La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha intensificado de forma decisiva el sellado y precinto de captaciones ilegales en toda la cuenca del Guadalquivir, en el marco de una estrategia continuada que se viene desarrollando desde hace más de cinco años para frenar el uso irregular del agua. El organismo pone el foco en pozos, sondeos y balsas clandestinas, muchas de ellas asociadas a la expansión de cultivos de regadío sin derechos administrativos, especialmente en zonas ambientalmente sensibles o con masas de agua declaradas en riesgo.
Según el comunicado de prensa, esta intensificación se apoya cada vez más en procesos avanzados de tratamiento y análisis masivo de datos, cartografía digital y técnicas de teledetección, lo que permite maximizar la eficacia de las inspecciones, priorizar actuaciones y actuar con rapidez allí donde el impacto ambiental y el riesgo para la seguridad pública son mayores.
La CHG subraya que los aprovechamientos hídricos irregulares no solo generan un grave deterioro ambiental —al sobreexplotar acuíferos y ríos ya sometidos a una fuerte presión—, sino que también suponen un riesgo directo para la seguridad, al tratarse de infraestructuras clandestinas sin control técnico, mantenimiento ni medidas básicas de protección.
Vigilancia intensiva en toda la demarcación
La nota de prensa asegura que las actuaciones se han desplegado en todo el ámbito territorial de la demarcación hidrográfica, con especial atención a aquellas zonas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado de las masas de agua, conforme a la normativa vigente. El uso combinado de análisis de datos, ortofotos históricas y controles sobre el terreno ha permitido detectar tanto captaciones ilegales activas como infraestructuras ocultas vinculadas a nuevos regadíos.
Este enfoque integral ha llevado a la adopción de medidas cautelares inmediatas, principalmente el precintado de pozos, para frenar la extracción indebida de agua mientras se tramitan los correspondientes procedimientos sancionadores y las obligaciones de reposición del dominio público hidráulico.
Doñana y Sevilla: uno de los principales focos de actuación
Uno de los ámbitos más sensibles señalados en el comunicado es el entorno de Doñana, donde la CHG ha desarrollado planes de actuación específicos ante la presión creciente sobre las masas de agua subterránea.
Un plan centrado en la afloración de frutos rojos, dentro y fuera de suelos agrícolas regables, permitió inspeccionar 450 hectáreas, de las que se detectaron 220 hectáreas de riego ilegal, asociadas a 80 captaciones irregulares. Como respuesta inmediata, se ejecutaron 55 medidas cautelares de precintado, ya materializadas sobre el terreno, con el objetivo de detener la extracción indebida y garantizar la seguridad.
A estas actuaciones se suma un plan específico sobre el cultivo de olivar en la zona de influencia del parque nacional. De un total de 956 hectáreas inspeccionadas, se detectaron 395 hectáreas de riego ilegal, además de la localización de balsas de almacenamiento potencialmente ilegales. Paralelamente, el organismo mantiene un control volumétrico estricto sobre los grandes usuarios de las masas subterráneas de Almonte, Marismas y La Rocina, todas ellas declaradas en riesgo.
En la provincia de Sevilla, la vigilancia se ha intensificado en la Sierra Sur y la Vega del Guadalquivir, donde se han detectado cultivos de olivar superintensivo y cítricos sin derechos de riego. En estas comarcas se han aflorado más de 300 hectáreas ilegales y 15 captaciones clandestinas. En la masa de agua Sevilla-Carmona, provisionalmente declarada sobreexplotada, las inspecciones han identificado 266 hectáreas de olivar ilegal y 11 captaciones irregulares, dentro de un plan que continúa en ejecución.
Jaén: más de 2.100 hectáreas de riego ilegal detectadas
La nota de prensa destaca especialmente la magnitud de las actuaciones en la provincia de Jaén, donde la CHG ha puesto en marcha un ambicioso plan de detección de riego ilegal de olivar en la vega media de la cuenca.
De las 240 inspecciones realizadas, se han localizado más de 2.100 hectáreas de riego ilegal, lo que ha dado lugar a 131 procedimientos sancionadores. Los daños al dominio público hidráulico superan ya los 180.000 euros, y se han adoptado 11 medidas cautelares, con el precintado de 14 captaciones no autorizadas.
