El sábado 27 de septiembre, más de 50 plataformas y asociaciones ciudadanas de toda España, entre ellas la Asociación Valenciana de Afectados por las Macroplantas de Biogás (AVAPAM), se manifestaron en Madrid para reclamar la paralización inmediata de los proyectos de macro-plantas de biogás y biometano. Estas iniciativas, que están proliferando en múltiples territorios, son vistas por los colectivos sociales y vecinales como una amenaza directa para los pueblos, la salud de las personas y los recursos naturales.
La concentración finalizó a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde se leyó un manifiesto que recogía las principales preocupaciones y reivindicaciones de la ciudadanía frente a lo que consideran un despliegue masivo, desordenado y especulativo de estas infraestructuras energéticas.
Un rechazo contundente a un modelo impuesto
El manifiesto, dirigido a la ministra Sara Aagesen Muñoz, alertó sobre el impacto de estas instalaciones en el medio rural y urbano. Los convocantes señalaron que no se trata de proyectos que busquen el bien común, sino de un modelo industrial que favorece a multinacionales energéticas y cárnicas, mientras que los pueblos se ven obligados a cargar con las consecuencias ambientales.
Según el texto, las macro-plantas de biogás y biometano no representan el futuro, sino la destrucción del territorio, ya que se declaran como proyectos de “interés público” para agilizar trámites, esquivar controles y priorizar beneficios privados.
Riesgos para la salud y el medio ambiente
Uno de los puntos más destacados del manifiesto fue la advertencia sobre los riesgos que estos proyectos suponen para el agua potable, el suelo y la atmósfera. Los colectivos denunciaron que, lejos de resolver el problema de los nitratos, estas plantas generan nuevos contaminantes y convierten los residuos peligrosos —como purines de la ganadería intensiva, lodos de depuradora, subproductos de mataderos e incluso residuos industriales— en digestatos que se devuelven a los campos y aguas, agravando aún más la situación ambiental.
Además, recordaron que la gran cantidad de residuos que necesitan estas industrias fomenta un “efecto llamada perverso” sobre actividades altamente contaminantes como las macrogranjas, incentivando su expansión en lugar de buscar una reducción progresiva.
Alternativas desde la ciudadanía
Lejos de rechazar las energías renovables, los colectivos manifestantes defendieron la necesidad de impulsar modelos energéticos descentralizados, comunitarios y sostenibles, junto con políticas que apuesten por la ganadería extensiva, la agricultura sostenible y la reducción de residuos en origen. Subrayaron que la verdadera transición ecológica debe estar ligada al desarrollo rural vivo y con futuro, y no a convertir los pueblos en lo que denominaron “el vertedero energético de Europa”.
En este sentido, reivindicaron que las decisiones deben tomarse con participación ciudadana y asesoramiento científico, respetando los artículos 43 y 45 de la Constitución, que reconocen el derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado y a la participación en asuntos públicos.
Exigen justicia ambiental y social
Durante la lectura del manifiesto, los representantes de las plataformas lanzaron un mensaje rotundo:
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“Queremos justicia ambiental y social”
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“Queremos que se nos escuche”
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“Queremos vida, no especulación”
La demanda principal fue clara: paralizar de forma inmediata el despliegue salvaje de las macro-plantas de biogás y biometano en España, hasta contar con una planificación adecuada, transparente y consensuada con la ciudadanía.
Una movilización en crecimiento
La protesta del 27 de septiembre no fue un hecho aislado. Tal como recordaron los convocantes, hace un año ya se había celebrado una manifestación similar en Madrid, lo que refleja que la oposición a este modelo energético sigue creciendo y consolidándose. En esta ocasión, el movimiento llegó con más fuerza, unidad y determinación, demostrando que la resistencia social frente a estas infraestructuras se extiende por todo el territorio nacional.
Los organizadores concluyeron advirtiendo que España no puede ser tierra de sacrificio y que la ciudadanía tiene derecho a un futuro con agua potable, tierra fértil y aire limpio. En sus palabras, la verdadera transición ecológica no puede construirse a costa de la salud de las personas y de la destrucción del entorno.
