El Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado el dictamen sobre el anteproyecto de ley de reducción de jornada, registro horario y desconexión digital, una regulación que, según la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), resulta inaplicable en su forma actual al sector agrario.
Mientras en otros sectores la aplicación de esta normativa puede resultar viable, el medio rural se enfrenta a obstáculos estructurales y operativos que hacen inviable su implementación. Jornadas laborales marcadas por la estacionalidad y la climatología, dificultades tecnológicas por la falta de conectividad en muchas explotaciones y una estructura laboral que no encaja en los esquemas tradicionales de otros sectores, convierten esta medida en un riesgo para la productividad agraria.
ASAJA advierte: el registro horario es inviable en el medio rural
ASAJA ha trabajado junto al resto de agentes sociales y representantes de la sociedad civil con presencia en el CES para trasladar al Gobierno la necesidad de ajustar la normativa a la realidad del campo. La organización insiste en que el registro horario, tal y como se plantea en la ley, no es aplicable en el sector agrario, donde el trabajo no sigue un horario fijo, sino que se rige por factores externos como el ciclo biológico de los cultivos y el clima.
Según datos de ASAJA, el 80% de las explotaciones agrarias en España no tienen acceso a una conectividad de calidad que permita realizar un registro horario digital en tiempo real. A esto se suma la imposibilidad de adaptar las tareas del campo a franjas horarias estrictas, dado que la productividad depende de factores como la luz solar o la meteorología.
La desconexión digital: un concepto alejado de la realidad agraria
Otro punto clave en el anteproyecto de ley es la desconexión digital, un derecho concebido para que los trabajadores puedan desvincularse de sus responsabilidades laborales fuera del horario de trabajo. Sin embargo, ASAJA advierte que en el sector agrario esta medida es inviable, ya que la actividad de agricultores y ganaderos no se ajusta a un horario convencional.
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El 65% de los agricultores deben estar disponibles en todo momento para atender imprevistos como cambios climáticos bruscos o emergencias en la explotación.
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En el caso de la ganadería, el 90% de los ganaderos mantiene un contacto permanente con sus explotaciones a través de dispositivos electrónicos para el seguimiento del estado de los animales.
Esto demuestra que la desconexión digital no es compatible con un sector donde la actividad es continua y depende de circunstancias incontrolables.
ASAJA exige una normativa adaptada al sector agrario
ASAJA ha reiterado que el Ministerio de Trabajo sigue sin conocer la realidad del medio rural y ha instado a los legisladores a trabajar en una normativa específica para el sector agrario, que tenga en cuenta sus particularidades y garantice su viabilidad.
La organización propone que cualquier regulación sobre jornada laboral y desconexión digital en el sector agrario contemple:
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Flexibilidad horaria adaptada a la estacionalidad y climatología.
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Exenciones al registro horario en aquellas actividades donde sea inviable su aplicación.
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Alternativas tecnológicas para las explotaciones con escasa conectividad.
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Medidas específicas para la desconexión digital que permitan compatibilizar la gestión agraria con el derecho al descanso.
El campo español enfrenta ya grandes retos, como la crisis de precios, la falta de relevo generacional y las exigencias medioambientales de la PAC. Imponer una normativa sin adaptarla a su realidad solo generará mayor inseguridad jurídica y problemas en la gestión de las explotaciones.
Conclusión: una regulación pensada para la ciudad, pero no para el campo
ASAJA ha dejado claro que el sector agrario necesita una regulación laboral que se ajuste a sus necesidades y no imponga medidas incompatibles con su funcionamiento. La asociación agraria seguirá trabajando con las administraciones para conseguir que cualquier ley de reducción de jornada y desconexión digital tenga en cuenta las particularidades del campo y no comprometa la viabilidad de la producción agraria en España.
