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La condicionalidad social de la PAC, es decir el vincular la concesión de los pagos directos y otras ayudas, al cumplimiento de las normas laborales y de seguridad en el trabajo, se está convirtiendo en un tema recurrente en estos últimos meses, aseguran desde La Unión de Uniones. En las negociaciones a tres bandas entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión este asunto podría convertirse, por la insistencia de la primera de dichas instituciones, en un punto clave para alcanzar un acuerdo sobre la Reforma en el final de las negociaciones. 

Los Eurodiputados consideran que las deficientes condiciones de empleo a las que se enfrentan muchos trabajadores agrícolas (bajos salarios, sin contratación, viviendas deplorables, elevada accidentalidad, constituyen la base de su relato) se están evidenciando de manera mucho más clara durante la presente pandemia. Además, argumentan que las explotaciones respetuosas con las normas laborales se encuentran en desventaja con respecto a aquellas otras que no lo hacen. Por este motivo están estimando fundamental incorporar a la PAC una dimensión social,; algo de lo que parecen haber convencido ya al Consejo, aseguran desde la citada organización agraria.

De hecho, la Presidencia del Consejo consultó en su sesión de abril a los Ministros de Agricultura acerca de esta cuestión y se barajó una propuesta en el sentido de incluir la condicionalidad social como uno de los elementos a contemplar en los objetivos de los sistemas de asesoramiento a explotaciones que la futura PAC apoyaría.

Sin embargo, tras examinarla, esta propuesta no ha convencido al Parlamento que ha enviado a su vez al Consejo a finales de abril una contraoferta mucho más rigurosa.

En un documento que la Secretaría del Consejo ha trasladado a las Delegaciones de los Estados miembro, se les da cuenta del escrito “oficioso” (“non-paper”) remitido desde el Parlamento Europeo.

Al Parlamento no gusta el enfoque sobre condicionalidad social del Consejo

En dicho documento, afirman desde La Unión de Uniones, la EuroCámara es bastante crítica con la posición avanzada por el Consejo. Dicha posición, planteaba incorporar la condicionalidad social como obligatoria a los servicios de asesoría agraria de los Estados miembros a partir de 2023 y, a partir de ahí, realizar un informe de evaluación en 2016 con el objeto de ver si sería necesario adoptar iniciativas legislativas o de otro tipo.

El Parlamento no se muestra conforme con esta solución, sobre todo porque el fomento de los servicios de asesoramiento agrario previstos en la futura PAC tendrían un carácter voluntario para los Estados miembros y, además, se implementarán a través del segundo pilar, lo que hará depender su aplicación de la financiación adicional nacional que se pueda aportar.

Esto no es, en opinión del Parlamento, una base sólida para motivar mejoras en las condiciones de empleo, salud y seguridad de los trabajadores agrarios; y prefiere establecer una vinculación entre las subvenciones de la PAC y el respeto a las condiciones laborales.

Utilizar los controles ya existentes en el Estado miembro

La alternativa de los diputados europeos es, directamente sancionar en las ayudas PAC a quien incumpla las normas laborales aplicables derivadas de los convenios colectivos, las legislaciones nacionales y la reglamentación y directivas europeas.

Para evitar cargas administrativas adicionales -dice el Parlamento- los Estados miembros garantizarán, anuncian desde la Unión de Uniones, la observancia de las reglas de condicionalidad social mediante los controles realizados por los sistemas ya vigentes de inspección. Los beneficiarios de la PAC que infrinjan las los requisitos sociales serían sancionados para que los fondos de la UE no apoyen prácticas ilegales y de explotación.

En esencia se trataría de que los organismos pagadores delegaran en las autoridades competentes de empleo, seguridad social y salud y seguridad en el trabajo, los controles a realizar de condicionalidad social, sin crear nuevas estructuras, ni implicar cargas administrativas adicionales.

Para trasladar esto a los reglamentos, la propuesta del Parlamento incluye cambios concretos en el texto del borrador legislativo de planes estratégicos, que establecería que los Estados miembros incluirán en sus planes estratégicos de la PAC un sistema de condicionalidad, según el cual los beneficiarios que reciban pagos directos estarán sujetos a una sanción administrativa si no cumplen con las condiciones laborales y de empleo aplicables y las obligaciones del empleador derivadas de todos los convenios colectivos pertinentes, la legislación nacional y de la Unión Europea (éstas últimas, en total 10 Directivas y Reglamentos, se relacionarían en un anexo).

En cuanto a las sanciones serían las mismas que las establecidas para el resto de condicionalidad, que se recogen en al Capítulo IV del Título IV del borrador de reglamento horizontal de la Reforma. Lo que de momento está en la propuesta de la Comisión al respecto sobre esto es que las multas serían de recortes entre el 1% y el5% de las ayudas a percibir y, luego, en función de la intencionalidad, la gravedad o la reiteración, las reducciones podrían ser superiores o, incluso, se puede llegar a excluir al infractor de los pagos en el siguiente año.

Como “concesión” se dispondría también que en el sistema de condicionalidad de su Plan Estratégico, los Estados miembros consultará a los interlocutores sociales representantes de las empresas y los trabajadores.

Así o de otra forma… pero habrá condicionalidad social.

Es de temer. Lo de la condicionalidad social en la futura PAC se puede dar casi por descontado, concluyen desde La Unión de Uniones. El Consejo tiene entre sus prioridades alcanzar un acuerdo tripartito sobre la Reforma antes del verano y, en este contexto, la condicionalidad social puede ser uno de las cuestiones en las que los Ministros transijan. Recordar las manifestaciones del Ministro Luís Planas, tanto públicas, como en la reunión que mantuvo con Unión de Uniones el pasado mes de marzo, en el sentido de que esta asunto podría ser una cesión al Parlamento que podría negociarse, siempre que y cuando no supusiera una mayor complejidad administrativa. 

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