La presión legislativa sobre el comercio en España y en el ámbito europeo alcanzó en 2025 su nivel más alto jamás registrado. Así lo constata el comunicado de prensa de ASEDAS, que cifra en 1.411 los textos legislativos aprobados o modificados a lo largo del año, una cifra que se traduce en 3,8 nuevas normas cada día para cualquier establecimiento comercial.
El dato no solo supera ampliamente el registro de 2024, cuando se contabilizaron 1.253 normas, sino que deja muy atrás las cifras previas a la pandemia, con apenas 476 textos en 2019. El comunicado asegura que esta tendencia confirma seis años consecutivos de incremento de la carga normativa, dibujando un escenario cada vez más complejo para supermercados, mayoristas y el conjunto de la cadena agroalimentaria.
Una escalada normativa sin precedentes desde la pandemia
La nota de prensa explica que el crecimiento de la producción legislativa se acelera de forma continuada desde 2022, e incluso desde 2020 si se incorpora el contexto excepcional derivado de la Covid-19. Sin embargo, lejos de normalizarse tras la pandemia, la presión regulatoria se ha consolidado como una constante estructural.
Desde ASEDAS se subraya que este aumento contrasta con los compromisos reiterados de las administraciones públicas de avanzar hacia una mayor simplificación legislativa. En palabras recogidas en el comunicado, estas intenciones “no se están plasmando en la realidad normativa”, lo que genera una brecha creciente entre el discurso político y el marco regulador efectivo que deben cumplir las empresas.
Europa y las comunidades autónomas, los motores de la regulación
El comunicado de prensa detalla el reparto institucional de la actividad normativa durante 2025. La Comisión Europea vuelve a situarse como el organismo más prolífico, con 453 normas, nueve más que en 2024. Este volumen refleja el peso creciente de la legislación comunitaria, cuyo impacto es directo y homogéneo en todos los Estados miembros.
En el ámbito nacional, el conjunto de las administraciones públicas españolas suma 958 textos, una cifra que engloba al Estado, las comunidades autónomas y las principales entidades locales. Dentro de este bloque, las comunidades autónomas lideran claramente la producción normativa, con 547 normas, superando las 514 del año anterior.
La Administración central, por su parte, registra una ligera desaceleración, aunque mantiene una actividad elevada con 326 nuevas leyes o modificaciones, frente a las 230 aprobadas en 2024. A esta presión se suman también las administraciones locales, que aprobaron 85 normas, veinte más que el año anterior, confirmando que el incremento regulatorio se extiende a todos los niveles de gobierno.
Medio ambiente y seguridad alimentaria concentran la mayor carga
Por ámbitos materiales, el medio ambiente vuelve a encabezar el ranking regulatorio. Según la nota de prensa, 481 normas nuevas o modificadas se centran en cuestiones como protección ambiental, eficiencia energética o diseño ecológico, lo que representa aproximadamente un tercio del total de la actividad legislativa.
Destaca especialmente la actividad de las comunidades autónomas, con 275 normas, y de la Comisión Europea, con 113 textos. Entre las disposiciones más relevantes, el comunicado menciona la reciente aprobación del Reglamento Europeo de Envases, que supone una enorme carga administrativa y operativa para las empresas del sector de la distribución alimentaria.
En segundo lugar se sitúa la seguridad alimentaria, especialmente en el ámbito europeo. Solo en esta administración se aprobaron 190 normas relacionadas con almacenamiento, conservación, transporte, controles oficiales o protección animal. En conjunto, este cuerpo normativo alcanza 282 textos, configurando un sistema altamente garantista para el consumidor, pero también muy exigente para las empresas.
Crecimiento normativo en empleo, empresa e inteligencia artificial
El comunicado también subraya la elevada carga regulatoria en materia laboral, con 138 normas vinculadas a la gestión de recursos humanos y la seguridad en el trabajo. Este ámbito resulta especialmente sensible para supermercados y mayoristas, dado su alto volumen de empleo y su dependencia de marcos regulatorios estables para organizar turnos, plantillas e inversiones.
Otro bloque relevante es el de la administración empresarial, que suma 287 normas. Bajo esta categoría se agrupan disposiciones muy diversas, desde licencias urbanísticas hasta regulación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Este último apartado es uno de los que más crece respecto a 2024, con 77 normas adicionales, lo que refleja la rapidez con la que el legislador está actuando en ámbitos tecnológicos emergentes.
Impacto directo en la cadena agroalimentaria
En el ámbito de la fabricación, importación y comercio de productos, el comunicado destaca la aprobación de 27 leyes centradas especialmente en productos agrarios. De ellas, 21 emanan de la Unión Europea, lo que implica un impacto transversal en toda la cadena agroalimentaria, desde la producción primaria hasta la distribución final.
Este volumen normativo refuerza la idea de que el comercio minorista y mayorista no actúa de forma aislada, sino que se ve afectado por decisiones regulatorias que inciden en proveedores, logística, etiquetado y condiciones de comercialización.
Las normas con mayor impacto en supermercados y mayoristas
Entre las leyes aprobadas en 2025 con mayor huella sobre la distribución alimentaria, la nota de prensa cita expresamente:
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La Ley de prevención del desperdicio alimentario.
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La Ley de movilidad sostenible.
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La Ley de servicios a la clientela.
Según recoge el comunicado, estas normas inciden en prácticas que muchas empresas ya aplicaban, pero amplían los trámites administrativos, generando nuevas cargas y costes adicionales para el sector.
Incertidumbre regulatoria de cara a 2026
Mirando al futuro inmediato, ASEDAS expresa su preocupación por varias normas laborales que se encuentran en fases inciertas de tramitación. Entre ellas destacan el control del fichaje sincronizado con la inspección de trabajo, la posible subida del salario mínimo y los nuevos permisos retribuidos vinculados a defunciones o al cuidado de menores.
El comunicado subraya que todas estas iniciativas generan incertidumbre en las empresas, que necesitan marcos regulatorios claros y previsibles para planificar inversiones, dimensionar plantillas y garantizar la viabilidad de sus operaciones.
Europa, los reglamentos polémicos y el debate sobre la calidad legislativa
En el ámbito comunitario, la nota de prensa menciona dos de los textos más controvertidos por su potencial carga administrativa: el Reglamento sobre Deforestación y el Reglamento sobre Diligencia Debida. Ambos se encuentran en distintas fases del proceso parlamentario europeo.
El comunicado también pone el foco en las propuestas de simplificación impulsadas por la Comisión Europea a través de los llamados Reglamentos Ómnibus. Sin embargo, se advierte de un problema estructural: ya se ha alcanzado el Paquete Ómnibus número 10, lo que plantea serias dudas sobre la calidad del proceso legislativo. Según se recoge, si es necesario aprobar hasta diez normas para modificar otras ya publicadas, “algo se está haciendo mal” en términos de diseño normativo.
Un sector clave bajo una presión creciente
El comunicado recuerda que ASEDAS representa al 75,4 % de la distribución alimentaria en España, con más de 344.000 trabajadores, más de 20.000 establecimientos minoristas y 173 mayoristas, lo que da una idea clara de la magnitud del impacto que esta presión normativa tiene sobre la economía, el empleo y el abastecimiento diario de millones de consumidores.
En este contexto, el mensaje central del comunicado es claro: la escalada regulatoria no solo incrementa la complejidad administrativa, sino que pone a prueba la capacidad de adaptación del comercio, un sector esencial para el funcionamiento económico y social del país.
