La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha denunciado públicamente los problemas que está generando entre los viticultores de la Denominación de Origen Ribera del Duero el nuevo sistema de declaración de cosecha impuesto por la Junta de Castilla y León. La organización agraria considera que el cambio, que obliga a realizar el trámite a través de una aplicación informática de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, supone una carga burocrática innecesaria para los más de 7.000 viticultores que entregan uva cada campaña a las bodegas de la Ribera.
ASAJA, a través de sus organizaciones provinciales en Burgos, Valladolid, Soria y Segovia —territorios donde se asienta la denominación de origen—, ha remitido un escrito formal a la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera en el que advierte de las dificultades técnicas y operativas que están afrontando los productores en plena campaña de vendimia.
Según la organización, la aplicación informática habilitada por la Junta es “poco práctica, nada intuitiva y, en muchos casos, inoperativa”. Esto está provocando retrasos generalizados, errores de carga de datos y una sensación de frustración entre los viticultores, que se ven obligados a dedicar horas a un trámite que hasta ahora se gestionaba de forma ágil y eficiente a través del sistema del propio Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, conocido como Bacchus.
ASAJA recuerda que hasta la implantación del nuevo sistema, las declaraciones de cosecha se realizaban directamente mediante el programa Bacchus, que permitía descargar los datos supervisados por los técnicos del Consejo Regulador y verificar las declaraciones de cada viticultor y de la bodega correspondiente. “Así se ha venido haciendo hasta ahora, sin problema alguno”, recalca la organización, que considera el nuevo procedimiento “un paso atrás” en la digitalización del sector agrario.
“Mientras el Consejo Regulador dispone de un sistema que funciona, la Junta ha impuesto otro que ni está adaptado a la realidad del campo ni responde a las necesidades de los viticultores”, denuncia ASAJA. La organización critica que la administración autonómica haya tomado esta decisión “sin contar con el sector, sin periodo de prueba y sin valorar el impacto real en plena campaña de vendimia, uno de los momentos más intensos y críticos del año”.
Además, la organización agraria señala que el nuevo sistema informático presenta discrepancias entre los datos del registro vitícola regional y los del registro del propio Consejo Regulador, en aspectos como la superficie de las parcelas o los recintos vitícolas. “Parece que la Administración quiere que sean los viticultores quienes hagan su trabajo de puesta al día del registro vitícola, que ha tenido abandonado desde hace años”, critica ASAJA.
La consecuencia inmediata de esta situación es, según ASAJA, el riesgo de colapso administrativo. Con miles de viticultores obligados a presentar sus declaraciones de cosecha en un plazo limitado, el atasco en la plataforma digital podría provocar incumplimientos de plazo y sanciones injustas.
Por ello, la organización ha solicitado formalmente que la Consejería siga admitiendo las declaraciones realizadas a través del sistema Bacchus, cruzando los datos con el propio Consejo Regulador si fuera necesario. En caso de que la Junta insista en utilizar su plataforma, ASAJA pide que se amplíen los plazos de presentación y que se habiliten Secciones Agrarias Comarcales donde los productores puedan realizar los trámites con asistencia técnica presencial por parte del personal de la Consejería.
“El objetivo tiene que ser que no recaiga más trabajo sobre los viticultores, que ya padecen una excesiva carga administrativa”, subraya la organización, que advierte de que la digitalización mal planificada “no puede convertirse en una barrera más para los agricultores y ganaderos”.
ASAJA lleva años denunciando lo que denomina la “losa burocrática” que pesa sobre el sector agrario, una carga creciente de trámites, certificados, registros y declaraciones que, según la organización, “restan tiempo y energía a los profesionales del campo y ponen en peligro la rentabilidad de muchas explotaciones”.
“Los viticultores de Ribera del Duero ya tienen suficiente con sacar adelante una vendimia cada vez más condicionada por la climatología, los costes de producción y la presión del mercado, como para tener que convertirse en gestores administrativos de su propia ruina”, apunta un portavoz de ASAJA Burgos.
