Más de dos millones de hectáreas de bosques se han quemado en la UE en los últimos cuatro años. A pesar del creciente uso de fondos europeos para medidas de prevención contra incendios forestales, el impacto real de dicha inversión sigue siendo poco claro. Así lo indica el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo, que advierte sobre una aplicación ineficiente y poco estratégica del dinero comunitario.
Una financiación creciente sin impacto medible
El informe destaca que, si bien cada vez se destinan más recursos a medidas preventivas como cortafuegos o desbroces, no se tiene constancia de su eficacia real. En muchos casos, los fondos no se asignan de manera sistemática a las regiones con mayor riesgo de incendios, ni se planifican con una visión a largo plazo.
“El refuerzo de las medidas preventivas contra los incendios forestales es sin duda un paso en la dirección correcta, pero el dinero de la UE debe gastarse de forma que garantice los mejores resultados y un impacto sostenible”, subraya Nikolaos Milionis, miembro del Tribunal responsable de la auditoría.
Una de las principales críticas del informe es la falta de criterios claros para seleccionar los proyectos que reciben financiación. En España, por ejemplo, el presupuesto se repartió de manera uniforme entre provincias, sin tener en cuenta los diferentes niveles de riesgo forestal. En Grecia, la planificación se basó en mapas de riesgo desactualizados de hace más de 45 años, lo que impidió identificar correctamente las zonas prioritarias.
Prevención: un cambio de tendencia positivo, pero desigual
A pesar de estos problemas, el informe reconoce un cambio positivo de enfoque en varios países de la UE. En Portugal, el porcentaje del presupuesto destinado a prevención creció del 20 % al 61 % entre 2017 y 2022. En Galicia (España), desde 2018 la prevención representa la mayor parte del presupuesto contra incendios forestales. Este tipo de medidas, como el desbroce de zonas forestales o la creación de barreras naturales, son consideradas por los expertos como fundamentales para reducir la frecuencia e intensidad de los incendios.
No obstante, estos esfuerzos parecen insuficientes frente a la tendencia al alza de los incendios forestales. Entre los períodos 2006-2010 y 2021-2024, el número de fuegos que afectaron a más de 30 hectáreas se triplicó en la UE, alcanzando una media anual de 1.900 incendios. En cuanto a superficie, en los últimos cuatro años se han quemado de media más de 5.250 km² anuales, el equivalente a la superficie de Cantabria.
Financiación sin sostenibilidad futura
El informe también cuestiona la sostenibilidad a largo plazo de muchas medidas financiadas con dinero europeo. Si bien instrumentos como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) han aportado recursos adicionales importantes —470 millones de euros en Grecia y 390 millones en Portugal, por ejemplo—, los proyectos no están garantizados en el tiempo. En muchos casos, ni los gobiernos nacionales ni la UE han comprometido fondos para su mantenimiento, lo que pone en duda su continuidad más allá de tres o cuatro años.
En Portugal, los auditores detectaron que se financió una zona parcialmente inundada como área de alto riesgo de incendio. La causa fue el uso de un mapa de riesgos no actualizado, que no contemplaba la existencia de una presa construida años atrás. Este caso ilustra cómo la falta de planificación estratégica y actualización de datos puede derivar en decisiones erróneas en el uso de fondos públicos.
Un problema estructural sin solución común
A pesar del creciente apoyo económico de Bruselas, la política forestal sigue siendo una competencia exclusiva de los Estados miembros, lo que complica la coordinación y armonización de medidas. La Comisión Europea puede apoyar con financiación, pero no puede imponer directrices comunes, ni establecer una estrategia integrada de lucha contra incendios a nivel continental.
Mientras tanto, el cambio climático continúa agravando el problema, aumentando la frecuencia, duración e intensidad de los incendios. Las pérdidas derivadas de estos desastres naturales se estiman en 2.000 millones de euros anuales, sin contar las muertes humanas, la pérdida de biodiversidad y el impacto económico en zonas rurales.
Conclusión: urge una gobernanza más eficaz de los fondos
El Tribunal de Cuentas Europeo concluye que, sin una mejor gobernanza del riesgo, planificación forestal y coordinación entre regiones, la eficacia de las inversiones en prevención seguirá siendo limitada y poco sostenible. Aunque la tendencia hacia la prevención es positiva, los fondos deben gestionarse con criterios objetivos, datos actualizados y una visión de largo plazo.
La transparencia y la evaluación del impacto son claves para asegurar que el dinero público logra los objetivos para los que se destina. En un contexto de incertidumbre climática y aumento de incendios, la prevención es una inversión imprescindible, pero debe ser acompañada de una estrategia clara, sostenible y basada en evidencia científica.
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