En la Loma de Úbeda, el análisis de aprovechamientos previamente denegados ha revelado extracciones ilegales superiores a 230.000 metros cúbicos de agua subterránea, lo que refuerza la necesidad de mantener un control exhaustivo sobre zonas con elevada presión agrícola.
Granada: frutales de cáscara bajo vigilancia
En la provincia de Granada, la Confederación ha intensificado la vigilancia ante la proliferación de regadíos sin autorización y la implantación de infraestructuras hidráulicas clandestinas. En este contexto, se ha desarrollado un plan específico de inspección en la comarca de Baza, centrado en las campañas de riego 2025 y 2026.
Este plan ha contemplado 57 inspecciones sobre una superficie total de 672 hectáreas, con especial atención a explotaciones que carecen de título administrativo y que disponen de balsas, depósitos, infraestructuras de regulación, instalaciones fotovoltaicas asociadas a bombeos y otros indicios de riego ilegal detectados mediante el análisis de ortofotos históricas.
Durante la campaña de riego, se ejecutó además un plan específico en el término municipal de Caniles, que abarcó 279 hectáreas repartidas en 37 inspecciones. Hasta la fecha, estas actuaciones han permitido aflorar 97,92 hectáreas de riego ilegal, así como la detección de 9 pozos y 7 balsas clandestinas, procediéndose a la adopción de las correspondientes medidas administrativas.
Asimismo, en el término municipal de Cúllar se han llevado a cabo inspecciones conjuntas con efectivos del SEPRONA Guardia Civil, reforzando el control sobre captaciones y sondeos sin autorización.
La CHG prevé dar continuidad a este plan específico durante la campaña de riego de 2026, de forma complementaria a las inspecciones rutinarias del Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico y a otros planes en vigor en el norte de la provincia.
Tecnología al servicio del control del agua
El comunicado de prensa resalta que una de las claves del refuerzo inspector es el uso sistemático del procesado de ortofotos históricas, una herramienta fundamental para detectar movimientos de tierras sospechosos, balsas ocultas o la implantación de infraestructuras de riego no declaradas.
Este trabajo se complementa con planes específicos de vigilancia en ríos como el Guardal, Monachil y Guadalbullón, así como en las Lagunas del Sur de Córdoba, donde se han realizado centenares de inspecciones destinadas a proteger ecosistemas especialmente frágiles.
Ejecuciones forzosas y reposición del dominio público hidráulico
Como complemento imprescindible a la labor inspectora, la CHG refuerza la ejecución efectiva de las resoluciones administrativas a través del Servicio de Ejecuciones Forzosas, encargado de garantizar el cumplimiento de sanciones y de las obligaciones de reposición del dominio público hidráulico.
En 2025, este servicio gestionó un volumen significativo de procedimientos derivados de expedientes sancionadores y revocaciones de autorizaciones. En concreto, se tramitaron:
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125 apercibimientos de multa coercitiva
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94 resoluciones de multas coercitivas
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232 apercibimientos
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29 resoluciones de ejecución subsidiaria
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34 expedientes de reposición o indemnización por daños
Estos datos reflejan, según la nota de prensa, la magnitud del problema del uso ilegal del agua y la necesidad de asegurar que las resoluciones administrativas se traduzcan en actuaciones reales sobre el terreno.
Un problema estructural en un contexto de sequía
El despliegue inspector desarrollado durante 2025 y su continuidad prevista en 2026 ponen de manifiesto, según el comunicado, la dimensión estructural del uso irregular del agua en la cuenca del Guadalquivir. En un escenario marcado por una sequía estructural cada vez más acusada, la CHG considera imprescindible mantener una vigilancia constante, proteger los acuíferos y garantizar tanto la sostenibilidad del recurso como la seguridad pública.
En este contexto, la Confederación insiste en la necesidad de avanzar hacia planes de inspección basados en datos, que permitan priorizar actuaciones, optimizar recursos y maximizar la eficacia del control, reforzando así la protección del dominio público hidráulico en uno de los territorios con mayor presión hídrica del país.
