El sector del regadío en la Comunitat Valenciana vuelve a alzar la voz ante lo que considera un desfase evidente entre la normativa vigente y su aplicación práctica en el mercado eléctrico. Una encuesta reciente elaborada por La Unió Llauradora i Ramadera, en el marco del proyecto ParticipAGRO y con el respaldo de la Generalitat Valenciana, pone de manifiesto que la posibilidad de contratar dos potencias eléctricas en función de la estacionalidad —una medida contemplada legalmente— sigue sin estar disponible de forma efectiva para la mayoría de agricultores y comunidades de regantes.
El estudio, en el que han participado 54 comunidades de regantes y grandes explotaciones agrarias, refleja una situación generalizada de frustración e incertidumbre. A pesar de que el Real Decreto 88/2026 reconoce formalmente el derecho a disponer de una doble potencia eléctrica a lo largo del año, los resultados evidencian que esta opción no se ha traducido en un sistema operativo, claro ni accesible.
Según los datos recabados, únicamente un 33% de los encuestados afirma disponer de algún tipo de mecanismo que permitiría ajustar la potencia eléctrica en función de la temporada. Sin embargo, incluso en estos casos, se trata en su mayoría de soluciones parciales, no estandarizadas o de difícil aplicación práctica. El 67% restante asegura no tener acceso a ninguna modalidad que permita adaptar el suministro eléctrico a sus necesidades reales.
Uno de los aspectos más llamativos de la encuesta es el consenso absoluto entre los participantes: el 100% coincide en que no existe actualmente un sistema claro, permanente y accesible que facilite la contratación de dos potencias eléctricas. Esta unanimidad refleja la magnitud del problema y refuerza la percepción de que la normativa, aunque bien intencionada, no está cumpliendo su objetivo.
Los agricultores y regantes denuncian que esta situación tiene consecuencias económicas directas. El actual sistema tarifario les obliga, en muchos casos, a mantener contratadas potencias elevadas durante todo el año, incluso en periodos en los que no hay consumo eléctrico significativo. Esto ocurre especialmente en los meses fuera de la campaña de riego, cuando la demanda energética es mínima pero los costes fijos se mantienen, incrementando innecesariamente los gastos de explotación.
A esta problemática se suma la falta de respuesta por parte de las comercializadoras eléctricas. La encuesta revela que una parte significativa de los usuarios que han intentado acogerse a la doble potencia no ha recibido ninguna contestación. Otros, en cambio, han obtenido respuestas ambiguas o propuestas que no se ajustan a un sistema regulado y generalizable. De hecho, el 50% de los participantes afirma que no se le ofreció ninguna solución concreta.
Desde La Unió Llauradora i Ramadera se interpreta esta situación como una clara desconexión entre el marco normativo y la realidad del mercado. La organización agraria subraya que no basta con reconocer derechos sobre el papel si estos no pueden ejercerse de forma efectiva. En este sentido, consideran que la falta de aplicación práctica del Real Decreto 88/2026 está generando una inseguridad jurídica que afecta directamente a la planificación y viabilidad económica de las explotaciones agrarias.
Regantes Valencia
Otro de los problemas señalados por el sector es la complejidad de los contratos eléctricos. Muchos agricultores se ven obligados a recurrir a asesoramiento externo para entender las condiciones y posibilidades de sus suministros, lo que supone un coste adicional. Esta complejidad, unida a la falta de claridad en la aplicación de la doble potencia, dificulta la toma de decisiones y limita la capacidad de adaptación del sector a un entorno cada vez más cambiante.
La incertidumbre climática también juega un papel clave en este contexto. Las variaciones en las necesidades de riego, derivadas de fenómenos como sequías prolongadas o episodios de lluvias intensas, hacen imprescindible contar con sistemas energéticos flexibles. Sin embargo, la rigidez del actual modelo eléctrico impide ajustar el consumo a estas fluctuaciones, lo que repercute negativamente en la eficiencia y sostenibilidad de las explotaciones.
Ante este escenario, La Unió insiste en la necesidad de implementar una tarifa eléctrica específica para el regadío. Esta medida permitiría adaptar la potencia contratada a la demanda real en cada periodo del año, evitando así penalizaciones innecesarias y reduciendo los costes energéticos. Además, contribuiría a mejorar la competitividad del sector agrario, en un momento en el que los márgenes de rentabilidad están cada vez más ajustados.
La organización también reclama una mayor implicación tanto de las administraciones públicas como de las compañías eléctricas. Consideran imprescindible que se establezcan mecanismos claros y homogéneos que garanticen el acceso efectivo a la doble potencia, sin depender de interpretaciones dispares o de la voluntad de cada comercializadora.
Los resultados de la encuesta serán trasladados a las distintas instituciones competentes con el objetivo de impulsar cambios que permitan avanzar hacia un modelo energético más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades del regadío. Para el sector, no se trata solo de una cuestión técnica o normativa, sino de un elemento clave para garantizar su viabilidad a largo plazo.
En definitiva, el informe pone de relieve una problemática estructural que afecta a miles de agricultores en la Comunitat Valenciana. La falta de aplicación real de la doble potencia eléctrica no solo genera sobrecostes, sino que limita la capacidad del sector para adaptarse a un entorno cada vez más exigente. La reivindicación es clara: convertir en realidad un derecho que, por ahora, sigue siendo solo teórico.
