El debate sobre el presupuesto de la Unión Europea para el período 2028-2034 entra en una fase decisiva con la publicación del dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las propuestas legislativas de la Comisión Europea en materia de agricultura. Los auditores comunitarios analizan en profundidad el rediseño de la Política Agrícola Común y de la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCM), alertando de riesgos significativos vinculados a la incertidumbre financiera, la complejidad normativa y la posible pérdida de trazabilidad del gasto.
El dictamen, remitido al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea, subraya que la magnitud de los cambios propuestos exige una supervisión reforzada para garantizar la buena gestión financiera, la rendición de cuentas y el valor añadido europeo de la política agrícola durante el próximo marco financiero plurianual.
Un presupuesto histórico de 2 billones de euros para la UE
La nota de prensa asegura que en 2025 la Comisión propuso un presupuesto total de 2 billones de euros para el período 2028-2034, correspondiente al nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP). Dentro de este volumen sin precedentes, un Fondo Europeo concentraría aproximadamente 865 000 millones de euros, convirtiéndose en el principal instrumento financiero del próximo MFP.
Este fondo único integraría políticas que hasta ahora se financiaban a través de instrumentos separados, lo que supone un cambio estructural profundo en la arquitectura presupuestaria de la Unión. La agricultura, tradicionalmente uno de los pilares del gasto comunitario, se vería especialmente afectada por esta reorganización.
El fin de los fondos agrícolas específicos por primera vez desde 1962
Uno de los elementos más destacados del dictamen es que, según la propuesta de la Comisión, la PAC dejaría de contar con un fondo específico propio. La nota de prensa dice que esta sería la primera vez desde la creación de la PAC en 1962 que la política agrícola común no dispone de un instrumento financiero diferenciado.
El nuevo enfoque plantea que la PAC se financie a través de un fondo único basado en planes nacionales, lo que implica la desaparición del modelo tradicional de dos pilares:
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el pilar de ayudas directas a agricultores y medidas de mercado;
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el pilar de desarrollo rural.
Los auditores advierten que este giro estructural tiene implicaciones profundas tanto para la previsibilidad de los pagos como para la coherencia de la política agrícola a escala europea.
Complejidad normativa y riesgo de retrasos en los pagos
Según el dictamen, los auditores han constatado que los mecanismos de planificación y adopción previstos, combinados con una arquitectura jurídica más compleja, pueden generar incertidumbre para los beneficiarios finales. Esta situación podría traducirse en retrasos en la entrega de los fondos, lo que iría en contra del objetivo declarado de simplificación administrativa.
La nota de prensa recuerda que, en el acuerdo interinstitucional de noviembre de 2025 entre la Presidencia del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión, ya se acordó trasladar determinadas disposiciones del Fondo Europeo al Reglamento de la PAC. En este contexto, el Tribunal considera que los legisladores podrían transferir más disposiciones para lograr una política más completa y coherente.
Incertidumbre financiera y falta de previsibilidad para agricultores
Uno de los riesgos más señalados por los auditores es que el importe total de la financiación de la PAC solo se conocerá una vez aprobados los planes nacionales dentro del fondo único. Esto introduce un elevado grado de imprevisibilidad en la fase de planificación para agricultores y otros perceptores de fondos, que desconocerían con antelación qué nivel de apoyo podrían recibir.
Además, la nota de prensa subraya la dificultad de comparar el gasto agrícola del actual MFP con la posible asignación en el período 2028-2034, lo que complica el análisis del impacto real de la reforma presupuestaria.
Trazabilidad y rendición de cuentas, líneas rojas para los auditores
El dictamen insiste en que no está suficientemente claro qué intervenciones de la PAC se basarán en productos y cuáles en hitos y objetivos, lo que puede dar lugar a disparidades significativas entre Estados miembros. Esta falta de claridad incrementa los riesgos para la rendición de cuentas y la trazabilidad del gasto.
Los auditores destacan que la trazabilidad desde las cuentas hasta los beneficiarios finales, como los agricultores, es una condición innegociable para que el Tribunal pueda desempeñar su función de control externo. Esta exigencia debe cumplirse tanto en los sistemas basados en resultados como en los orientados a hitos y objetivos.
Flexibilidad nacional frente a objetivos comunes de la PAC
La nota de prensa dice que, dada la amplitud de los cambios y la flexibilidad concedida a los países de la UE para diseñar sus planes nacionales, resulta complicado realizar estimaciones realistas del impacto en las asignaciones nacionales de gasto. Sin embargo, los auditores advierten de que esta flexibilidad no debe poner en riesgo los objetivos comunes de la PAC, entre ellos:
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garantizar ingresos justos para los agricultores;
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proteger el medio ambiente y el clima;
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asegurar la seguridad alimentaria.
Un desequilibrio en la aplicación nacional podría generar condiciones de competencia desleales entre agricultores de distintos países y afectar negativamente al funcionamiento del mercado interior. Para mitigar este riesgo, el Tribunal considera esencial que la Comisión ejerza una función directiva reforzada.
Cifras clave del nuevo modelo agrícola propuesto
Según la información de referencia incluida en el comunicado, la PAC recibiría una dotación presupuestaria mínima de 293 700 millones de euros para ayudas a la renta de los agricultores, aunque este importe no sería específico. Otras medidas, como:
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el programa LEADER de desarrollo rural;
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la ayuda a las regiones ultraperiféricas;
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el programa escolar de la UE;
se financiarían con el denominado importe no específico del fondo.
El acuerdo interinstitucional sugiere además un objetivo rural del 10 % de ese importe no específico, equivalente al menos a 48 799 millones de euros a precios corrientes. A ello se suma la posibilidad de acceder a 45 000 millones de euros adicionales del importe de flexibilidad de 2028, vinculados al Acuerdo UE-Mercosur, para atender las necesidades de agricultores y comunidades rurales.
Un dictamen clave dentro del paquete del MFP
El comunicado recuerda que este dictamen forma parte de una serie más amplia de propuestas relacionadas con el MFP 2028-2034. El Tribunal ya ha emitido opiniones sobre instrumentos como el Fondo Europeo de Competitividad, Horizonte Europa, el Reglamento del MFP y los recursos propios de la UE, y tiene previsto publicar próximamente otros dictámenes adicionales.
El Consejo y el Parlamento han solicitado expresamente estas opiniones antes de iniciar su propio examen legislativo, lo que refuerza el papel del Tribunal como actor clave en la supervisión financiera del futuro presupuesto europeo.
