
La última campaña de vendimia en la provincia de Burgos ha concluido con un balance positivo en materia de control laboral y de seguridad. Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Burgos, la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, desarrollaron un amplio dispositivo de inspección en las comarcas vitivinícolas de Arlanza y Ribera del Duero. El resultado: un total de once infracciones administrativas detectadas entre ambos cuerpos policiales y ningún indicio de explotación laboral ni de trata de personas.
El subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, subrayó el compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en avanzar hacia una vendimia más justa, segura y responsable, en coherencia con la calidad de los vinos producidos en la provincia. “La importante aportación de la Policía Nacional y la Guardia Civil permite garantizar que el proceso de recolección se realice con pleno respeto a la legalidad y a los derechos de los trabajadores”, afirmó.
Un dispositivo integral para prevenir la explotación laboral
Las actuaciones se enmarcaron dentro del Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Organismo Autónomo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, centrado en el seguimiento y control del desarrollo de la vendimia y la lucha contra la trata de personas con fines de explotación laboral.
El objetivo principal de los controles fue prevenir y detectar delitos e infracciones administrativas relacionadas con la contratación irregular, especialmente de trabajadores extranjeros, y evitar la imposición de condiciones laborales degradantes. Durante el desarrollo de la campaña, se realizaron inspecciones coordinadas en fincas agrícolas y explotaciones vitivinícolas, con la participación activa de unidades especializadas de ambos cuerpos.
Balance de la Policía Nacional: 19 fincas inspeccionadas y 157 trabajadores controlados
El operativo de la Policía Nacional estuvo integrado por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, todos ellos adscritos a la Comisaría Provincial de Burgos.
Durante la campaña, se inspeccionaron 19 fincas agrícolas pertenecientes a ocho explotaciones vinícolas, verificando la identidad y las condiciones laborales de 157 trabajadores. De ellos, tres se encontraban en situación administrativa irregular, careciendo de permiso de residencia y trabajo.
Por este motivo, los tres trabajadores fueron detenidos por infracción a la Ley Orgánica 4/2000 (LOEX) sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, incoándose los correspondientes expedientes administrativos.
La Policía Nacional destacó que no se detectaron indicios de explotación laboral ni de trata, y que las inspecciones se desarrollaron con total normalidad, gracias a la colaboración de empresas y trabajadores.
El uso de medios aéreos permitió mejorar el seguimiento de las zonas de trabajo, facilitando la identificación de puntos de concentración de temporeros y optimizando la planificación de los dispositivos en tiempo real.
Balance de la Guardia Civil: 218 personas identificadas y ocho infracciones administrativas
Por su parte, la Guardia Civil de Burgos desplegó un dispositivo compuesto por efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, Servicio de Información y la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), con un enfoque integral que permitió abordar la campaña desde distintos ángulos: seguridad, información y control laboral.
Durante las jornadas de inspección, se realizaron visitas simultáneas a 16 fincas correspondientes a 16 explotaciones agrícolas y vitivinícolas, situadas principalmente en las zonas de mayor actividad vendimiadora.
Como resultado, se identificaron 218 personas entre trabajadores, encargados y responsables de los viñedos. En ningún caso se hallaron indicios de trata de seres humanos ni de explotación laboral.
Sin embargo, se detectaron ocho infracciones administrativas:
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Tres trabajadores no estaban dados de alta en la Seguridad Social.
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Cuatro carecían de contrato formalizado.
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Una infracción adicional se relacionó con deficiencias en seguridad laboral.
Todas estas irregularidades fueron comunicadas a la autoridad competente para su tramitación. La Guardia Civil destacó la buena disposición y colaboración de los empleadores y trabajadores, y la ausencia total de incidentes durante las actuaciones.
Cooperación institucional y balance global
El balance conjunto refleja la eficacia del trabajo coordinado entre los distintos organismos implicados: Policía Nacional, Guardia Civil e Inspección de Trabajo. Este esfuerzo común busca garantizar la protección de los trabajadores temporales en una campaña donde convergen miles de personas en periodos muy concentrados de tiempo.
Ambos cuerpos coincidieron en que la cooperación y transparencia de las empresas agrícolas y bodegas inspeccionadas fue determinante para el éxito de la campaña. La actitud colaboradora, sumada al refuerzo de los dispositivos preventivos, permitió reducir los riesgos de contratación irregular y condiciones laborales inadecuadas.
De la Fuente destacó además la concienciación creciente del sector vitivinícola sobre la importancia de mantener un entorno laboral digno y legal. “El vino de Burgos es sinónimo de excelencia, y eso debe reflejarse también en las condiciones de quienes hacen posible la vendimia”, afirmó el subdelegado.
Compromiso con la seguridad y la dignidad laboral
El dispositivo desarrollado en la vendimia 2025 se enmarca en una estrategia nacional para la protección de trabajadores temporales, impulsada por el Gobierno de España para reforzar la inspección en sectores agrícolas estacionales.
En este contexto, la actuación de las Fuerzas de Seguridad no solo cumple una función represiva frente a posibles irregularidades, sino también preventiva y pedagógica, contribuyendo a mejorar las prácticas laborales del sector.
La coordinación entre las diferentes administraciones ha permitido que la provincia de Burgos afronte la campaña con un nivel elevado de control y seguridad, consolidando un modelo de vendimia que busca equilibrar la competitividad económica con el respeto a los derechos laborales y humanos.
Hacia una vendimia 2026 aún más justa y responsable
El Gobierno de España, a través de sus delegaciones territoriales, continuará reforzando los mecanismos de control y fomentando la concienciación de empleadores y trabajadores. El objetivo es consolidar un modelo productivo más sostenible y ético, donde la calidad de los vinos se asocie también a la calidad del empleo que los hace posibles.
En palabras del subdelegado, “el reto es seguir avanzando hacia una vendimia sin sombras, donde cada trabajador sepa que sus derechos están protegidos y cada empresario entienda que el cumplimiento de la ley es también una garantía de reputación y excelencia”.
La experiencia de 2025 demuestra que la colaboración interinstitucional y la responsabilidad compartida son herramientas fundamentales para consolidar una vendimia burgalesa segura, justa y ejemplar.










