El campo valenciano vuelve a situarse en el punto de mira de la delincuencia organizada. En los últimos días se ha detectado el robo de más de 36.000 kilos de Clemenvilla en dos fincas agrícolas del término municipal de Betxí, en la comarca castellonense de la Plana Baixa. Se trata de una de las variedades de mandarina con mejores cotizaciones en los mercados en estos momentos, lo que ha incrementado su atractivo para los ladrones y ha encendido todas las alarmas entre los productores y las organizaciones agrarias.
Ante esta situación, LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha alertado públicamente de una auténtica oleada de robos de cítricos en la comarca y ha reclamado un refuerzo inmediato de la vigilancia en todas las zonas productoras de la Comunitat Valenciana durante la actual campaña de recolección. La organización agraria considera que estos hechos no son aislados, sino que forman parte de una tendencia creciente que amenaza gravemente la rentabilidad de las explotaciones y la seguridad de los agricultores.
Robos registrados
Los robos registrados en Betxí afectan a alrededor de 36.000 kilos de Clemenvilla, una cifra muy significativa si se tiene en cuenta la coyuntura actual del sector. Esta variedad presenta esta campaña una producción especialmente baja, con un descenso estimado del 55% respecto a la pasada temporada. En toda la provincia de Castellón apenas se contabilizan unas 10.600 toneladas de Clemenvilla, por lo que la sustracción de semejante volumen de fruta supone un duro golpe económico para los productores afectados y para el conjunto del sector citrícola.
Desde LA UNIÓ explican que el contexto de menor cosecha generalizada de cítricos está propiciando un aumento de los precios en origen y un mayor valor de la fruta en el mercado. Esta circunstancia, lejos de ser únicamente una buena noticia para los agricultores, se ha convertido también en un factor de riesgo añadido, ya que incrementa el atractivo del robo de cosechas. “Cuando la fruta vale más y hay menos cantidad disponible, el campo se convierte en un objetivo prioritario para las mafias y los delincuentes”, advierten desde la organización.
Por este motivo, LA UNIÓ reclama un mayor control y vigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las policías locales y de las guarderías rurales municipales. En especial, la organización agraria subraya la importancia del Grupo ROCA de la Guardia Civil, especializado en la lucha contra los robos en el medio rural, y solicita un refuerzo tanto de recursos humanos como materiales para mejorar la eficacia de su actuación durante la campaña de recolección del cultivo más importante del campo valenciano.
La organización ha anunciado que trasladará formalmente estos hechos a la Subdelegación del Gobierno, con el objetivo de reclamar una mayor coordinación de los efectivos policiales y una presencia más visible en las zonas agrícolas más vulnerables. Según LA UNIÓ, la prevención es clave para disuadir a los delincuentes, pero no es suficiente si no va acompañada de una persecución efectiva de los delitos y de sus responsables.
En este sentido, la entidad agraria pone el foco en los preocupantes datos de esclarecimiento de robos en el campo valenciano. Durante el año 2024 se registraron en la Comunitat Valenciana un total de 1.333 robos en explotaciones agrarias, de los cuales solo se esclarecieron 327, lo que representa apenas un 24,5% del total. “Solo uno de cada cuatro robos se resuelve finalmente, lo que genera una sensación de impunidad que anima a los delincuentes a seguir actuando”, denuncian desde LA UNIÓ.
Además del refuerzo policial, la organización insiste en la necesidad de perseguir con mayor contundencia el comercio de mercancía robada. “Está claro que si alguien roba es porque alguien se lo compra”, señalan desde LA UNIÓ, que considera imprescindible intensificar las inspecciones en comercios, almacenes y puntos de venta sospechosos de comercializar productos de origen ilícito. Para la organización, cortar los canales de comercialización ilegal es una de las medidas más efectivas para frenar los robos en el campo.
LA UNIÓ recuerda que la vigilancia no debe limitarse únicamente a los campos, sino que debe extenderse a toda la cadena, desde la recolección hasta la venta final del producto. “La intimidación es importante, pero también lo es el cumplimiento de la justicia y la persecución real de los canales ilícitos. Mientras exista demanda de fruta robada, seguirá habiendo robos”, subrayan.
Otra de las demandas clave de la organización agraria pasa por facilitar y agilizar la presentación de denuncias por parte de las personas afectadas. En muchas ocasiones, los agricultores desisten de denunciar debido a las dificultades administrativas, la falta de agilidad en los trámites o el convencimiento de que la denuncia no servirá para nada. Esta falta de denuncias contribuye, según LA UNIÓ, a invisibilizar el problema y a dificultar la adopción de soluciones eficaces.
El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, ha sido especialmente contundente al respecto. “Hay que tener en cuenta que, en ocasiones, los propios agricultores y ganaderos no denuncian por la dificultad que les supone hacerlo, con sistemas administrativos poco ágiles, así como por el desaliento ante la sensación de impunidad con que opera esta delincuencia”, ha señalado. Peris insiste en que es fundamental mejorar los mecanismos de atención a las víctimas y simplificar los procedimientos para que denunciar no suponga una carga añadida para quienes ya han sufrido un perjuicio económico.
Asimismo, Peris anima a los agricultores a denunciar siempre cualquier robo o intento de robo. “Desde LA UNIÓ recomendamos que se denuncie siempre porque, si no tenemos los datos reales del problema, será mucho más difícil que las administraciones nos hagan caso y adopten las medidas necesarias para encontrar soluciones”, afirma. Para la organización, disponer de estadísticas fiables y actualizadas es esencial para dimensionar el problema y justificar el refuerzo de recursos públicos.
La oleada de robos de cítricos en la Plana Baixa no solo pone en riesgo la rentabilidad de las explotaciones, sino que también genera un clima de inseguridad y frustración entre los agricultores, que ven cómo el esfuerzo de todo un año puede desaparecer en cuestión de horas. En un contexto marcado por el aumento de costes de producción, la incertidumbre climática y la reducción de cosechas, estos delitos suponen un golpe añadido difícil de asumir.
Por todo ello, LA UNIÓ insiste en que la lucha contra los robos en el campo debe ser una prioridad para las administraciones públicas y un compromiso firme de todas las instituciones implicadas. Solo a través de una mayor vigilancia, una persecución efectiva del delito y del mercado ilegal, y un apoyo real a los agricultores afectados será posible frenar una problemática que amenaza seriamente el futuro del sector citrícola valenciano.
