Representantes de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo permanecen encerrados en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) como medida de presión ante lo que consideran un incumplimiento grave de los acuerdos firmados en 1995 que garantizaban la viabilidad económica del regadío en esta zona de León y Zamora. El encierro cuenta además con el apoyo expreso de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), que respalda públicamente las reivindicaciones de los regantes.
La protesta llega tras unas declaraciones de la presidencia de la CHD que, según la comunidad, ignoran compromisos históricos asumidos por el Estado y respetados durante más de tres décadas. La nota de prensa de los regantes, firmada por su presidente, Herminio Medina Casado, expone con detalle los motivos de la indignación y el alcance económico, político y social del conflicto.
Un acuerdo clave de 1995 que hizo posible el regadío
La nota de prensa dice que durante más de 30 años la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo ha abonado las tarifas exigidas por la CHD conforme a los acuerdos y compromisos adoptados en 1995 por el entonces Gobierno de la Nación. Aquella resolución establecía expresamente que no debía repercutirse a los regantes ni el coste del consumo energético ni los gastos de mantenimiento y reposición derivados de la elevación del agua desde el azud del río Esla hasta el canal del Páramo Bajo y sus balsas de regulación.
Según ese texto, los recibos de la energía consumida debían ser satisfechos por el propio Organismo de Cuenca, que se resarciría mediante los ingresos generados por los derechos económicos de la concesión del salto hidroeléctrico de Sahechores. Para los regantes, este punto no es menor: sin ese compromiso, la comunidad no se habría constituido, ya que la carga económica habría hecho inviable el proyecto desde su origen.
Tres décadas de respeto institucional… hasta 2024
El comunicado de prensa asegura que todos los presidentes de la CHD, incluida la actual, respetaron siempre estos acuerdos en la elaboración de tarifas durante más de tres décadas. Sin embargo, en 2024, la presidencia de la Confederación decide unilateralmente romperlos, repercutiendo a los regantes unos costes que históricamente no les correspondían.
La comunidad subraya que esta ruptura se produce, además, bajo un gobierno del mismo signo político que en su día aprobó y defendió con firmeza dichos compromisos, tanto en 1995 como posteriormente en 2003, cuando el PSOE volvió a respaldarlos a través de iniciativas y debates en las Cortes de Castilla y León y en las Cortes Generales.
El origen del conflicto: la gestión energética de 2022
Uno de los ejes centrales de la protesta es la gestión de los costes energéticos en 2022. La nota de prensa dice que la CHD registró en la estación elevadora de Villalobar gastos superiores a 12 millones de euros, frente a cifras cercanas a los 2 millones en 2021 y 2023.
Los regantes cuestionan abiertamente cómo es posible que, para bombear los mismos metros cúbicos de agua, la comunidad —con una elevación incluso mayor— haya gastado alrededor de 2 millones de euros, mientras que la Confederación acumuló costes seis veces superiores. Para ellos, este desfase solo puede explicarse por una mala gestión, cuyas consecuencias se pretenden ahora trasladar a los agricultores.
Sahechores, Villalobar y una ecuación que no cuadra
El comunicado va más allá y pone cifras concretas sobre la mesa: Sahechores produciría más de 50 millones de kWh, mientras que Villalobar consumiría en torno a 23 millones de kWh. Pese a ello, según denuncian, el sistema entra en pérdidas.
Los regantes se preguntan cómo puede considerarse una gestión adecuada aquella que genera déficit en estas condiciones, y critican que las pérdidas se socialicen entre los agricultores, mientras las decisiones se toman sin asumir responsabilidades directas. Incluso citan a empresas especializadas que sostienen que, con una gestión correcta, el sistema debería generar beneficios.
“No queremos comparaciones, queremos que se cumpla lo acordado”
Otro de los argumentos que la comunidad rebate es la comparación con otras zonas regables. La presidenta de la CHD habría señalado que hay comunidades que pagan más, pero los regantes del Páramo Bajo responden que también las hay que pagan menos, y que el debate no debe centrarse en comparaciones, sino en el cumplimiento estricto de los acuerdos firmados hace más de 30 años.
En este punto, el comunicado es tajante: la comunidad no pide privilegios ni tratos de favor, sino seguridad jurídica y coherencia institucional, exactamente lo mismo que se les ha aplicado durante décadas.
El supuesto “ahorro” de 50 millones y la respuesta de los regantes
Especialmente dura es la reacción ante las declaraciones que hablan de un ahorro acumulado de 50 millones de euros. La nota de prensa dice que esta afirmación supone una falta de respeto, ya que la comunidad siempre ha pagado las tarifas que se le han girado, y que, de hecho, ha sido una de las que más ha aportado en tarifas y cánones dentro de la Junta de Explotación del Esla-Valderaduey.
“A nosotros nadie nos ha regalado nada”, subraya el texto, recordando que el equilibrio económico del sistema se basaba en un diseño institucional avalado por el propio Estado.
Energía indexada, fotovoltaica y falta de diálogo
El comunicado también aborda otras propuestas recientes de la CHD, como la adquisición de energía mediante sistema indexado. Aunque la comunidad no rechaza la idea, denuncia que se les pidió firmar un documento asumiendo la responsabilidad de una gestión que no controlan, algo que consideran inaceptable tras los errores detectados.
En cuanto al proyecto de planta fotovoltaica de Villalobar, los regantes reclaman un cambio de enfoque: diálogo previo, información transparente y participación real, poniendo como ejemplo la forma de actuar de SEIASA en la modernización de regadíos.
Inversiones propias y convenios sin firmar
La nota de prensa recuerda que la comunidad ha realizado inversiones superiores a 500.000 euros en la automatización del canal, una mejora que incluso ha sido valorada positivamente por la presidencia de la CHD, pero financiada íntegramente por los regantes.
Además, se denuncia que el convenio de encomienda de gestión lleva años redactado y presentado, pero sigue sin firmarse por parte de la Confederación, mientras se introducen cambios que generan inseguridad y confusión sobre el texto definitivo.
Un riesgo existencial para el Páramo Bajo
En uno de los pasajes más contundentes, el comunicado advierte de que la ruptura de los acuerdos de 1995 pone en riesgo la propia existencia de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo. Según su presidente, el objetivo implícito de estas decisiones sería impedir el riego, forzando a los agricultores —altamente endeudados tras fuertes inversiones— a abandonar sus explotaciones.
Este escenario explica, en buena medida, el encierro en las oficinas de la CHD, una medida extrema que los regantes consideran proporcional a la gravedad del problema y que ha sido respaldada por la UCCL como organización agraria representativa.
Llamamiento a un debate público y transparente
El comunicado concluye con una invitación directa a la presidenta de la CHD para celebrar una mesa redonda pública, donde se debatan abiertamente todos estos puntos. Para la comunidad, ha llegado el momento de poner fin a las promesas incumplidas, la falta de transparencia y la gestión opaca, y de recuperar soluciones reales basadas en el diálogo y el respeto a los compromisos adquiridos.
Mientras tanto, el encierro continúa como símbolo de una protesta que trasciende lo económico y se sitúa en el terreno de la credibilidad institucional y la supervivencia del regadío en el Páramo Bajo.