La organización recuerda que tanto las instituciones nacionales como la Unión Europea han prometido reiteradamente simplificar la burocracia agraria, especialmente tras la aprobación de la nueva Política Agraria Común (PAC), pero en la práctica, “cada año se suman más requisitos, formularios y plataformas digitales que no están pensadas para quien trabaja sobre el terreno”.
ASAJA exige coherencia a las administraciones y reclama que la digitalización se oriente a facilitar la gestión del productor, no a complicarla. “No se trata de ir contra la tecnología, sino de usarla bien. Si una herramienta no funciona o genera más problemas de los que resuelve, lo sensato es revisarla o sustituirla”, añade la organización.
Ribera del Duero, una denominación clave
La polémica tiene especial relevancia por el peso que la Denominación de Origen Ribera del Duero tiene dentro del sector vitivinícola español. Con más de 25.000 hectáreas de viñedo inscritas, unas 300 bodegas activas y más de 7.000 viticultores, la Ribera es uno de los motores económicos y sociales del medio rural en Castilla y León.
Cada vendimia moviliza a miles de familias, cooperativas y pequeñas explotaciones, que dependen de una gestión ágil para cumplir con las normativas de trazabilidad, calidad y certificación exigidas por el Consejo Regulador y las autoridades agrarias. Cualquier obstáculo administrativo, como el que ahora denuncia ASAJA, puede tener consecuencias graves tanto en la contabilidad de las bodegas como en la comercialización del vino.
“La Junta no puede tratar a los viticultores como si fueran burócratas. Estamos hablando de un sector que sostiene pueblos, crea empleo y mantiene vivo el territorio”, recalca ASAJA. “Imponer trámites sin recursos, sin formación y sin coordinación con el Consejo Regulador es una irresponsabilidad que pone en riesgo el trabajo de todo un año”.
En su escrito a la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, ASAJA plantea tres medidas inmediatas:
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Reconocer oficialmente las declaraciones de cosecha generadas por Bacchus, dado que el sistema del Consejo Regulador cuenta con la supervisión técnica necesaria y garantiza la trazabilidad de los datos.
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Ampliar los plazos de presentación, para evitar que los retrasos derivados de los fallos informáticos penalicen a los viticultores.
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Habilitar puntos presenciales de apoyo en las Secciones Agrarias Comarcales, con personal suficiente de la Consejería que ayude a cumplimentar las declaraciones en tiempo y forma.
Además, ASAJA insiste en que la Junta debe revisar y actualizar su propio registro vitícola, para que los viticultores no tengan que asumir la responsabilidad de corregir inconsistencias históricas entre bases de datos oficiales.
“La administración tiene que estar al servicio del agricultor, no al revés”, resume ASAJA en su comunicado. La organización agraria apela al “sentido común” y a la colaboración institucional para resolver el problema cuanto antes. “Si el Consejo Regulador dispone de una herramienta eficaz, y los datos están contrastados, lo lógico es aprovechar ese sistema y no duplicar el trabajo de todos”, concluyen.
ASAJA advierte, además, de que este tipo de decisiones burocráticas “minan la confianza del sector en la administración” y dificultan la incorporación de jóvenes al campo, que ven en la maraña administrativa “un obstáculo insalvable” para iniciar una explotación agraria.
“Es urgente simplificar, coordinar y escuchar al sector. No podemos seguir añadiendo capas de burocracia a quienes ya sostienen con su esfuerzo el medio rural”, sentencia la organización.
Con la vendimia aún reciente y los viticultores centrados en entregar las uvas a las bodegas, ASAJA reclama soluciones rápidas y efectivas. Mientras tanto, la polémica vuelve a poner sobre la mesa una vieja reivindicación del campo español: menos papeleo y más apoyo real a quienes hacen posible que el vino de Ribera del Duero siga siendo un emblema de calidad, esfuerzo y tradición.
