El robo de baterías en casetas de riego se ha convertido en una amenaza real para las explotaciones agrícolas del municipio de Monzón, en la provincia de Huesca. La reciente actuación del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Barbastro ha permitido detener a una persona e investigar a otra como presuntas autoras de un delito continuado de robo con fuerza, dos delitos de hurto, uno de daños y otro de receptación.
Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de las instalaciones agrícolas frente a delitos que no solo causan pérdidas materiales, sino que afectan de forma directa a la producción agrícola al inutilizar sistemas esenciales como el telecontrol de riego, herramienta clave para la eficiencia hídrica en los cultivos.
Los hechos: una serie de robos continuados en explotaciones agrícolas de Monzón
La investigación se inició a mediados de noviembre de 2024, cuando comenzaron a presentarse denuncias por parte de agricultores particulares y una comunidad de regantes del término municipal de Monzón. En total, se denunciaron 61 baterías sustraídas, repartidas entre:
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8 casetas de riego forzadas
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55 cajas de hidrantes dañadas, donde se encuentran las unidades del sistema de telecontrol de riego
Estos robos afectaron directamente al funcionamiento del riego automatizado de las parcelas, una tecnología extendida en zonas donde la agricultura de regadío es predominante. El coste económico de los daños y el material sustraído ha sido estimado en unos 4.300 euros, sin tener en cuenta las pérdidas indirectas derivadas de la posible pérdida de cosechas.
El papel del Equipo ROCA: vigilancia, prevención e investigación
La investigación ha sido desarrollada en el marco del Plan de Protección de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, del que forma parte el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Barbastro. Este equipo especializado actúa en todo el ámbito rural para prevenir y esclarecer delitos que afectan al campo.
Gracias a las indagaciones realizadas, los agentes lograron identificar un centro de gestión de residuos autorizado donde se habían depositado parte del material sustraído. Allí fueron recuperadas 28 baterías, cuya procedencia no estaba debidamente acreditada. Este hallazgo resultó clave para establecer una línea de investigación sólida que condujo finalmente a:
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La detención de un varón de 30 años
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La investigación de otro hombre de 35 años, ambos vecinos de Monzón
Ambos se enfrentan ahora a cargos por robo con fuerza, hurto, daños y receptación, aunque han quedado en libertad con cargos a la espera de ser citados por la autoridad judicial competente.
Daños materiales y consecuencias agronómicas: más allá del valor económico
El perjuicio no se limita al valor de mercado de las baterías sustraídas. Este tipo de robos genera consecuencias técnicas y económicas:
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Interrupción del riego automatizado, lo que obliga al uso manual del sistema, generando sobrecostes laborales.
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Desincronización de sistemas tecnológicos, afectando a la programación de ciclos de riego.
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Pérdidas de cosecha, especialmente en cultivos sensibles al estrés hídrico.
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Reparación de instalaciones dañadas (puertas forzadas, cajas eléctricas rotas, etc.).
Además, se ha detectado que los robos podrían haber sido planificados y selectivos, orientados a la reventa en el mercado negro o a su venta como chatarra en centros no siempre regulados.
Receptación y mercado negro: el otro eslabón del delito rural
El hallazgo de baterías en un centro de gestión de residuos autorizado pone de relieve el papel que juega la receptación en este tipo de delitos. Este delito consiste en adquirir o facilitar la venta de objetos robados, y está tipificado en el Código Penal español.
En muchos casos, el mercado ilícito de piezas industriales y componentes electrónicos agrícolas representa un negocio paralelo difícil de rastrear, donde los ladrones encuentran facilidades para colocar material robado sin que se investigue su procedencia.
Reacciones del sector agrícola: preocupación y peticiones de refuerzo
Las asociaciones agrarias y comunidades de regantes han manifestado su preocupación por este tipo de hechos, que afectan no solo a la economía de los agricultores, sino también a la confianza en la seguridad rural. Algunas de las demandas planteadas incluyen:
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Refuerzo de patrullas rurales y ampliación del número de Equipos ROCA en zonas de alta actividad agrícola.
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Instalación de sistemas de videovigilancia y sensores en casetas y puntos críticos del sistema de riego.
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Campañas de sensibilización para que los agricultores denuncien cualquier anomalía en sus instalaciones.
Contexto general: robos al campo en España, una lacra persistente
El robo en explotaciones agrarias sigue siendo uno de los principales delitos rurales en España. Según datos del Ministerio del Interior, solo en 2023 se contabilizaron:
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Más de 12.000 delitos contra el patrimonio en el ámbito rural
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Un incremento del 5,7 % respecto al año anterior
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Las comunidades autónomas más afectadas fueron Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Aragón
La eficacia de los Equipos ROCA ha sido clave para frenar esta tendencia, con más de 4.000 actuaciones realizadas y miles de objetos recuperados en los últimos años.
Conclusión: proteger el campo es proteger el futuro
La actuación del Equipo ROCA de Barbastro ha supuesto un alivio para los agricultores de Monzón, pero también deja claro que la lucha contra el robo en el campo debe ser constante. A medida que las explotaciones se modernizan, también lo hacen los delitos vinculados a la tecnología agrícola.
Por ello, es fundamental reforzar la colaboración entre agricultores, fuerzas de seguridad y administraciones públicas para frenar una lacra que pone en peligro la viabilidad económica del medio rural y la seguridad alimentaria del conjunto de la sociedad.
