grandes bodegas, se aprovechan de su posición de dominio para llevar a la quiebra a los agricultores, con la connivencia de los gobernantes de turno». Este sentimiento de abandono y frustración se ha visto reflejado en numerosas protestas y movilizaciones del sector.
Un contexto de creciente incertidumbre económica
El contexto económico en el que se desarrolla esta crisis añade una capa adicional de complejidad. Los costes de producción en la viticultura han aumentado de manera significativa en los últimos años debido al encarecimiento de los insumos, la energía y la mano de obra. A esto se suma la incertidumbre climática, con fenómenos meteorológicos extremos que han afectado el rendimiento de las viñas en varias regiones de España.
En este sentido, la combinación de precios ruinosos y costes en aumento ha llevado a muchos agricultores a replantearse su futuro en el sector. Según estimaciones de las asociaciones agrarias, si no se toman medidas urgentes, el número de viticultores que podrían abandonar la actividad en los próximos años podría aumentar drásticamente, lo que tendría un impacto devastador en la economía rural de la región.
El llamado a la acción: salvar el futuro de la viticultura en la DOC Rioja
Las organizaciones agrarias han dejado claro que no se quedarán de brazos cruzados ante esta situación. Exigen una intervención rápida y decidida por parte de las autoridades competentes. En particular, solicitan que la Consejería de Agricultura y la AICA actúen de manera inmediata para investigar y sancionar a las bodegas que estén pagando precios por debajo de los costes de producción.
Además, insisten en que se debe implementar un sistema de control más riguroso que garantice el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y evite que situaciones como esta se repitan en el futuro. «No queremos buenas palabritas, estamos más que hartos ya. Que actúen ya y se dejen de excusas», reclama Roberto Salinas, en nombre de todos los viticultores afectados.
Conclusión: un futuro incierto para los viticultores de la DOC Rioja
La crisis de precios en la DOC Rioja no es solo un problema económico, sino una cuestión que afecta directamente al futuro de la viticultura en una de las regiones más emblemáticas de España. Si no se toman medidas urgentes, el impacto en los viticultores y en el conjunto de la cadena de valor del vino será devastador. Es hora de que las autoridades actúen para garantizar que el trabajo de los agricultores sea remunerado de manera justa, y que las grandes bodegas dejen de abusar de su posición de poder.
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