La organización Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha emitido un nuevo informe basado en los datos del Ministerio del Interior que revela una preocupante realidad para el sector agrario español: a pesar de una ligera bajada en el número de robos durante el año 2024, la criminalidad en el campo continúa 
niveles muy por encima de los registrados antes de la pandemia de COVID-19. Con una media de 29 robos diarios en explotaciones agrarias, el problema persiste y genera una creciente sensación de inseguridad entre agricultores y ganaderos de todo el país.
Los datos oficiales indican que durante 2024 se registraron un total de 10.599 robos en el medio rural, lo que supone una leve reducción frente a los 11.376 hechos delictivos ocurridos en 2023. No obstante, Unión de Uniones considera que esta bajada del 6,83% es “insuficiente e irrisoria”, sobre todo teniendo en cuenta que muchos agricultores ni siquiera denuncian los hechos por la excesiva carga burocrática y la sensación de impunidad.
“La situación sigue siendo preocupante. Hablamos de más de diez mil robos al año, de los que muchos no llegan a denunciarse. Esto genera un gran impacto económico y psicológico en las familias que viven del campo”, señalan desde la organización agraria. Además, advierten que “mientras no se tomen medidas reales de vigilancia y simplificación en los trámites de denuncia, el problema persistirá”.
Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana concentran más del 60% de los robos
Una vez más, Andalucía, Castilla – La Mancha y Comunitat Valenciana encabezan la lista de comunidades autónomas con mayor número absoluto de robos en el campo. Andalucía registra el 32,28% del total nacional de robos en explotaciones agrarias, seguida por Castilla-La Mancha con 19,94% y la Comunitat Valenciana con 12,57%. Estas tres regiones aglutinan más del 64% de los robos denunciados, lo que las convierte en focos especialmente críticos para la seguridad rural.
Unión de Uniones señala que estas cifras deben analizarse también desde el prisma de la densidad delictiva, es decir, el número de robos en relación con el número de explotaciones agrarias existentes en cada comunidad. Según este criterio, y tomando como referencia el Censo Agrario de 2020, la media estatal se sitúa en 11,59 robos por cada 1.000 explotaciones. Sin embargo, algunas comunidades superan con creces esta cifra.
Cuando se analiza el número de robos en función de la densidad por cada 1.000 explotaciones agrarias, la clasificación cambia sustancialmente. En este caso, la Comunidad de Madrid encabeza la lista con 23,38 robos por cada 1.000 explotaciones, seguida de Canarias (20,99) y Murcia (20,32). Esto indica que, aunque en términos absolutos estas comunidades no sean las más afectadas, sí lo son en proporción a su tejido agrario, lo que agrava la percepción de inseguridad en dichas zonas.
En el extremo opuesto, las provincias con menor incidencia de robos agrarios por densidad son Bizkaia, Lugo y Asturias, que registran los índices más bajos en todo el país. Aun así, desde la organización agraria insisten en que la criminalidad rural es un problema transversal que afecta, en mayor o menor medida, a todo el territorio nacional.
A nivel provincial, los puntos más conflictivos se localizan en Almería, Huelva, Sevilla, Las Palmas, Valladolid, Madrid y Murcia, provincias que presentan índices muy por encima de la media nacional, tanto en términos absolutos como relativos.
A pesar del panorama general negativo, el informe de Unión de Uniones destaca un pequeño avance en el número de robos esclarecidos. Según los datos del Ministerio del Interior, en 2024 se resolvieron 2.096 delitos, lo que representa un 19,78% del total de hechos conocidos. Este porcentaje supone un leve incremento respecto a los años anteriores: en 2023 la tasa de resolución fue del 18,56% y en 2022 del 17,79%.
Madrid, Islas Baleares y Asturias son las comunidades con mayor porcentaje de delitos esclarecidos, mientras que Cantabria, La Rioja y Murcia registran los peores índices de resolución, lo que apunta a una desigualdad en la eficacia de los cuerpos de seguridad en función del territorio.
Unión de Uniones denuncia que, a pesar del esfuerzo de la Guardia Civil y la existencia de equipos ROCA (Robos en el Campo), los recursos destinados a combatir esta lacra siguen siendo claramente insuficientes. “Parece que hay más efectivos ROCA, pero no es suficiente. Necesitamos más vigilancia activa, más patrullas rurales y una mejor coordinación con las policías locales”, exigen.
Además, la organización agraria subraya que la burocracia sigue siendo una barrera importante para que muchos agricultores denuncien los robos sufridos. “Muchos pequeños propietarios, al ver que la denuncia requiere papeleo, tiempo y luego no conduce a nada, directamente optan por no denunciar. Esto hace que los datos reales probablemente sean mucho peores que los que conocemos”, advierten.
Desde Unión de Uniones insisten en la necesidad de facilitar los trámites de denuncia, implementar una vigilancia más eficaz y proactiva y poner en marcha iniciativas tecnológicas y de prevención, como cámaras de videovigilancia conectadas con las fuerzas del orden o sistemas de geolocalización de maquinaria.
A modo de conclusión, la organización agraria afirma que el problema de los robos en el campo es estructural y persistente, y requiere una respuesta decidida por parte del Ministerio del Interior y las Comunidades Autónomas. “No podemos seguir permitiendo que miles de familias vivan con miedo a que les roben sus cosechas, sus herramientas, su maquinaria. Es un problema de seguridad, pero también de justicia social y de protección del medio rural”, concluyen.
La entidad agraria también ha pedido una reunión urgente con representantes del Ministerio del Interior para exponer directamente la gravedad de la situación y proponer un paquete de medidas urgentes que ayuden a frenar esta ola de criminalidad rural, que, pese al leve descenso de 2024, continúa muy lejos de los niveles anteriores a la pandemia.
En definitiva, el campo español sigue siendo un blanco fácil para la delincuencia, y sus protagonistas, los agricultores y ganaderos, reclaman menos palabras y más acciones.
