LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha alzado la voz para criticar los graves retrasos del Jurado Provincial de Expropiaciones de Valencia en la resolución de los expedientes sobre el justiprecio de las fincas expropiadas en el sector Parc Sagunt II. Este problema afecta a numerosos propietarios, algunos de los cuales llevan esperando más de dos años sin obtener respuesta, mientras que otros en condiciones similares ya cuentan con resoluciones e incluso han recibido sus indemnizaciones.
Este tratamiento desigual ha generado indignación y preocupación entre los afectados. Desde LA UNIÓ cuestionan las razones detrás de esta disparidad en la gestión y exigen mayor transparencia en los procesos de expropiación. “¿Por qué unas fincas cuentan con resolución y otras no? ¿Qué justifica este trato desigual?”, plantean desde la organización agraria.
Impacto en los propietarios y el sector agrario de los retrasos
El retraso en la resolución de los expedientes tiene consecuencias graves para los afectados, especialmente para aquellos cuya subsistencia depende de las tierras expropiadas. Este problema afecta directamente a los pequeños agricultores, cuyos ingresos ya están comprometidos por las adversidades que enfrenta el sector agrario, como las crisis de precios, el cambio climático y la presión urbanística.
El Jurando Provincial de Expropiaciones de Valencia , encargado de valorar y establecer el justiprecio de las tierras expropiadas, tiene el deber de garantizar un proceso equitativo y eficiente. Sin embargo, la disparidad observada pone en entredicho los principios de transparencia, equidad y justicia que deben guiar sus decisiones. LA UNIÓ señala que esta falta de resolución no solo afecta a los derechos económicos de los propietarios, sino también a su confianza en las instituciones encargadas de velar por sus intereses.
Datos clave sobre las expropiaciones en Parc Sagunt II
- Fecha de inicio del proyecto: Parc Sagunt II, destinado a convertirse en un nodo logístico clave para la Comunidad Valenciana, inició sus procedimientos de expropiación en 2022.
- Número de hectáreas afectadas: Más de 5.600 hectáreas han sido objeto de expropiación para este proyecto.
- Propietarios afectados: Se estima que más de 200 propietarios han presentado reclamaciones por el retraso en el pago del justiprecio o la falta de resolución.
- Resoluciones pendientes: Según LA UNIÓ, al menos el 35% de los expedientes siguen sin resolver, afectando principalmente a pequeños agricultores.
Reacciones de LA UNIÓ y propuestas de solución
Exigencias para mejorar el proceso
Ante esta situación, LA UNIÓ ha presentado una serie de demandas claras para garantizar la justicia y el trato igualitario en los procedimientos de expropiación:
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Revisión interna del Jurado Provincial de Expropiaciones:
LA UNIÓ solicita una revisión urgente y exhaustiva de los procedimientos internos para identificar las causas de los retrasos y corregir las irregularidades que afectan a los propietarios. -
Resolución inmediata de expedientes pendientes:
Exigen que se dé prioridad a los casos aún sin resolver, de manera que todos los afectados puedan recibir el justiprecio correspondiente en un plazo razonable. -
Medidas correctivas para evitar retrasos futuros:
Plantean la necesidad de establecer mecanismos que aseguren la transparencia y eviten la repetición de este problema en futuros procesos de expropiación.
Declaraciones contundentes
“La incertidumbre y el descontento generados por estos retrasos son inadmisibles. No podemos permitir que un organismo encargado de proteger los derechos de los ciudadanos actúe con tal falta de equidad y eficiencia”, afirman desde LA UNIÓ. Además, la organización insiste en que esta situación afecta principalmente a los agricultores, quienes ya enfrentan suficientes desafíos para mantener sus explotaciones viables.
Un problema estructural en la gestión de expropiaciones
El caso de Parc Sagunt II no es un hecho aislado. En la Comunidad Valenciana, otros proyectos de gran envergadura han generado conflictos similares debido a la falta de celeridad en los procesos administrativos. LA UNIÓ destaca que, si bien el objetivo de estos proyectos es fomentar el desarrollo económico, es imprescindible que se respeten los derechos de los propietarios afectados.
En este sentido, desde la organización agraria han señalado que comenzarán defendiendo a los agricultores a través de su Departamento de Defensa del Expropiado , garantizando que se respetan los derechos de los afectados y promoviendo la transparencia y justicia en cada etapa del proceso.
La situación actual en Parc Sagunt II refleja la urgente necesidad de mejorar los procedimientos de expropiación en Valencia. LA UNIÓ ha instalado a las autoridades competentes a actuar de manera firme para garantizar un trato equitativo y restablecer la confianza en las instituciones públicas.
Para muchos agricultores, estas tierras representan más que un recurso económico: son su medio de vida y su legado familiar. Retrasar las indemnizaciones o actuar con disparidad en los procedimientos no solo vulnera sus derechos, sino que también compromete su futuro y el de sus comunidades.
Desde LA UNIÓ reiteramos su compromiso de seguir luchando por los derechos de los afectados, exigiendo respuestas claras y soluciones efectivas para este problema que pone en jaque la confianza en el sistema de expropiación.
