La Plataforma Stop macro-plantas y macro-granjas de Castilla y León, que representa a cientos de ciudadanos preocupados por los efectos de estas industrias en el medioambiente y la calidad de vida, ha expresado su descontento tras el rechazo del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a mantener una reunión directa con sus representantes. En lugar de ello, el consejero ha delegado la responsabilidad en el Director General de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pablo Blázquez, un movimiento que ha aumentado el malestar de los afectados.
Una preocupación creciente en el corazón de Castilla y León
La expansión descontrolada de macro-plantas energéticas y macro-granjas ha generado una ola de preocupación en varias comarcas de la región. Estas instalaciones, en muchos casos promovidas por empresas con un capital social mínimo de apenas 3.000 euros, carecen de regulaciones claras y no asumen responsabilidad suficiente ante posibles daños ambientales o riesgos para la salud pública.
Según la plataforma, estas industrias están proliferando sin una legislación autonómica adecuada que regule su impacto. “El equilibrio ecológico y la sostenibilidad económica de la región están en juego”, declara uno de los portavoces.
Un diálogo negado
Esta no es la primera vez que un alto cargo regional rehúsa un encuentro directo con los ciudadanos. Anteriormente, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, delegó también estas conversaciones en el Delegado Territorial de Burgos, Roberto Saiz. La frase del presidente, “Hay que escuchar a la gente del pueblo, a la España real”, ha sido calificada de irónica por los miembros de la plataforma, quienes consideran que no se están tomando medidas efectivas.
Por su parte, Suárez-Quiñones argumentó que “los proyectos no están bien explicados”, lo que también ha generado críticas. “Si el problema es la comunicación, él debería ser el primero en aclararlo directamente”, señaló un portavoz de la plataforma.
Exigencias de la plataforma
La reunión con el Director General, programada para el martes 14 de diciembre a las 12:00 h en Valladolid, se aceptará como deferencia hacia este cargo, pero la plataforma sigue insistiendo en la necesidad de un diálogo directo con el presidente de la Junta y el consejero de Fomento y Medio Ambiente.
Entre las principales demandas de la plataforma se encuentran:
-
La implementación de una legislación clara y específica que regule estas instalaciones.
-
La elaboración de un plan de ordenación territorial que limite la ubicación de macro-plantas y macro-granjas en zonas sensibles.
-
Garantías de responsabilidad empresarial para las empresas promotoras, especialmente en caso de daños ambientales.
-
La realización de estudios de impacto ambiental exhaustivos antes de la aprobación de nuevos proyectos.
Apoyos políticos y sociales
La plataforma ha buscado respaldo entre los grupos parlamentarios de las Cortes Regionales. Hasta la fecha, han recibido respuestas positivas de portavoces del PSOE, Soria YA, Podemos, Vox e Izquierda Unida, coordinada por el Sr. Gascón. Se están organizando reuniones con cada uno de estos grupos para presentar sus propuestas y buscar apoyo legislativo.
Un problema estructural
La situación actual refleja una falta de planificación por parte de la Junta de Castilla y León. La plataforma denuncia que las actuaciones se están realizando “pérdidamente”, comenzando por la ejecución de proyectos sin haber definido previamente una legislación adecuada ni un plan territorial.
El impacto en los ciudadanos
Los vecinos de las zonas afectadas destacan que estas industrias, además de generar un impacto visual negativo, pueden provocar:
-
Contaminación de aguas subterráneas.
-
Emisiones de gases contaminantes.
-
Malos olores que afectan la calidad de vida.
-
Daños irreversibles en la biodiversidad local.
El futuro de la lucha ciudadana
La plataforma Stop macro-plantas y macro-granjas subraya que su lucha no es contra el progreso, sino a favor de un desarrollo sostenible que respete el entorno y la salud de las comunidades rurales. “No buscamos frenar el desarrollo económico, sino garantizar que se realice de manera equilibrada y justa”, explican.
Con más reuniones programadas y el apoyo creciente de la opinión pública, los ciudadanos esperan que sus demandas lleguen finalmente a oídos de los principales responsables políticos.
