La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha alzado la voz con contundencia frente a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organizando una protesta en la sede de Plasencia para denunciar lo que consideran una clara dejación de funciones por parte del organismo estatal. En el centro de esta reivindicación se encuentra un grupo de regantes de la Comunidad de Regantes de la margen izquierda del río Alagón, que llevan años soportando decisiones injustas, arbitrarias y económicamente insostenibles por parte de su propia junta de gobierno, sin que la autoridad competente haya actuado para frenar los abusos.
Un problema de fondo: la discriminación en los costes de elevación
Según relata la organización agraria, la junta de gobierno de la Comunidad de Regantes intentó imponer una derrama nueva exclusivamente a las explotaciones que riegan por impulsión, es decir, aquellas que necesitan elevar el agua mediante bombeo. Esta medida, adoptada sin consenso ni legalidad, repercutía injustamente en un colectivo determinado, ignorando los principios de equidad que deberían regir en el reparto de costes de una infraestructura común.
A pesar de las reiteradas denuncias y la documentación presentada ante la CHT, esta no actuó durante años como autoridad supervisora, lo que ha generado graves perjuicios para los agricultores afectados. No fue hasta que una resolución judicial firme dictada este mismo año obligó a restablecer el sistema original y distribuir los costes de forma equitativa, que la Confederación decidió intervenir.
Persistencia en la arbitrariedad: una carga económica desproporcionada
Lejos de corregir el rumbo, la junta de gobierno de la Comunidad de Regantes volvió a adoptar medidas discriminatorias a principios de este año, tras conocerse la sentencia judicial. En concreto, ha decidido:
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Agrupar en un único recibo los costes de elevación de los años 2021 a 2023,
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Exigir dicho pago exclusivamente a las explotaciones que riegan por impulsión,
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E imponer un coste adicional de 200 €/ha para la campaña de 2024.
Este sistema supone que estos regantes deben afrontar más de 600 euros por hectárea, lo que se traduce en una cifra total aproximada de 700.000 euros para el conjunto del colectivo afectado. Esta cuantía pone en riesgo la viabilidad económica de sus explotaciones, lo que ha encendido todas las alarmas entre los agricultores y sus representantes.
La Confederación guarda silencio y los regantes se movilizan
Ante esta situación límite, los regantes solicitaron una reunión urgente con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, reclamando una solución inmediata a una situación que consideran profundamente injusta. Sin embargo, la falta de respuesta por parte del organismo ha incrementado el malestar, obligando al colectivo a anunciar un calendario de movilizaciones, con el respaldo decidido de UPA-UCE.
Asimismo, la organización ha solicitado una reunión con el Consejero de Mundo Rural de la Junta de Extremadura, para que intervenga en su calidad de máxima autoridad en materia de agua dentro de la comunidad autónoma.
UPA-UCE: “No vamos a parar hasta lograr justicia”
El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha sido contundente: “No vamos a parar hasta que se resuelva esta situación injusta que puede acabar con el medio de vida de estos agricultores. Exigimos una interlocución directa con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, porque los ciudadanos deben ser escuchados y atendidos en sus problemas, y los agricultores regantes también”.
UPA-UCE sostiene que el papel de la CHT es fundamental para garantizar la legalidad, el equilibrio y la viabilidad de los sistemas de riego, y que en este caso ha habido una ausencia de control inadmisible, dejando a los regantes a merced de decisiones injustificadas y económicamente insostenibles.
Una crisis que refleja problemas estructurales
Este conflicto no es un hecho aislado. En el fondo, refleja una problemática más amplia que afecta a muchas comunidades de regantes en España: la falta de transparencia y control interno, unida a la pasividad de las confederaciones hidrográficas ante situaciones anómalas. Cuando los órganos de gestión interna no garantizan la equidad y el reparto justo de cargas, es responsabilidad de los organismos supervisores actuar de oficio para proteger a todos los usuarios.
El caso del río Alagón es paradigmático: la elevación de agua para riego es una necesidad técnica, no un privilegio. Castigar a quienes deben usar impulsión con costes desproporcionados rompe el principio de solidaridad y pone en cuestión la sostenibilidad económica de todo el modelo agrícola.
Conclusión: un llamamiento a la acción institucional
El conflicto abierto entre los regantes de la margen izquierda del Alagón y su comunidad de regantes, con la pasividad de la CHT como telón de fondo, exige una respuesta institucional inmediata y contundente. La justicia ya ha dictado sentencia, pero la realidad demuestra que la equidad aún no se ha restablecido.
Desde UPA-UCE se insiste en que no cesarán las protestas hasta que se rectifiquen todas las decisiones arbitrarias, se devuelvan los importes cobrados de forma injusta y se garantice una gestión justa, supervisada y transparente del agua, que es un bien público esencial para la supervivencia de miles de explotaciones familiares en Extremadura.
| Año | Coste adicional por hectárea | Total estimado colectivo afectado |
| 2021-2023 | +600 €/ha | ~700.000 € |
| 2024 | +200 €/ha | Por determinar |
