La Alianza UPA-COAG ha lanzado una nueva advertencia a los operadores comerciales y a las cooperativas de Castilla y León: el sector cerealista de la región está en una situación límite debido a la constante caída de los precios del cereal, que se sitúan muy por debajo de los costes de producción. La organización agraria exige que se ponga fin a esta «insostenible deriva», en la que los agricultores están siendo presionados para vender sus productos a precios injustos, mientras los costes siguen disparados.
UPA-COAG ha hecho un llamamiento claro a la Junta de Castilla y León para que intervenga, exigiendo que las empresas y cooperativas prioricen a los productores locales y les paguen un precio que permita la rentabilidad de sus explotaciones, tal y como establece la Ley de la Cadena Alimentaria. Además, propone una medida drástica: que se deniegue cualquier tipo de ayuda pública a las empresas que no respeten los precios remunerativos exigidos por la ley.
Precios bajo coste: la agonía de los agricultores cerealistas
El sector cerealista de Castilla y León, una de las regiones más importantes en la producción de cereal en España, enfrenta una crisis sin precedentes. Según UPA-COAG, el precio del cereal ha caído drásticamente en las últimas semanas, alcanzando niveles que hacen prácticamente inviable la actividad económica de los agricultores. Mientras tanto, el precio de los piensos, uno de los principales destinos del cereal, no ha experimentado una caída similar, lo que añade un componente especulativo a la situación actual.
Los productores de cereal se encuentran atrapados entre altos costes de producción, generados en parte por la subida del precio de los fertilizantes, la maquinaria y los insumos, y la obligación de vender a precios ridículamente bajos. Esto está llevando a muchos agricultores a una situación límite, ya que, en algunos casos, deben vender sus cosechas por debajo de los costes de producción para hacer frente a sus deudas o compromisos financieros.
Ante esta situación, la Alianza UPA-COAG denuncia la enorme presión que sufren los productores por parte de los operadores comerciales, quienes aprovechan la necesidad de liquidez de los agricultores para adquirir el cereal a precios muy por debajo de su valor real. La organización subraya que esta estrategia especulativa pone en peligro la viabilidad del sector y la supervivencia de muchas explotaciones agrícolas.
UPA-COAG también ha hecho un llamamiento a las cooperativas cerealistas de Castilla y León, que compran hasta el 80% del cereal producido en la región. La organización agraria insiste en que estas cooperativas tienen una «obligación moral» con los agricultores locales y deben dar un paso al frente para garantizar precios justos y equilibrados que permitan la sostenibilidad del sector.
En este sentido, UPA-COAG propone que las cooperativas cerealistas tomen como ejemplo el modelo implementado por Acor con los cultivos de girasol y colza. En estas campañas, Acor ha logrado pagar a los agricultores precios justos que superan los 370 euros por tonelada para el girasol común y 385 euros por tonelada para el girasol alto oleico. Gracias a este modelo, se ha conseguido impulsar el cultivo de estas semillas oleaginosas, garantizando una rentabilidad para los agricultores y beneficiando a todas las partes involucradas.
La organización agraria subraya que las cooperativas cerealistas deben seguir este mismo camino y asegurar precios remunerativos para los productores de cereal. De esta forma, no solo se garantizaría la viabilidad de las explotaciones agrícolas, sino que también se contribuiría a la sostenibilidad de la cadena alimentaria en Castilla y León, una región que depende en gran medida de la producción de piensos para el ganado.
Otro de los puntos críticos señalados por UPA-COAG es el impacto negativo que tienen las importaciones de cereal en el mercado nacional. La organización denuncia que, en muchos casos, las importaciones no responden a una necesidad real de abastecimiento, sino que se utilizan como una herramienta para forzar a la baja los precios del cereal producido en España.
Por ejemplo, uno de los mayores importadores de trigo en España opera desde Castilla y León y sus decisiones de importación condicionan los precios a nivel regional. Este fenómeno, según UPA-COAG, no es más que una maniobra especulativa que pone en riesgo la competitividad del cereal local y perjudica gravemente a los agricultores de la región.
Además, resulta paradójico que muchos productos con el sello «Tierra de Sabor», que en teoría debería representar lo mejor de la producción local, estén elaborados con harina, leche o carne de animales alimentados con piensos elaborados a partir de cereal importado. Esto contradice la filosofía de promover los productos locales y fomenta una cadena de suministro que margina a los agricultores de Castilla y León.
Ante esta situación, UPA-COAG reclama a la Junta de Castilla y León que actúe con firmeza y utilice todas las herramientas a su disposición para incentivar que las harineras y fabricantes de pienso que operan en la región prioricen la compra de cereal local. Una medida clave propuesta por la organización es excluir del acceso a ayudas públicas a aquellas empresas que no respeten los precios mínimos establecidos por la Ley de la Cadena Alimentaria y no paguen a los agricultores de la región un precio justo por su cereal.
La Ley de la Cadena Alimentaria, que exige que los productos agroalimentarios no se vendan por debajo de los costes de producción, es una herramienta fundamental para proteger a los agricultores de prácticas comerciales abusivas. Sin embargo, UPA-COAG denuncia que en el caso del cereal, esta normativa no se está aplicando correctamente, ya que los precios actuales están muy por debajo de los costes de producción.
Por último, UPA-COAG advierte que, si la situación no mejora, la organización se reserva el derecho de tomar las medidas que considere oportunas para defender los derechos de los agricultores y garantizar el cumplimiento de la ley. Esto podría incluir movilizaciones y otras acciones para exigir precios justos y proteger la viabilidad del sector cerealista en Castilla y León.
En resumen, la Alianza UPA-COAG exige a los operadores comerciales y cooperativas que actúen con responsabilidad y pongan fin a la especulación que está arruinando a los agricultores cerealistas. Asimismo, hace un llamado a la Junta de Castilla y León para que intervenga y apoye al sector, priorizando la compra de cereal local y excluyendo de las ayudas públicas a las empresas que no respeten los precios justos establecidos por la Ley de la Cadena Alimentaria
